Paulo Paulino Guajajara y Laércio Souza Silva estaban volviendo a su aldea, en la tierra indígena Araribóia, en la zona amazónica del estado de Maranhão, después de una jornada de caza cuando fueron rodeados por cinco hombres armados, que les dispararon. Paulino murió tras recibir un disparo en la cara, mientras que Souza logró escapar después de ser herido de bala.

Paulino integraba una guardia del bosque, agrupaciones indígenas que se encargan de vigilar y denunciar las invasiones ilegales de la selva, que son frecuentes. Los guajajara viven en Araribóia, un territorio demarcado como indígena y frecuentemente invadido por madereros para la tala ilegal.

Paulino ya había sido amenazado de muerte y estaba haciendo los trámites para entrar en un programa estatal para recibir protección, contó a la edición brasileña de El País Sônia Guajajara, referente indígena y ex candidata a la vicepresidencia por el Partido Socialismo y Libertad. “Hay un genocidio institucionalizado. Hay licencia para matar, para armar a la gente, más aun cuando los crímenes quedan impunes y la máxima autoridad del país dice que ya no demarcará las tierras” indígenas, agregó. “Los invasores se sienten legitimados por el presidente”, remató.

En lo que va del año se produjeron 160 invasiones en tierras indígenas en todo Brasil, según datos del Congreso Indigenista Misionario, una organización vinculada a la iglesia católica que trabaja hace décadas en torno a este tema. Ese 160 implica un aumento, respecto del total de 2018, de 44%, que coincide con la llegada a la presidencia de Jair Bolsonaro.

El gobierno reaccionó rápidamente ante la noticia del asesinato, el viernes. El ministro de Justicia, Sérgio Moro, aseguró por medio de Twitter: “No escatimaremos esfuerzos para llevar a los responsables de este grave crimen ante la Justicia”. Como el homicidio fue en una tierra declarada indígena, la investigación corre por cuenta de la Policía nacional.

Durante el fin de semana, la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil emitió un comunicado en el que critica la “ausencia del poder público en la protección de los territorios indígenas”. En este sentido, el gobernador de Maranhão, el comunista Flávio Dino, decretará hoy la creación de un grupo de trabajo para proteger la vida indígena, informó O Globo. El equipo estará integrado por la Policía militar, la civil y los bomberos; su función principal será proteger la vida de los indígenas, pero también se ocupará de entrenarlos y ayudarlos a implementar medidas preventivas, y mediará entre las autoridades estatales y las distinta tribus.

El gobierno estatal también envió al lugar al secretario de Derechos Humanos, Chico Gonçalves, quien anunció que un grupo de policías militares se reunieron con líderes indígenas para desplegarse en el terreno con el objetivo de evitar nuevos ataques.