La organización internacional Human Rights Watch (HRW) entregó ayer al presidente chileno, Sebastián Piñera, un informe en el que denuncia el accionar “abusivo” de Carabineros durante las protestas y movilizaciones populares que se desataron en el país el 18 de octubre y que ayer prosiguieron con una masiva huelga general. En concreto, el organismo asegura que “factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios, los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones a los derechos de muchos chilenos”, en palabras de José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
El organismo entrevistó durante dos semanas de investigación en noviembre a más de 70 personas entre víctimas, carabineros y autoridades chilenas.
En el documento, HRW recomienda a Carabineros, por un lado, que suspenda “cualquier uso de perdigones hasta que autoridades idóneas e independientes realicen un estudio adecuado de todos sus riesgos” y, por el otro, exige al gobierno de Piñera que impulse “una reforma policial urgente”. Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en algunos casos con consecuencias irreversibles como la pérdida de visión.
El documento señala que desde el comienzo del estallido social, y hasta el 21 de noviembre, el INDH presentó ante la Fiscalía 442 denuncias por lesiones, tratos crueles, torturas, abusos sexuales, homicidios y tentativas de homicidios atribuibles a fuerzas de seguridad. De ese total, 341 refieren a torturas y tratos inhumanos, y 74 a denuncias de abusos sexuales. “Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente por Carabineros. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, afirma el organismo en el informe. Esta práctica policial es más frecuente cuando las detenidas son niñas y mujeres, destaca. La entidad internacional exigió que todas las denuncias sean “pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”.
HRW también hace referencia a las muertes que se produjeron en las últimas semanas: mientras que el gobierno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el comienzo de las protestas, el organismo asegura que la Fiscalía investiga actualmente 26 casos. Entre esos casos se encuentran el de un manifestante que murió después de recibir una golpiza de Carabineros en la calle, tres personas que supuestamente recibieron disparos con armas de fuego de militares durante el estado de excepción y una persona que fue atropellada por un vehículo de Infantería de la Marina. Se menciona también el caso de “un manifestante con una afección cardíaca que murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo”.
La primera reacción del gobierno llegó en las primeras horas de la tarde de ayer, cuando la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, Lorena Recabarren, dijo que el documento fue recibido “con dolor, pues da cuenta de graves vulneraciones a los derechos de las personas”. La funcionaria anunció que “frente a estos antecedentes”, el gobierno “comprometió todos sus esfuerzos para que sean investigados en forma transparente” por la Fiscalía y “juzgados por los tribunales de Justicia”. Al mismo tiempo, aseguró que se han instruido más de 600 sumarios administrativos a la Fiscalía que, según dijo, se suman a otras 2.000 investigaciones penales que ya están en curso.
Ayer la jornada de paro general culminó sobre las 21.00 con un masivo cacerolazo. Además se conoció la noticia de que un joven de 21 años llamado Gustavo Gatica, que fue herido en la cara por perdigones lanzados por Carabineros mientras se encontraba fotografiando una manifestación en la plaza Italia de Santiago, hace 18 días, perdió la visión de ambos ojos en forma definitiva. Ante esto, el dirigente comunista Daniel Jadue expresó en su cuenta de Twitter: “El caso de Gustavo Gatica es la expresión máxima de la brutalidad policial. Rechazo con dolor este crimen y exijo que el presidente Piñera asuma su responsabilidad al autorizar el uso de la fuerza contra el pueblo de Chile”.