Sobre las últimas horas del jueves, representantes del gobierno y de los partidos de la ex Concertación –conformada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical y el Partido Demócrata Cristiano– negociaban en el Congreso chileno las condiciones para la instauración de una nueva Constitución que reemplace a la que rige en el país desde 1980, cuando una nueva carta magna fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La intención de adoptar una nueva Constitución como respuesta al estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre tenía matices entre las agrupaciones. Según explicó a la radio Cooperativa el diputado socialista Marcelo Díaz, el punto que impedía el acuerdo era que el oficialismo pretendía que en las normas en las que no se logre el cuórum de dos tercios en la Asamblea Constituyente, se mantengan de acuerdo a la Constitución de 1980. No participaron en las negociaciones el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social, que argumentaron que el oficialismo no tenía la real intención de modificar la Constitución pinochetista.
La de este jueves fue una nueva jornada de movilizaciones en las calles, al conmemorarse el primer aniversario de la muerte del dirigente mapuche Camilo Catrillanca, asesinado de un tiro por un agente de Carabineros en la localidad de Temucuicui, en La Araucanía.
En Santiago el epicentro de las protestas fue la plaza Italia, donde nuevamente se registraron choques entre manifestantes y la policía, que terminó dispersando a la enorme multitud que se había congregado. Además, medios chilenos reportaron incidentes de distinta gravedad en otras ciudades, como Concepción, Valparaíso, La Serena, Temuco, Viña del Mar y Puerto Montt. En Concepción, manifestantes derribaron la estatua del conquistador español Pedro de Valdivia, y una situación similar se dio en Temuco, donde tiraron abajo el monumento al militar chileno Arturo Prat.