Por varios carriles paralelos se siguen desarrollando los acontecimientos que están enmarcando la crisis social que vive Chile desde hace más de un mes.

Este jueves el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se reunió en La Moneda con representantes de la Mesa de Unidad Social, entidad integrada por numerosos gremios que ha convocado a varias huelgas generales.

A pesar de las críticas que despertó por parte de algunos integrantes de sectores de izquierda, que entienden que no es pertinente dialogar con el gobierno de Sebastián Piñera por la ferocidad con que se viene reprimiendo a la población durante las movilizaciones, los integrantes de la Mesa entendieron que había que aceptar la convocatoria al diálogo, al menos para plantear formalmente al Ejecutivo las demandas del bloque.

Durante el encuentro los dirigentes presentaron su petitorio, que incluye mejores pensiones, aumentar el sueldo mínimo y mejoras en salud y derechos humanos, según informó la radio Cooperativa.

Tras la reunión, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien fue con un parche en un ojo en manera de protesta, recalcó que “son ellos los que tienen que dar respuesta ahora a los planteamientos que se han hecho; nosotros valoramos que se haya hecho este primer diálogo, pero en esos términos”.

Otra de las participantes del encuentro, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó: “Nosotros hoy día vinimos a escuchar una respuesta sobre la agenda social. En la medida en que el Ejecutivo tenga celeridad para responder a la agenda social, nosotros obviamente tendremos que evaluar cuáles son las acciones que vamos a desarrollar. Nosotros no nos hemos movilizado por capricho, nos hemos movilizado porque no tenemos respuesta a las demandas sociales”.

Por su parte, el ministro Blumel sostuvo: “Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social, creemos que es importante que las fuerzas sociales, en conjunto con las fuerzas políticas, puedan sumarse a este proceso”.

Entre otras solicitudes, los representantes de la Mesa de Unidad Social plantearon detener la tramitación del proyecto de salario mínimo, que fue calificado de insuficiente, y del proyecto que autoriza el despliegue de personal de las Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructuras críticas.

Además, en Chile el tema de los abusos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad sigue ocupando un lugar central en la agenda. Ayer Ana María Campillai, hermana de Fabiola Campillai, la mujer que fue impactada en la cara por una bomba lacrimógena el martes de noche en la localidad de San Bernardo, en la región metropolitana de Santiago, cuando se dirigía a su trabajo, anunció que recurrirán a todas las instancias judiciales, “hasta las últimas consecuencias”, ya que “le cagaron su vida”.

Fabiola Campillai, de 36 años y madre de un niño de ocho, está internada en el Instituto de Seguridad del Trabajo y como consecuencia de las heridas recibidas quedó ciega. “Carabineros ni siquiera nos ha venido a dar disculpas. Ahora vamos a la fiscalía a poner la demanda. Le cagaron su vida, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó su hermana. Por este caso el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella judicial contra Carabineros.

Pero contrastando con esto, ayer el director de la Policía de Investigaciones (PDI) –otra de las entidades que componen las fuerzas de seguridad chilenas–, Héctor Espinosa, descartó que la institución que integra haya caído en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social que vive el país, y agregó que hasta el momento no hubo denuncias reales en contra de su institución.

En declaraciones recogidas por el canal 24 Horas, Espinosa aseguró que “he tenido el respaldo de todas las autoridades, porque hemos trabajado en el marco de la legalidad”, y aseveró que “ninguna de las querellas sobre la PDI ha sido veraz”.

Hablando acerca del caso de una joven que dijo haber sido agredida en un cuartel, Espinosa remarcó que “tenemos todas las filmaciones que lo descartan, es una farsa que quiso enlodar nuestro trabajo”.

El jerarca policial aumentó la apuesta al decir que la PDI no cometió abusos y luego afirmó que “cuando un policía es atacado y responde, tajantemente digo que no es violación a los derechos humanos. Eso es defender su integridad”.