Las protestas que comenzaron en Bolivia después de la reelección de Evo Morales en primera vuelta tras un escrutinio que generó polémica se transformaron en los últimos días. Al principio pedían transparencia en el conteo de votos y reclamaban contra un presunto fraude, pero ahora directamente piden la anulación de las elecciones y la salida del presidente del gobierno. Este sábado miles de personas le dieron plazo hasta el lunes para que presente su renuncia, después de asegurar que no reconocen el resultado de las elecciones y que tampoco aceptarán las conclusiones de la auditoría que está realizando la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la noche del domingo 20 el escrutinio avanzaba normalmente, pero en determinado momento, ya avanzado el conteo de votos, se trancó la transmisión cuando los resultados anunciaban una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor Carlos Mesa por un margen mínimo. Esa noche Mesa aseguró que habría un balotaje, mientras que el presidente se mostraba confiado en que ganaría en primera vuelta y aseguraba que las demoras se debían a que era necesario esperar el conteo de los votos de zonas rurales, que habitualmente lo respaldan. El escrutinio se retomó por momentos y finalmente le dio la razón al presidente, en un giro que llevó a que la oposición denunciara un presunto fraude y a que la misión de observadores de la OEA manifestara su sorpresa.

Desde ese entonces se sucedieron las marchas en contra y a favor de la cuestionada reelección de Morales, a causa de las cuales la semana pasada fallecieron dos personas. Después de eso, el presidente y Mesa llamaron a que las protestas sean pacíficas y el gobierno llegó a un acuerdo con la OEA para que hiciera una auditoría del proceso electoral, cuyo resultado sería vinculante. Sin embargo, Mesa no aceptó esa auditoría, a la que consideró “unilateral”, y dijo que no reconocerá sus conclusiones. Este sábado el órgano electoral de Bolivia oficializó el resultado que da a Morales una victoria en primera vuelta y advirtió que la legislación boliviana no prevé la posibilidad de anular las elecciones tal como llegó a pedir la oposición. Además, la presidenta de este órgano, María Eugenia Choque, informó que se mantuvo una primera reunión con la OEA en el marco de la auditoría.

La actuación de la OEA se vio empañada el sábado con el retiro sorpresivo del coordinador técnico de la misión, Arturo Espinosa, “para no comprometer su imparcialidad”. Antes de las elecciones, Espinosa había asegurado en las redes sociales que Morales se estaba “saltando” la Constitución al presentarse a las elecciones por un nuevo mandato.

Radicalizados

La semana pasada las marchas contra el gobierno se fueron radicalizando, sobre todo en zonas conocidas por ser bastiones de la oposición, como Santa Cruz. Grupos que se definen como cívicos y apartidarios convocan asambleas, comités y cabildos y promueven paros ciudadanos que mantienen convulsionadas a varias ciudades. Reclaman, desde el jueves, que se anule el resultado de estas elecciones y se convoquen nuevamente, sin descartar participar en ellas.

El partido de Mesa, Comunidad Ciudadana ha tomado distancia de estas movilizaciones que al principio convocó y cuya dirección ya ha perdido. “Ni Evo, ni Mesa”, coreaban los manifestantes durante el fin de semana, dejando claro que el candidato opositor ya no los representa.

En cambio, se ha alzado como líder de este movimiento cívico Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, una entidad local que reúne a más de 23 entidades de esa ciudad, algunas de las cuales reivindicaron en su momento la independencia de la provincia más próspera de Bolivia. “Evo Morales tiene 48 horas para dejar la silla presidencial y salir del Palacio de Gobierno. ¡Se lo prometo!”, gritó Camacho en la multitudinaria marcha del sábado. Además, convocó para hoy a nuevas movilizaciones, con el objetivo de hacer cumplir su promesa.

Reacción presidencial

“Hago un llamado a la oposición para que no nos enfrentemos entre bolivianos”, pidió ayer Morales, en una conferencia en la que también anunció que había convocado de urgencia a movimientos como la Central Obrera Boliviana para saber “qué están pensando”. A su vez, el mandatario se reunió con el vicepresidente, Álvaro García Linera, y algunos ministros para evaluar la situación. Después de estos encuentros, aseguró que los sectores sociales están preparados para defender el “proceso de cambio”, tal como denomina al ciclo que comenzó con su llegada a la presidencia en 2006.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reiteró en una entrevista con medios estatales que detrás de estas movilizaciones hay un intento de llevar adelante “una ruptura del orden establecido” y una “estrategia golpista”, y recordó que antes de las elecciones la oposición ya “había anunciado que no eran creíbles” sus resultados. Además, aseguró que para este lunes y los próximos días se están preparando “acciones violentas” que están “organizadas por los cívicos”.