El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada contra el presidente chileno, Sebastián Piñera, y quienes resulten responsables por permitir la violación de derechos humanos durante las últimas semanas tras el estallido social del 18 de octubre.
Según informó Radio Cooperativa, Óscar Castro, uno de los 16 abogados que presentaron el recurso contra el mandatario, detalló que también pueden existir otras autoridades responsables de los ataques perpetrados por Carabineros y militares contra civiles en el marco de las movilizaciones. “Lo que se busca es deslindar responsabilidades en los delitos de violación de los derechos humanos en las autoridades. Nosotros evaluamos que la última autoridad responsable es el presidente de la República”, afirmó Castro, quien agregó: “No obstante lo anterior, puede haber otras autoridades civiles y, naturalmente, autoridades militares que también pueden llegar a tener responsabilidad”.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó formalmente al gobierno chileno que se autorice la visita de observadores que verifiquen la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales ocurridas sucesivamente desde hace tres semanas. Según informó el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos, la visita respondería a las peticiones hechas por “diversas organizaciones, movimientos sociales, pueblos indígenas, representantes de partidos políticos, legisladoras y legisladores, intelectuales y artistas, además de la Defensoría de los Derechos de la Niñez”, según consignó la radio Universidad de Chile.
La actuación de Carabineros y otros integrantes de las fuerzas de seguridad del Estado ha sido severamente cuestionada y la Justicia está actuando en el tema. Ayer se supo que un fiscal regional de Santiago, Manuel Guerra, confirmó que 14 carabineros serán formalizados por el delito de tortura. Guerra sostuvo que el Ministerio Público actuará con el máximo rigor posible. Los efectivos habrían torturado a dos personas –una de ellas menor de edad– en las comunas santiaguinas de La Florida y Ñuñoa, en el contexto del estado de excepción decretado por el gobierno que encabeza Piñera.
Paralelamente este miércoles fue detenido el carabinero acusado de disparar con perdigones hacia adentro de un liceo, causando heridas a dos alumnas de 17 años, quienes se encontraban ocupando el centro de estudios.
Los episodios de violencia en las calles de Santiago y otras ciudades chilenas se repiten día a día, y este miércoles se produjo un ataque a la sede de la derechista Unión Demócrata Independiente, sector integrante de la coalición gobernante Chile Vamos.
Según informó El Mercurio, manifestantes irrumpieron en la sede partidaria situada en la comuna de Providencia, grafitearon paredes y causaron destrozos en el interior del local. Luego de estar unos minutos en la sede, personal policial llegó hasta el lugar y dispersó a los manifestantes.
La presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó tras el hecho que “esto claramente no es vandalismo, es violencia política”.