La ultraderecha en las instituciones

Fue en 1982 cuando el político español Blas Piñar, líder de la extrema derecha durante la transición, abandonó su banca de diputado y anunció la disolución del partido que había fundado, Fuerza Nueva. Desde ese año, y hasta hace relativamente poco, España podía presumir de no tener una formación política ultraderechista con representación parlamentaria. Sin embargo, el mapa político cambió a finales de 2018 con las elecciones de Andalucía, la región más poblada del país y, durante más de tres décadas, feudo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, centroizquierda).

En esos comicios el partido ultraderechista Vox pasó de ser una formación residual a entrar en el Parlamento andaluz con 12 escaños, y se convirtió así en la tercera fuerza política de esa región. El partido, que fue fundado en 2013, no surgió de la nada. Es en realidad una escisión del conservador Partido Popular y representa a la ultraderecha española de raíces franquistas.

El contexto polarizado que tiene como telón de fondo el conflicto político entre el Estado español y el independentismo catalán ha ayudado a que la formación de extrema derecha crezca, acaparando el voto de la derecha desencantada tanto con el Partido Popular (PP) como con Ciudadanos. Además de los incesantes ataques al independentismo, la postura de Vox contra la inmigración también ha sido clave en su auge. El hartazgo social con la corrupción y la precariedad laboral que sigue afectando a millones de españoles también han servido a este partido para sumar apoyos.

A partir de las elecciones andaluzas el partido ultra inició un ascenso meteórico de la mano de su líder, Santiago Abascal, ex integrante del PP. En los comicios generales del 10 de noviembre Vox obtuvo casi 3,7 millones de votos, 15% de los apoyos, que se tradujo en 52 escaños del total de 350 diputados que tiene el Congreso español. Además, el partido de extrema derecha también logró que tres de sus diputados entraran en el Parlamento europeo en mayo.

La fuerte irrupción de Vox en las administraciones ha sacudido el tablero político en España y su peso como tercera fuerza del país será contundente. Pero ¿qué propone realmente este partido?

Se trata de una formación que no sólo se niega a condenar el franquismo, sino que a Francisco Franco tampoco lo considera un dictador. Defiende valores propios de esa época, como la exaltación del patriotismo, la familia y la religión católica, y se ha convertido en una especie de partido refugio para militares franquistas.

Además de sus feroces ataques a Cataluña y al independentismo, pretende implantar el español como lengua vehicular obligatoria y que las cooficiales como el gallego, el euskera y el catalán sean optativas. De hecho, terminar con el Estado de las autonomías es otro de los objetivos de Vox, pese a que está dentro del Parlamento andaluz.

Otra de sus contradicciones es que a pesar de que está en contra de que los partidos políticos reciban subvenciones públicas por los resultados electorales, no han rechazado los ingresos de cerca de 1,4 millones al año que recibirán por los 52 diputados y casi 3,7 millones votos obtenidos el 10 noviembre.

A menudo se tilda a Vox de partido racista, homófobo y especialmente machista, y es que tan sólo basta con echar un vistazo a su programa para comprobarlo, pues propone medidas como derogar la ley de violencia de género, suprimir de la sanidad pública el aborto o las operaciones para el cambio de género, eliminar el acceso gratuito a la salud para inmigrantes en situación irregular, suspender el espacio Schengen o deportar a inmigrantes a sus países de origen.

Especialmente preocupante es su negación de la violencia machista, cuando en España más de mil mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas desde que en 2003 comenzó el recuento oficial de estas víctimas –52 feminicidios en lo que va del año–. Vox, además, ya ha comenzado a bloquear iniciativas que pretenden terminar con esta problemática vetando esta misma semana una declaración institucional contra la violencia de género y otra por los derechos de la infancia que contaban con el apoyo del resto de partidos.

Su negativa impide que esas declaraciones institucionales en las que se refleja un compromiso del Congreso puedan ser leídas en las sesiones plenarias, pues requieren del respaldo unánime de la cámara baja.

“Es muy preocupante que puedan desequilibrar el panorama político y que puedan echar atrás consensos a los que se ha llegado con mucho esfuerzo a lo largo de años entre partidos de derecha e izquierda”, dijo a la diaria Margarita León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Antes de dinamitar esos consensos, Vox ya había boicoteado un minuto de silencio que se realizó por una mujer que fue asesinada por su ex pareja mostrando una pancarta en la que aseguraban que “la violencia no tiene género”.

Los vetos de Vox, sin embargo, no terminan ahí, ya que también impidió a los periodistas del grupo Prisa acceder a su sede en la noche electoral del 10 de noviembre después de que el diario español El País –que pertenece a ese grupo– tildara de “xenófobos e intolerantes” los comentarios de Abascal.

El partido ultra también ha pedido vetar en Telemadrid, un canal público autonómico, a periodistas como Cristina Fallarás por un tuit que publicó en esas mismas elecciones y que consideran insultante. “Así os cierren las puertas de colegios, de ambulatorios, de tratamientos públicos en hospitales. Así os comáis vuestra basura, y la seguridad pública no os atienda (esto lo dudo). Así no conozcáis la paz”, escribió entonces la periodista feminista en Twitter.

“Romper la baraja”

Pese a que es posible que las propuestas de Vox no se lleven a cabo, el hecho de haber entrado en el Congreso con 52 diputados les otorga una alta capacidad de veto, por lo que “pueden boicotear otras medidas y romper la baraja con mucha facilidad”, advirtió León. “Habrá que ver qué capacidad de resistencia institucional hay cuando llegan al poder este tipo de partidos”, añadió la politóloga.

León recuerda que el programa electoral de Vox comparte similitudes con otros partidos europeos de extrema derecha y, si bien existen variantes nacionales que se expresan de manera diferente en cada país, la retórica nostálgica de una patria hegemónica es común a todos, así como la criminalización de todo lo extranjero, los discursos racistas antimigratorios y su postura contra la violencia de género.

Estos partidos rompen consensos a los que se había llegado de forma bastante transversal en Europa desde hace una década, porque es ahí “donde creen que hay un espacio”, indicó León a la diaria.

Si bien España ha sido el último país europeo en sumar un partido de extrema derecha con representatividad parlamentaria, cabe recordar que esta corriente también ha crecido notablemente en Alemania, Austria, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia.

La propia canciller alemana, Angela Merkel, advirtió el miércoles en el Parlamento de su país de los peligros que implica el discurso de la extrema derecha. “Expresar una opinión no es algo gratuito. La libertad de expresión tiene sus límites. Esos límites comienzan cuando se propaga el odio. Empiezan cuando la dignidad de otra persona es violada”, dijo la mandataria de forma contundente ante el Bundestag, donde el partido ultraderechista Alternativa por Alemania es la tercera fuerza con 94 diputados.