Manifestaciones se extendieron ayer por varias ciudades de Colombia

Trabajadores y estudiantes impulsaron ayer una jornada de paro y protestas en las principales ciudades de Colombia, en las que se detuvo el transporte público, cerraron comercios y una multitud marchó por las calles invitando a otros a sumarse. “Amigo mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted trabajador”, cantaban los manifestantes a la gente que se paraba a verlos pasar. Algunos se unían a la protesta, que aumentaban su caudal a medida que avanzaba.

También observaban a los manifestantes los policías y militares desplegados para vigilarlos. Al mismo tiempo, un helicóptero policial utilizaba por primera vez un sistema de reconocimiento facial en una protesta en Bogotá. El gobierno de Iván Duque argumentó que el patrullaje militar, que en la capital comenzó días antes, tenía como objetivo prevenir acciones violentas.

“Señor Duque, este no es un escenario de guerra, no es un escenario de conflicto armado; este es un escenario de inconformidad social”, dijo el miércoles el militante por los derechos humanos Andrés Valencia al presidente colombiano. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, negó que se hubiera llevado adelante una “militarización” de la capital, como denunció Valencia, pero la presencia de policías y militares se sintió en Bogotá y en varias otras ciudades. Durante los dos días previos a la protesta, militantes por los derechos humanos denunciaron más de 30 allanamientos en sedes de organizaciones sociales y culturales, y viviendas de activistas.

En ese clima, Colombia llegó a las protestas de ayer, en las que participaron más de 200.000 personas (según números del gobierno), y que fueron pacíficas, aunque al finalizar hubo disturbios en algunas ciudades. En Bogotá, cuando ya terminaba la marcha, un grupo de personas encapuchadas intentaron entrar a la sede del Parlamento y la de la Alcaldía, colocaron contenedores en las calles para impedir el paso y atacaron locales de comercios, pese a que algunos manifestantes intentaron frenarlos. Rápidamente actuó el Escuadrón Móvil Antidisturbios para reprimirlos.

En Cali también hubo violencia al final de la manifestación, con saqueos de comercios. En esa ciudad la alcaldía decretó un toque de queda y se autorizó a que hoy se suspendan las clases las escuelas. También se dispuso un toque de queda en ciudades cercanas a Cali.

Santiago, La Paz, Bogotá

Integrantes del Ejecutivo colombiano y del partido gobernante, el uribista Centro Democrático, habían afirmado que las protestas de ayer eran un intento de desestabilizar al gobierno y que se enmarcaban en el clima de malestar y movilización en la región, en particular en Chile y Bolivia. “Hay sectores de oposición que indiscutiblemente quieren desestabilizar al país y al gobierno”, dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y afirmó que hay “gente muy preocupada por el espejo de lo que ha pasado en otros países”.

Sin embargo, el paro y las movilizaciones en Colombia fueron convocados contra las medidas económicas que tiene a consideración Duque, que a 15 meses de asumir cuenta con una aprobación de apenas 26% y una desaprobación de 69%.

El Ejecutivo insiste en que algunas de las políticas cuestionadas no están en sus planes, no es inminente su aprobación o directamente son falsedades. Pero los convocantes argumentan que las propuestas existen, aunque no siempre surjan del gobierno, sino de sectores empresariales, por ejemplo, y que este el momento de discutirlas, antes de que ya estén en marcha.

“Ellos pretenden que nosotros esperemos a que aprueben la ley para después poder protestar. Tanto los gremios económicos como el gobierno habían venido hablando de esas reformas”, dijo al diario chileno La Tercera el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Diógenes Orjuela. La suya es una de las centrales sindicales que convocaron a protestar ayer. Lo mismo hicieron la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia y decenas de otras organizaciones sociales y sindicatos.

Lista de motivos

Los convocantes a la protesta rechazan lo que definen como un paquete económico que perjudica a los trabajadores y estudiantes colombianos. Entre esas medidas, se incluyen la de habilitar la contratación de trabajadores por hora, lo que dificultaría su acceso a la jubilación; cambios específicos en el sistema jubilatorio; y una reforma tributaria que beneficiaría a empresas –incluidas las multinacionales– y aumentaría la carga impositiva en las clases medias y bajas, según los convocantes.

También protestaron contra la posibilidad de privatizar todas aquellas empresas en las que el Estado sea propietario de 50% de las acciones. En particular, se ha considerado la posibilidad de hacerlo con la empresa Ecopetrol, su filial para el transporte de hidrocarburos, Cenit, y la compañía eléctrica ISA. De acuerdo con la agencia de noticias Efe, el Estado colombiano tiene participación directa en 105 empresas y participación mayoritaria en 39 de ellas.

Una de las iniciativas a las que se oponen los trabajadores y estudiantes colombianos surgió de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y consiste en establecer salarios diferenciales por regiones o sectores, que dependerían de la productividad y la competitividad de esos ámbitos, informó la revista colombiana Semana. De acuerdo con este medio, el Banco de la República respaldó la propuesta de fijar así los salarios mínimos. Además, Fenalco propuso la eliminación del pago por horas nocturnas y por trabajar los domingos. A su vez, las organizaciones sociales que participaron en la jornada de ayer reclaman un aumento del salario mínimo, que equivale a unos 240 dólares.

Trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales repudiaron además la corrupción, que según estimaciones oficiales deja pérdidas equivalentes a unos 14.500 millones de dólares al año, y le reclaman al Estado que cumpla acuerdos con diferentes sectores sociales. Esto incluye el compromiso de hacer una inversión de unos 1.309 millones de dólares en las universidades públicas.

Reclaman que se cumplan también los acuerdos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuya implementación contempla medidas económicas, por ejemplo, de acceso a la tierra. A diferencia del gobierno anterior, de Juan Manuel Santos, que negoció y firmó la paz con la guerrilla, el de Duque responde al uribismo, que encabezó la oposición a esos acuerdos.

A estas demandas que plantearon los manifestantes, se agrega la de adoptar medidas para proteger a dirigentes sociales y líderes indígenas, dos grupos que han sufrido un número creciente de asesinatos, atentados y amenazas en los últimos años.

Marchas y garantías

Las manifestaciones de ayer, en las que se exigió una reglamentación de la protesta social para evitar su criminalización y garantizar el derecho a manifestarse, tuvieron como antesala una serie de denuncias públicas de persecución a los movimientos sociales que las convocaron.

De acuerdo con Semana, la Policía allanó el martes la vivienda de varios dirigentes que llamaban a participar en las movilizaciones en Bogotá, Medellín y Cali. A su vez, la Fundación para la Libertad de Prensa informó que la Policía allanó el medio digital Cartel Urbano y le reclamó a otro medio, Cerosetenta, que retirara de su página un manual de autoprotección contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios, la fuerza que reprime manifestaciones.

Defendamos la Paz, un movimiento a favor del fin del conflicto armado y del acuerdo de paz, pidió al gobierno que explicara estos “allanamientos preventivos” (33 en total), que “desconocen garantías esenciales para que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a manifestarse públicamente en forma pacífica”. Según un comunicado publicado por el diario colombiano El Espectador, el movimiento cuestionó también las declaraciones de integrantes del gobierno y voceros del oficialismo que pusieron en duda la legitimidad de los motivos de la protesta y de sus convocantes.