La crisis social que estalló en Chile hace tres semanas parece estar lejos de encauzarse, mientras se suman declaraciones políticas, demandas y críticas hacia la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco de las masivas manifestaciones que se realizaron en la mayor parte del país.

En este contexto, este martes se difundió una entrevista realizada por la BBC al presidente de ese país, Sebastián Piñera, en el que fue el primer intercambio directo con un medio de prensa desde que comenzó la crisis, el 18 de octubre, ya que hasta el momento el mandatario se había limitado a realizar anuncios, sin contestar preguntas.

En su diálogo con los corresponsales del medio británico, el gobernante derechista aseguró que no renunciará a su cargo, al tiempo que restó importancia a las acusaciones que se le están realizando por los elevados niveles de represión registrados durante las protestas, que hasta ahora les costaron la vida a 19 personas y generaron heridas de diversa entidad a más de 1.300.

“Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno”, respondió Piñera a los periodistas que le preguntaron al respecto. “Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos y tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos”, agregó el presidente, quien dijo también tener “parte” de responsabilidad en la crisis, pero agregó que no es “el único”. Por otra parte, el mandatario expresó: “Si alguien quiere hacer una acusación constitucional está en su derecho, pero yo estoy absolutamente seguro de que ninguna de ese tipo de acusaciones va a prosperar, porque la solución en democracia es respetar las reglas de la democracia, y no atentar contra la democracia pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría”.

Como en los días anteriores, este martes fue un día de movilizaciones en todo el país. En Santiago tuvieron como epicentro la plaza Baquedano, situada en la comuna de Providencia. Nuevamente hubo escaramuzas entre manifestantes y Carabineros, situación que tampoco es nueva y que está en el centro de las polémicas, más allá de los movimientos políticos que están llevando adelante los sectores partidarios para paliar la profunda crisis desatada a raíz de la suba del precio del subte.

A propósito de la cuestión de los derechos humanos, este martes la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió una declaración solicitando la renuncia del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país, Sergio Micco, luego de que este afirmara que en Chile no existe una violación sistemática a los derechos humanos, según informó la radio Universidad de Chile. “Sergio Micco ha dañado la seriedad y credibilidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha ofendido a las víctimas y sus familias, se ha situado en la vereda opuesta al mandato legal que debe observar desde su condición de director de esa institución. Debe renunciar porque no cumplió con su deber, que es defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Debe renunciar por salirse de las normas y pretender limpiar la imagen del gobierno represivo”, dice el texto. Para la organización, la represión ejercida por Carabineros y el Ejército contra la ciudadanía “ha dejado un saldo de víctimas que da cuenta del uso irracionalmente violento de los efectivos policiales”. De esa forma, indicaron: “No son excesos, no son accidentes, no son improvisaciones, son lisa y llanamente el resultado de la acción de un Estado terrorista y criminal, que trató de reeditar las peores prácticas de la dictadura al decretar estado de excepción constitucional y toque de queda”.

Hablando del tema, este martes también trascendió que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Concepción con el fin de que la Justicia ordene el cese del uso de escopetas de todo tipo para disuadir manifestaciones, ante los más de 150 casos acreditados por el Colegio Médico de Chile de personas que sufrieron estallidos oculares y pérdida de visión.

Según informó Radio Cooperativa, el senador Navarro –perteneciente al partido izquierdista País Progresista– señaló que esta solicitud “busca paralizar lo que ya se ha convertido en una epidemia a nivel nacional, como ha señalado el Colegio Médico en la Comisión de Derechos Humanos. Hemos tomado la decisión de recurrir de amparo para que Carabineros cese de manera inmediata en el uso de esta escopeta disuasiva, que en el mundo entero es considerada un arma letal”.