Con nuevas movilizaciones sociales se inició ayer la tercera semana consecutiva de protestas contra el gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de la Salud Municipal anunciaron el inicio de un paro nacional que estuvo acompañado de manifestaciones callejeras, a la vez que otras entidades sociales también se movilizaron, tanto en la capital, Santiago, como en otras ciudades del país –Viña del Mar, Temuco y Concepción, entre otras–.
Por otra parte, en el ámbito legislativo, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se inició el debate de proyectos que buscan reformar la carta magna. Esto fue posible luego del acuerdo al que llegaron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados para comenzar un proceso constituyente, informó El Mercurio. Por otro lado, la comisión de Trabajo de la misma cámara comenzó el debate del proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas. En este ámbito se produjo el primer choque entre oficialismo y oposición porque la centroizquierda rechazó la indicación propuesta por el gobierno, que establecía la flexibilidad laboral en el marco de la discusión del proyecto de reducción de la jornada laboral. Los parlamentarios que votaron en contra argumentaron que esta indicación no permitía que las negociaciones se hicieran de manera colectiva por intermedio de los sindicatos.
Otra cuestión muy presente en estos días de levantamiento social en Chile ha sido el de los excesos en la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Con respecto a este tema, ayer el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y otros integrantes del cuerpo se reunieron con los miembros de la misión técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Nos pidieron información, se contó la experiencia y se les hizo saber cuáles habían sido los tipos de hechos que motivaron la acción jurisdiccional. Los jueces nos han hablado del número de detenciones, del control de la legalidad, de prisiones preventivas”, dijo Brito tras el encuentro.
Además, ayer el Instituto Cadem publicó su primer estudio de opinión desde el inicio del estallido social. La investigación muestra que la aprobación de Piñera es de 13%, exactamente 20 puntos menos que en la última medición realizada por esta entidad, que data de mediados de setiembre. El rechazo al mandatario derechista aumentó y actualmente es de 79%.