Desde la semana pasada las negociaciones para definir las reglas del proceso que derivará en la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la de 1980 están trabadas y sin avances. Las cuotas de género y para pueblos originarios en la convención sigue siendo la principal diferencia que traba un eventual acuerdo entre la oposición y el oficialismo, según informó la radio Cooperativa. Ante esto, la oposición lanzó un ultimátum al Ejecutivo que encabeza Sebastián Piñera: si no hay acuerdo entre los presidentes de partidos, lo buscarán en el Congreso con una modificación de la Ley Electoral.

“No queremos ser nosotros quienes cierren las puertas al diálogo. Hay una responsabilidad en el oficialismo de abrirse a esta posibilidad que, además, son propuestas de todo sentido común. Incorporar indígenas, incorporar independientes e incorporar mujeres hoy es el sentir mayoritario y respecto del cual debiésemos estar preocupados de revisar las fórmulas, más que de revisar los principios”, expresó la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel –integrante del centroderechista Evolución Política–, hizo un llamado a los presidentes de los partidos que firmaron el acuerdo por una nueva Constitución y ahora trabajan en la reforma que permitirá el proceso a que avancen con prontitud y entendiendo que “todos tenemos que ceder”. Según consignó El Mercurio, Blumel explicó que para que pueda materializarse el plebiscito en abril, la reforma constitucional tiene que ser aprobada a más tardar este mes en el Congreso, esto en medio de que los timoneles de las colectividades que suscribieron el acuerdo aún no han zanjado todos los aspectos de la nueva normativa que trabaja la comisión técnica.

Paralelamente, durante el fin de semana hubo un nuevo quiebre en la coalición centroizquierdista Frente Amplio. Uno de los sectores más izquierdistas del bloque, el Movimiento Democrático Popular (MDP), se retiró del bloque y acusó al resto de pactar “sin atender las demandas de las organizaciones sociales movilizadas”. Según expresó en un comunicado, el MDP rechaza “este acuerdo a espaldas de los movimientos y organizaciones sociales, ya representados en la Unidad Social, firmado entre cuatro paredes del Congreso, cuando la gran mayoría de este país tiene una gran desconfianza en el Parlamento y en su forma de hacer política”.