En una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno provincial, el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, anunció que no implementará la ley de explotación minera, que autorizaba para ese fin el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias químicas altamente tóxicas. “Voy a suspender la reglamentación de la ley”, anunció durante el mediodía de este jueves el gobernador Suárez, dándoles así la razón a los miles de manifestantes que se habían congregado el viernes en esa ciudad argentina para exigir que la norma no se ponga en marcha, ya que ello implicaría la contaminación de los cursos de agua en la provincia, que se caracteriza por no tener abundancia de recursos hídricos.

Durante las masivas protestas, las más grandes en la historia de esta provincia situada en el centro-oeste argentino, hubo choques entre manifestantes y la Policía, que para disuadir a la multitud utilizó gases lacrimógenos y balas de goma. En la conferencia de prensa el gobernador confirmó que no iba a reglamentar la Ley 9.209, que modificó la histórica ley de minería, la 7.722, que “protegía el agua de los mendocinos”, según afirmó Suárez.

Al argumentar su decisión Suárez afirmó: “El primer deber que tiene un gobernador es garantizar la paz social del pueblo. Todos sabemos que ante los acontecimientos a raíz de la Ley 9.209 ha habido hechos de violencia en la provincia, que hay cortes de ruta, que hay una queja de ciertos sectores, algunos muy violentos, en los que muchos funcionarios, como pasa con todos en mi casa, estamos padeciendo amenazas y hostigamientos, y queremos evitar que eso pase a mayores”. El jerarca sostuvo que “es mentira que porque haya explotación minera haya contaminación” y agregó: “Los mendocinos somos capaces de hacer las cosas bien”. De todas maneras, explicó que “la Ley 9.209 es una decisión legal, pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo mendocino, y no voy a hacer nada que no sea legitimado por el pueblo”.

Por otra parte, de acuerdo con lo que informó el diario mendocino El Sol, durante la conferencia de prensa el gobernador informó que convocará al diálogo a diversos sectores económicos, sociales, universitarios y religiosos para intentar llegar a un acuerdo multisectorial. Como última instancia, no descartó llamar a un plebiscito vinculante y obligatorio para que los ciudadanos mendocinos definan si quieren o no minería. “Queremos un debate serio, no violento. Si después de este proceso no se llega a un acuerdo, no se descarta convocar a una consulta popular vinculante. Sería la última instancia”, agregó Víctor Ibáñez, ministro del gobierno provincial. El funcionario explicó que si bien la Ley 9.209 no será reglamentada, quedará sancionada. Y si luego de las discusiones con otros sectores es necesario hacerle modificaciones, eso se hará mediante la aprobación de otra norma.