Este martes, fecha en la que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, los legisladores de la oposición brasileña se reunieron para intentar detener la tramitación del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que encabeza el presidente Jair Bolsonaro, que pretende terminar con las cuotas para trabajadores con diferentes discapacidades en empresas, según informó la revista Fórum.
De acuerdo con el proyecto de ley propuesto por el gobierno, las empresas podrán recibir dos salarios mínimos de parte del Estado a cambio de contratar funcionarios con discapacidad. El fondo será gerenciado por el gobierno y, supuestamente, será aplicado en un programa de rehabilitación física y profesional. Pero de acuerdo a la nueva legislación, el gobierno pretende cambiar el tema del pago: aquellas empresas que no cumplan con la cuota de trabajadores con discapacidad podrán pagar una compensación, cada trabajador valdrá por dos, y si una empresa tuviera más empleados con discapacidad de los que establece la cuota se podrá asociar con otra empresa, según reveló un informe sobre el tema publicado por Folha de São Paulo.
El proyecto permite la inclusión de aprendices entre los funcionarios con algún tipo de discapacidad y prevé que se cuente doble cuando una empresa contrate a una persona con una discapacidad grave, sin especificar cómo ni quién definirá esta condición.
La norma que pretende legislar el gobierno de Bolsonaro fue motivo de un comunicado de repudio emitido por la Asociación Nacional de Miembros del Ministerio Público en Defensa de los Derechos de las Personas Discapacitadas. Esta entidad afirma que el proyecto de ley enviado al Congreso viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del que Brasil es firmante, que obligaría al gobierno a consultar a las entidades de personas con algún tipo de discapacidad antes de tomar una medida como la que pretende adoptar, en caso de que sea aprobada en el Congreso.
Camino privatizador
Siguiendo la prédica del ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, quien desde siempre mostró su voluntad de privatizar la mayor cantidad de empresas públicas posible como manera de achicar el costo del Estado, el gobierno brasileño evalúa comenzar el proceso de privatización del Banco do Brasil, la principal entidad bancaria pública del país, algo que podría concretarse, según informó O Globo, en 2022, el último año del mandato de Bolsonaro.
El tema –tan delicado como la privatización de la empresa petrolera Petrobras– ya fue causa de discusiones en la interna del gobierno. De acuerdo con la información obtenida por la cadena carioca, la privatización del Banco do Brasil ya fue abordada hace dos semanas por el Programa de Sociedades de Inversiones, el brazo de las privatizaciones del gobierno federal.
El actual presidente de la entidad bancaria, Rubem Novaes, es uno de los principales defensores de la medida dentro del gobierno e incluso llegó a afirmar que la privatización del Banco do Brasil era un paso inevitable. Por su parte, Guedes ya envió al Congreso emisarios para que sondeen el clima en el Legislativo respecto de las privatizaciones en general, entre ellas la del Banco do Brasil.