Brasil no termina de llorar ni de contar sus muertos bajo el lodo contaminado de Brumadinho, la localidad donde la ruptura de la barrera de una mina sepultó en minutos casas, animales, personas y un escenario verde de los valles de Minas Gerais. La cantidad de víctimas, desaparecidos, heridos y desalojados ya dan cuenta de la peor catástrofe de la historia en cantidad de vidas perdidas, pues conforme pasan los días aumentan las chances de que los desaparecidos pasen a la lista de fallecidos.

La catástrofe de la mina Córrego de Feijão, que queda a 62 kilómetros de la capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, ocurrió el 25 de enero a la hora del almuerzo, cuando un dique minero de 86 metros de altura y con una capacidad de contención de 12 millones de metros cúbicos se rompió, derramando lodo con residuos de una mina de hierro (restos de minerales y derivados de amoníaco). Buena parte de los desaparecidos corresponde a empleados de la minera, que almorzaban en el comedor de la empresa, ubicado en un área de alto riesgo.

En total, hay 100 personas dadas por muertas y cerca de 300 aún desaparecidas. Además, el desastre, ocurrido sobre un área ganadera, mató a 18.000 vacunos, según el Consejo Regional de Medicina Veterinaria. Varios de los animales debieron ser sacrificados. Las pérdidas de animales silvestres y los daños ambientales todavía no han sido calculadas.

La ruptura de la presa de Brumadinho es la segunda tragedia de este tipo en poco más de tres años. La distancia respecto del episodio del dique de Fundão, en la ciudad de Mariana, que mató a 19 personas en noviembre de 2015, no es cercana sólo en el tiempo sino también en el espacio; la mina del que es considerado el peor crimen ambiental de la historia brasileña quedaba a apenas 150 kilómetros de distancia y también pertenecía a la minera brasileña Vale, una de las mayores del mundo, que tenía sociedad en ese dique con la empresa Samarco, de la multinacional angloaustraliana BHP Billiton.

“Es inadmisible que poco tiempo después del accidente de Mariana tengamos otro en la misma región, en el mismo local, con la misma empresa”, cuestionó Nilo D’Avila, director de Campañas de Greenpeace en Brasil. En Mariana, por lo menos 50 millones de metros cúbicos de lodo tóxico fueron vertidos en los ríos y en la tierra de los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo, que recorrieron 643 kilómetros hasta el Atlántico.

“El tamaño de la tragedia impresiona. A lo largo del arroyo, centenas de metros en los dos márgenes fueron devastados por el paso del flujo de barro y desechos”, describe el investigador Jefferson Picanço, que ha viajado a Brumadinho con un grupo de científicos del Instituto de Geociencias de la Universidad de Campinas para estudiar las causas y consecuencias de la catástrofe.

“Lamentablemente, todo indica que será el mayor desastre de ruptura de una presa en número de víctimas del que tenemos noticia. Todos están perplejos y de luto. No existe un ciudadano en Brumadinho que no haya perdido un familiar o amigo”, cuenta Picanço, impresionado por el ambiente de guerra que ha encontrado y el color del agua “rojo sangre”, resultado de la “fuerte presencia de hematita”.

Desafíos de un incrédulo en el cambio climático

Las semejanzas del desastre de 2015 y del ocurrido hace una semana pusieron la atención de la opinión pública brasileña en las fallas en las políticas ambientales, y ponen en cuestión una de las promesas de campaña del nuevo presidente, Jair Bolsonaro: reconsiderar los argumentos que proponían leyes y fiscalizaciones más flexibles para volver menos burocráticos los procesos de licencias de las empresas. Bolsonaro, conviene recordarlo, no reconoce el aumento de la deforestación ni las investigaciones científicas sobre el cambio climático y el calentamiento global.

La catástrofe ha ocurrido justo cuando Bolsonaro y su ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, cuestionaban las exigencias de la legislación ambiental vigente como un impedimento a la iniciativa privada y al avance de sus proyectos. La realidad de esta tragedia los ha puesto contra la pared y ha generado una presión popular sobre la flexibilización de las normas ambientales.

“Ese tema de licencia ambiental estorba cuando un alcalde, gobernador, presidente quiere hacer una obra de infraestructura”, había declarado el presidente en diciembre, al criticar a ambientalistas y al trabajo del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, una reconocida entidad oficial de preservación que ya cuenta con pocos recursos para fiscalizar delitos ambientales en el extenso territorio de del país. La reforma ministerial contra lo que Bolsonaro llamó “industria de la multa” debilitó aun más esa organización, considerada por él “un freno a la economía”.

“La campaña es una cosa. Ahora llegó el momento de gobernar”, alertó D’Ávila, de Greenpeace, para quien si existiese de hecho una industria de multa en Brasil, tragedias como las de Mariana y Brumadinho nunca habrían ocurrido.

Después de sobrevolar en helicóptero la gigantesca área de barro y ver con sus propios ojos una situación a la que no había prestado atención desde los despachos parlamentarios en los que pasó casi tres décadas, Bolsonaro prometió ayudar a las víctimas, investigar, exigir el juicio de los responsables y trabajar para evitar otras tragedias como esa. Su equipo de gobierno, por su parte, anunció la fiscalización de las 3.386 presas a lo largo de Brasil, de las cuales por lo menos un tercio han sido clasificadas como de alto riesgo.

“No vamos a esperar otro colapso de barrera para fiscalizar ese sector. Es una prioridad del gobierno de Bolsonaro garantizar la seguridad de la población y vamos a realizar todos los esfuerzos para alcanzar esa meta. El gobierno federal es grande y tiene capacidad para enfrentar el problema”, aseguró el ministro de Desarrollo Regional, Gustavo Canuto.

Conflictos de intereses

El tiempo dirá si la del gobierno no es una reacción de momento y su retórica, circunstancial. La administración que acaba de asumir en enero tiene vínculos con políticos representantes de mineras, que impidieron en el Congreso la aprobación de normas de mayor control sobre las barreras de deshechos tóxicos. Uno de ellos es el ex diputado federal Leonardo Quintão, que ahora integra el equipo de Bolsonaro como uno de sus asesores en el tema.

Esas relaciones quiebran otra promesa de campaña de Bolsonaro, que prometió no doblarse a influencias políticas y gobernar bajo criterios técnicos, lo que es previsiblemente imposible en la estructura brasileña, movida subterráneamente por lobbies empresariales, sin una reforma política que ni se asoma en sus prioridades de gestión.

“Debido a los riesgos claramente demostrados por el colapso de la presa de Mariana, las autoridades deberían haber hecho más para prevenir que accidentes similares ocurran. La ruptura del dique de Brumadinho sirve como una trágica advertencia de la fragilidad de las reglas y de los mecanismos de monitoreo”, analiza Marcos Orellana, director de la división ambiental de la ONG internacional Human Rights Watch.

La Agencia Nacional de Aguas (ANA), por ejemplo, informó el año pasado que no todas las presas estaban inscritas oficialmente y que sólo 3% de las registradas habían sido fiscalizadas en 2017. Según un informe difundido por el diario O Estado de São Paulo, la ANA detectó en los últimos tres años unas 54 presas con problemas de infraestructura, más de la mitad de las que fiscalizó. “El hecho de que Brumadinho no estaba en la lista levanta serias dudas sobre cómo Brasil monitorea la seguridad de sus diques”, dice Orellana.

Una de las dificultades de la ANA es que cuenta con pocos empleados para fiscalizar a un país gigante, con 3.386 presas de diferentes tipos, no sólo de minas, sino de energía, de consumo hídrico y de navegación, todas bajo la responsabilidad de esa entidad. En 2018 el gobierno brasileño creó una Agencia Nacional de Minería con la finalidad de cuidar esas barreras, pero la organización, expuesta por esta tragedia ya acumula, en ese corto tiempo, denuncias de corrupción.

Para Orellana, la prevención contra futuros desastres en Brasil debe pasar por monitorear y garantizar efectivamente el respeto a los patrones reguladores y ambientales, tanto por parte de los agentes públicos como de los privados. “Brasil tampoco debería reducir los niveles actuales de protección ambiental y debería adoptar medidas sólidas para la protección de los derechos humanos”, advierte Orellana, citando los principios sobre derechos humanos y medio ambiente emitidos por Naciones Unidas.

Para cumplir con sus nuevas promesas, el gobierno tendrá que crear una estructura hoy inexistente. La ANA, que actualmente realiza los controles, tiene sólo 35 fiscales capacitados en todo el país para trabajar en las 790 barreras de desechos minerales parecidas a las del Córrego do Feijão. El desastre ha expuesto también que el gobierno trabaja con los informes y auditorías contratados por las propias mineras, lo que ya configura un conflicto de intereses en las licencias ambientales.

“No sirve de nada enfocarse en nuevas leyes si las instituciones, sistemas y mecanismos de control de actividades de riesgo no se perfeccionan. Brasil necesita una verdadera revolución regulatoria en el tema del medioambiente, lo que significa inversión masiva en la estructuración de los órganos de control, en la capacitación de empleados, a corto y mediano plazo, y en remodelar las instituciones a largo plazo”, afirma Rómulo Sampaio, profesor de Derecho Ambiental de la Fundación Getulio Vargas.

“A los sistemas de monitoreo, seguimiento, al análisis del desempeño y a las evaluaciones periódicas de seguridad deben incorporarse instrumentos reguladores creativos, como auditorías periódicas hechas por terceros, sistemas informatizados y uniformizados de autodeclaración de riesgos e incentivos económicos y mecanismos de mercado para fomentar nuevas tecnologías en seguridad de barreras. Todo eso sin abandonar el clásico sistema de control y sanción estatal por no cumplir las reglas de prevención”, aconseja Sampaio sobre lo que podría ser una salida posible en la fiscalización estatal de un país tan grande.

Según Sampaio Brasil tiene una excelente legislación ambiental, pero no la está implementando. En el caso de Mariana, por ejemplo, la Fiscalía recomendó acciones criminales por homicidio, lo que va más allá de la ley ambiental, pero tres años después, nadie fue preso.

Indicios de un crimen

Según informes de Vale, que es la principal minera de Brasil y una de las mayores del mundo, la presa de la mina Córrego de Feijão había sido considerada segura por dos inspecciones recientes. En conferencias de prensa para explicar el desastre, el presidente de Vale, Fabio Schvartsman, informó que el dique había sido certificado en setiembre por la empresa alemana TÜV SÜD, sin que se encontrasen problemas.

Los ingenieros de TÜV SÜD, sin embargo, fueron apresados esta semana en San Pablo, por un período de 30 días, bajo sospecha de homicidio calificado, crimen ambiental y falsedad ideológica. La acción de las fiscalías de Minas Gerais y San Pablo investiga la participación de los ingenieros civiles Makoto Namba y André Jum Yassuda en la firma de auditorías que ahora son consideradas sospechosas. “Se trata de una investigación compleja de delitos, algunos perpetrados en la clandestinidad”, escribe la jueza Perla Saliba Brito en uno de los pedidos de prisión.

Después de que la Fiscalía mandó a congelar 11.800 millones [NOTA DE MAURI: ¿MONEDA?] en sus cuentas y detuvo a los ingenieros de la consultora alemana que auditó favorablemente el dique, los ejecutivos de Vale se comprometieron a eliminar diez diques similares a los de Brumadinho y Mariana, como una señal no sólo hacia la opinión pública de Brasil sino principalmente a los inversores internacionales, que reaccionaron negativamente con acciones judiciales contra la minera.

Evidencia creciente

Con la catástrofe ahora han salido a la luz documentos y declaraciones que, si se confirman, serán las pruebas de un gigantesco crimen minero, violento en el número de víctimas y en daños ambientales.

La prensa brasileña ha difundido el acta de una reunión del Consejo de Política Ambiental de Minas Gerais, el 11 de diciembre, que aprobó, por nueve votos contra uno, la ampliación de la capacidad productiva de la Mina de Jangada y de la mina Córrego do Feijão, estructuras vecinas en el área ahora colapsada, que aumentaría la producción de los actuales 10,6 millones de toneladas anuales a 17 millones de toneladas al año. El riesgo de un colapso llegó a ser citado en la reunión, pero el trámite fue agilizado por cambios en las normas que redujeron las exigencias.

“No puedo dormir”, reveló al portal UOL la ambientalista Maria Teresa Corujo, la única que votó contra la decisión. “No fue presentado un balance hídrico completo de cuáles serían los impactos reales en las aguas del local y alrededores”, declaró la ambientalista.

Ahora, ambientalistas vienen apuntando otros problemas, como la falta del detalle en el mapa de impactos del nuevo proyecto, como en la cuenca hidrográfica del río Paraopeba, ahora afectado por el desastre.

Ex empleados y personas que trabajaron en la mina también denunciaron que los problemas eran conocidos. En entrevista con Agência Estado, varios trabajadores cuestionaron (algunos bajo anonimato) que una estructura construida en la década del 70 del siglo XX, con menos tecnología y seguridad, no podría ser confiable.

“Tenía miedo todos los días”, contó el asistente administrativo Silas Fialho, de 34 años, que renunció al trabajo en 2016 y perdió a un primo en la tragedia. “Muchos sabían del riesgo. Salí a tiempo para seguir vivo”.

Verónica Goyzueta, San Pablo