El Parlamento filipino analiza un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad penal a 12 años

Cuando Rodrigo Duterte asumió la presidencia de Filipinas, en junio de 2016, prometió tomar medidas contundentes contra las drogas y la delincuencia.

Como parte de esa promesa, lanzó a los pocos meses su controvertida “guerra contra las drogas”, que según las cifras oficiales ya dejó más de 5.000 muertos en operativos policiales, si bien organizaciones civiles elevan el número a 15.000. La política antidrogas incluía también el compromiso de reducir la edad de responsabilidad penal, que actualmente en Filipinas es de 15 años. El argumento de Duterte es que esto evitaría que grupos criminales utilicen a niños y niñas para cometer delitos graves, una práctica que –según el gobernante– es común en su país.

En su momento, el anuncio desató el repudio de organizaciones sociales que se oponían a la “criminalización” de la infancia, a la vez que rechazaban que los niños fueran recluidos en cárceles junto con los delincuentes mayores de edad. La polémica se reavivó en las últimas semanas dado que el 28 de enero la Cámara de Representantes aprobó, en una tercera y última lectura, un proyecto de ley que efectivamente reduce de 15 a 12 años la edad mínima para la responsabilidad penal. El texto original proponía rebajarla a nueve años, pero la edad se modificó durante el debate parlamentario. La iniciativa pasó ahora a manos del Senado, que está elaborando su propia versión del proyecto de ley.

Los legisladores que impulsaron el proyecto defienden que la ley protegería a los niños y niñas de los criminales que tratan de explotarlos, tal como afirma Duterte. La semana pasada, el portavoz del presidente filipino, Salvador Panelo, quiso dar más detalles sobre la iniciativa ante las críticas que generó. El vocero dijo que la norma castigará con cadena perpetua a los adultos que exploten a menores de 18 años para delinquir, y aseguró que los niños que cometan delitos como asesinatos o violaciones serán recluidos en “centros especiales”, y no en cárceles, donde recibirán atención de doctores, psicólogos y trabajadores sociales. “Las estadísticas muestran un aumento de delitos cometidos por niños. La intención del proyecto de ley es precisamente protegerlos”, explicó Panelo.

Sin embargo, el presidente de la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, Salvador Leachon, resaltó que sólo hay 58 instalaciones de rehabilitación juvenil en todo el país –donde viven aproximadamente 103 millones de habitantes–, por lo que habría que construir más centros, algo que el proyecto no contempla. Si no se acondicionan nuevas instalaciones los niños en conflicto con la ley podrían terminar en cárceles comunes, advirtió el coordinador de la Red de los Derechos del Niño de Filipinas, Rom Dongeto. El activista aseguró además que, contrariamente a lo que declaró Panelo, los delitos cometidos por personas menores de 18 años en el país no aumentaron y representan apenas 1,7% del total.

Durante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de mayo de 2017 varios países instaron a las autoridades filipinas a no reducir la edad de imputabilidad penal y, en lugar de eso, garantizar la plena aplicación de la Ley de Justicia y Bienestar de Menores. Esta norma, aprobada en 2006, aboga por la protección, rehabilitación y reinserción en la sociedad de los menores de 18 años en conflicto con la ley. Pero el gobierno de Duterte no respondió a este pedido.

Un “no” mundial

La aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes filipina provocó el rechazo de múltiples organizaciones locales e internacionales, que aseguran que la norma constituye una flagrante violación a los derechos de la infancia. “De aprobarse, esta regresiva ley pondrá en peligro las vidas de niños y niñas en lugar de reducir la delincuencia. No olvidemos que la denominada ‘guerra contra las drogas’ –en cuyo nombre se redactó esta ley– es una guerra despiadada contra los pobres que ya se ha cobrado decenas de miles de vidas, incluidas las de niños y niñas”, denunció a principios de este mes el director general de Operaciones Globales de Amnistía Internacional, Minar Pimple. “Hoy el gobierno adopta otra medida dura que abre la puerta al enjuiciamiento penal de niños y niñas de corta edad, incluso por delitos de drogas. En un clima en el que la Policía ejerce de juez, jurado y, literalmente, de ejecutor, este proyecto de ley podría permitir más abusos de poder”, agregó Pimple en un comunicado. El representante de Amnistía Internacional negó además que la ley tenga el objetivo de “rehabilitar a los niños”, como sostienen sus impulsores, porque “si así fuera” se centraría “en cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la convención de la ONU sobre los derechos del niño y en la legislación existente sobre el bienestar de los menores de edad”.

En otro comunicado, el responsable de Human Rights Watch en Filipinas, Carlos Conde, dijo que el “enjuiciamiento de niños como si fueran adultos” es un “pilar fundamental de la abusiva campaña contra el crimen de Duterte”, y denunció que la ley “sin duda empeorará la difícil situación de los niños filipinos atrapados en el sistema de Justicia”. Conde exhortó al gobierno filipino a “buscar formas para mejorar la rehabilitación de los niños que han violado la ley y no poner a los niños más jóvenes en instalaciones de detención horribles fuera de la vista del público”. Un buen primer paso, insistió, sería centrar sus esfuerzos en reformar las instalaciones estatales que ya existen para los niños. “Hay una amplia gama de pasos para ayudar a los niños con problemas que no implican encerrarlos”, agregó. Human Rights Watch advirtió que la “guerra contra las drogas” de Duterte terminó con la vida de más de 90 niños, en base a datos difundidos por grupos filipinos defensores de los derechos de la niñez.

La Policía de Filipinas, responsable de llevar a la práctica la campaña antidrogas de Duterte, respaldó en octubre del año pasado la propuesta de bajar la edad de responsabilidad penal a los 12 años. El director de esa institución, Oscar Albayalde, dijo en una conferencia de prensa que hay países en los que niños de seis años cometen crímenes y ni siquiera tienen la limitación impuesta en Filipinas hasta los 15 años.

Resistencias

Pese a que el Senado se mostró a favor de aprobar el proyecto de ley con algunas modificaciones, hay senadores que se sumaron a la campaña de las organizaciones civiles y en estos días se pronunciaron contra la iniciativa, a la que han calificado de “extrema” e “injusta”.

“Va en contra de la familia y de los pobres, y es simplemente injusta. Además, promoverá una sociedad sin corazón y sin piedad que no tenga ninguna consideración por sus propias personas”, dijo el senador Antonio Trillanes, uno de los principales opositores de Duterte, en una sesión parlamentaria a fines de enero. En tanto, su colega Risa Hontiveros consideró que la idea es contraria a los compromisos internacionales de Filipinas y a la tendencia global de elevar, y no de bajar, la edad de imputabilidad penal. “¿Por qué queremos caer al mínimo, o incluso por debajo del mínimo? ¿Es esta una carrera para llegar al fondo?”, se preguntó Hontiveros durante la misma sesión, según informó el diario filipino The Inquirer.

Ese mismo día, senadores más moderados plantearon su postura. Pánfilo Lacson consideró que nueve años es “poco”, pero se mostró partidario de bajar la edad “hasta un cierto nivel”. Por su parte, Joel Villanueva dijo que es necesario replantearse la ley para centrarse más en los padres que en sus hijos chicos. “Los niños en general tienen diferentes niveles de madurez y discernimiento”, argumentó.

El presidente de la Comisión de Justicia de la cámara baja y uno de sus principales propulsores en esa instancia, Salvador Leachon, dijo en una entrevista con la cadena ANC que la norma se ha malinterpretado y que está centrada en la rehabilitación, además de ser “pro niños”, ya que serán los padres que no cumplan con la ley quienes irán a la cárcel. “El punto aquí es que no hay castigo”, declaró Leachon, antes de agregar: “Es rehabilitadora, reformadora y cuida a la familia”.