Por amplia mayoría, el Parlamento de Egipto aprobó por amplia mayoría el primer borrador de una serie de reformas constitucionales que, entre otras medidas, extenderían el mandato del presidente y le permitirían permanecer en el cargo por dos períodos más.

El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, de 63 años, llegó al poder en 2013 mediante un golpe de Estado, fue electo por primera vez en 2014, ganó nuevamente las elecciones el año pasado y asumió su actual mandato, que termina en 2022. Sin embargo, si el borrador de reforma constitucional aprobado en el Parlamento se convierte en ley, el mandato presidencial se extendería de cuatro a seis años y se permitiría un máximo dos gobiernos consecutivos. Sin embargo, un artículo transitorio le permitiría a Al Sisi presentarse a las elecciones de 2022 sin tener en cuenta sus dos gobiernos previos. En conclusión, si la reforma es aprobada, Al Sisi podría gobernar, si cuenta con los votos necesarios, hasta 2034.

De los 596 parlamentarios, 485 votaron a favor de la iniciativa. Uno de los puntos que más polémica generaron fue el ajuste del artículo 140. “Luego de que expire su período actual, el presidente de la República podría aspirar de nuevo al cargo, de acuerdo con la enmienda del artículo 140”, dice la cláusula del borrador aprobado el jueves 14.

En caso de que la reforma prospere, Al Sisi también tendría nuevos poderes, entre ellos la potestad para el nombramiento de los jueces y los fiscales. Además, el proyecto contempla la creación de una segunda cámara legislativa denominada Consejo de Senadores, de la que el presidente elegiría a una tercera parte de los integrantes.

Ahmed al Tantawi, un miembro de la bancada opositora, que cuenta con 16 parlamentarios, afirmó que la reforma propuesta viola el espíritu de la constitución. Según citó la agencia de noticias Reuters, el dirigente manifestó que todos los artículos de la enmienda son “un regreso a un sistema de dominio que es peor que el que existía antes”, en referencia a los levantamientos de 2011 que forzaron la renuncia del ex presidente Hosni Mubarak.

Dentro de 60 días el Parlamento debe votar el texto definitivo de esta reforma constitucional. Pero, de acuerdo con todas las estimaciones, no se prevé que haya marcha atrás, porque tanto el Parlamento como todas las instituciones claves del gobierno egipcio están en manos de hombres fieles a Al Sisi.

En los primeros días de mayo, coincidiendo con el inicio del mes de Ramadán, habrá un referéndum consultivo. Políticos, activistas y miembros de la sociedad civil publicaron la semana pasada una carta abierta en la que definen como ilegal la extensión del mandato del presidente. Estos grupos, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales, también han manifestado que rechazan varias de las enmiendas propuestas en la reforma, en particular la que prolongaría la presidencia de Al Sisi y otra de carácter más genérico que facultaría al ejército “para defender la constitución”.

Las “enmiendas propuestas amenazan la estabilidad”, advirtieron en una declaración conjunta publicada por el Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo. “Estas enmiendas [...] establecen una autoridad unilateral sin precedentes, al tiempo que otorgan la custodia de la constitución y la democracia de Egipto al estamento militar, a pesar de la falta de respeto [exhibida] por los militares desde la ascensión de Al Sisi al poder”.

Entre los firmantes, publicó la agencia AFP, están la Comisión Egipcia de Derechos y Libertades, el Frente Egipcio para los Derechos Humanos y el Centro Adalah para los Derechos y Libertades.

Política y cuarteles

Egipto tiene una larga y afianzada tradición de gobernantes militares. Desde que se abolió la monarquía, en 1952, prácticamente todos los presidentes del país han sido, más allá de sus diferencias ideológicas, políticos con formación militar.

Era militar Gamal Abdel Naser, el emblemático líder panarabista y referente del bloque de los países no alineados que gobernó el país a partir de 1954 hasta su repentino fallecimiento, debido a un infarto de miocardio, en 1970. También era militar su sucesor en el cargo, Anwar el Sadat, quien gobernó Egipto hasta que fue asesinado por fuerzas castrenses opositoras durante un desfile militar en 1981. Fue reemplazado por su vicepresidente, Hosni Mubarak, otro militar, que se mantuvo en el poder hasta que renunció en 2011, luego de multitudinarias manifestaciones en su contra en el marco de la Primavera Árabe.

Luego de un breve período de transición, se convocaron elecciones y así llegó a la presidencia Mohamed Mursi, un ingeniero perteneciente al movimiento islamista Hermanos Musulmanes, que en las elecciones celebradas en 2012 se convirtió en el primer mandatario egipcio electo mediante voto popular, con 51,9% de los sufragios. Pero el mandato de Mursi duró muy poco. Su gobierno intentó impulsar una serie de reformas constitucionales que generaron mucha resistencia en un sector amplio de la población, sobre todo por la intención de Mursi de modificar la constitución para concentrar más poder en la figura presidencial y también por su pretensión de dar mayor protagonismo en la vida pública a la ley islámica, algo que chocó con la tradición laica del país, más allá de que la enorme mayoría de los 100 millones de egipcios son musulmanes.

El cerco sobre Mursi se fue cerrando rápidamente, sobre todo a causa de la crisis económica que atravesaba el país en ese momento, y en 2012 comenzaron masivas manifestaciones en su contra. Así se llegó a julio de 2013, cuando después de un ultimátum ante el cual el gobernante no cedió, se produjo el golpe de Estado que llevó al poder a Al Sisi. Sin embargo, entre julio de 2013 y junio de 2014 la presidencia la ocupó de manera interina Adli Mansur, mientras que Al Sisi se desempeñaba como ministro de Defensa.

Luego de su destitución, Mursi –junto con otros miembros de los Hermanos Musulmanes– fue acusado de incitación al asesinato de manifestantes durante las revueltas populares de 2012. Inicialmente fue condenado a muerte, aunque luego esta sentencia fue revocada y actualmente está en prisión, sentenciado a cadena perpetua.

Al año siguiente del golpe de Estado, en mayo de 2014, tuvieron lugar las elecciones en las que Al Sisi, que a esa altura era la personalidad política más importante del país, fue elegido por una abrumadora mayoría de 96,9% de los votantes, aunque la participación alcanzó apenas 47% del padrón.

Los años de Al Sisi en el poder se caracterizaron por una feroz represión contra los opositores, y según cifras difundidas por organismos internacionales los presos por razones ideológicas suman unos 60.000. Desde que el actual presidente llegó al gobierno, las autoridades egipcias lanzaron una campaña masiva de persecución y arresto de miles de personas, que ha afectado principalmente a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas, pero también a grupos laicos y de izquierda que apoyaron las protestas de 2011 contra Mubarak y que han sido reprimidos por sus críticas al régimen de Al Sisi.

En un país en el que la pena de muerte está en plena vigencia, los tribunales se han transformado en muchos casos en un brazo de la represión, y se han ejecutado decenas de condenas a muerte desde el golpe de Estado de 2013.

En ese marco se llegó a las elecciones presidenciales del año pasado, que estuvieron marcadas por un clima de intimidación, según declararon representantes de la Organización de las Naciones Unidas. En el camino hacia las comicios todos los potenciales rivales de Al Sisi fueron retirando sus candidaturas, por diversas razones, y así se llegó a un escenario electoral en el que el gobernante compitió sólo con un político cercano a él, Moussa Mostafa Moussa, quien apenas obtuvo 2,92% de los sufragios. Sólo participó en esas elecciones 41% de los habilitados, y Al Sisi obtuvo 97,08% de los votos.

Críticos y derechos humanos

“El Cairo debería declarar de inmediato una moratoria a las ejecuciones, que agravan la crueldad de los procesos injustos”, exigió hace dos semanas Michael Page, subdirector de Human Rights Watch en Oriente Próximo y norte de África. Tanto esta organización como Amnistía Internacional y otras entidades defensoras de los derechos humanos egipcias e internacionales han insistido en sus críticas hacia el gobierno de Al Sisi por la desembozada represión hacia la oposición.

El martes, en un comunicado, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno de Egipto que detuviera las últimas ejecuciones de condenados a muerte. Argumentó que algunas de esas personas confesaron después de sufrir terribles torturas. “Ejecutar a presos o condenar a gente basándose en confesiones obtenidas bajo tortura no es justicia”, afirmó Najia Bounaim, representante de AI. El pedido fue consecuencia de la ejecución en la horca de nueve personas, el miércoles, por su implicación en el asesinato del fiscal general Hisham Barakat, en 2015. Las autoridades egipcias responsabilizaron por su muerte, en un atentado, a los Hermanos Musulmanes y al movimiento palestino Hamas. Barakat había sido nombrado para el puesto en julio de 2013, días después del derrocamiento de Mursi, y había llevado ante la Justicia a miles de islamistas en sus dos años en el cargo.

Pero además de perseguir a críticos y opositores políticos, el gobierno de Al Sisi ha lanzado una intensa campaña contra los militantes vinculados con la rama egipcia de Estado Islámico en la península del Sinaí, informó Reuters. Esto le ganó algunos puntos en el exterior, en particular frente a Estados Unidos, un gran aliado de Egipto desde hace décadas. En el plano internacional, Al Sisi goza de cierto prestigio África, y el domingo 10 asumió en Etiopía la presidencia rotativa de la Unión Africana, entidad que agrupa a los 55 países del continente. En su discurso de asunción, prometió centrarse en combatir al terrorismo y el extremismo, dos de los asuntos que, junto con la migración, ocuparán la agenda del organismo este año.