Nueve miembros del antiguo gobierno catalán, la ex presidenta del Parlamento regional y dos líderes de organizaciones independentistas acudieron ayer a la sede del Tribunal Supremo español, donde serán juzgados por su papel en el proceso independentista de 2017. Los 12 acusados se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación de fondos, sedición y desobediencia en el marco de la celebración del referéndum del 1º de octubre –que fue prohibido por la Justicia– y la declaración unilateral de la independencia de Cataluña unos días después. Esta última llevó a la intervención de las instituciones catalanas por parte del gobierno español, en ese entonces dirigido por el derechista Partido Popular.

El juicio comenzó ayer con la exposición de las cuestiones técnicas previas y una instancia en la que los abogados defensores plantearon las razones por las cuales, a su entender, el proceso judicial no debería llevarse a cabo. En particular, apuntaron a la falta de garantías jurídicas y al carácter político del proceso. Dijeron que muchos aspectos del procedimiento atentan contra principios básicos de la democracia, e insistieron en que a su juicio los hechos que se imputan a los encausados no constituyen delitos de sedición o rebelión.

En su intervención, el abogado Andreu van den Eynde –defensor del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y del ex ministro de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales Raül Romeva– aseguró que se trata de un juicio político que ha “criminalizado” cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión. El abogado dijo que en la instrucción del proceso hubo “denegación de pruebas” y “vulneración de derechos fundamentales”, criticó que nueve de los acusados lleven más de un año en prisión provisional y recalcó que la Constitución española no permite criminalizar a “la disidencia”. “Se ha descabezado al independentismo; se los compara [a sus dirigentes] con terroristas, nazis”, denunció.

Por su parte, el abogado Jordi Pina pidió a los siete magistrados que integran el tribunal que “hagan de jueces y no de salvadores de la patria”, y denunció la “falta de imparcialidad de al menos cuatro” de ellos. Pina defiende al ex portavoz y ex consejero del gobierno catalán Jordi Turull, el ex ministro de Territorio y Sustentabilidad Josep Rull, y a Jordi Sánchez, ex presidente de la organización civil Asamblea Nacional Catalana.

La mayoría de los abogados también denunció el hecho de que se limite el uso de la lengua catalana durante el juicio ante la imposibilidad de que haya traducción simultánea. Esto, a su entender, perjudica a los acusados y vulnera el derecho de defensa, algo que no se produciría si el juicio se celebrara en Cataluña en lugar de en Madrid. “Yo hago un esfuerzo por hablar en castellano, pero no me juego 17 años en prisión”, dijo uno de los abogados.

Además de pedir la posibilidad de hablar en catalán, los acusados habían solicitado la presencia de observadores internacionales durante el juicio, algo que el Tribunal Supremo rechazó. Su presidente, Carlos Lesmes, explicó el lunes en un encuentro con periodistas que no tenía sentido en un sistema judicial como el español la presencia de observadores, y menos cuando a la sala puede entrar público.

Se espera que el juicio continúe hoy con la exposición de las tres partes acusatorias –Fiscalía, Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox–, que podrán pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por las defensas y plantear las suyas. El siguiente paso será el interrogatorio a los acusados.

Cuando terminen de declarar los acusados será el turno de los testigos, que son más de 600, incluidos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el actual titular del Parlamento catalán, Roger Torrent. El juicio concluirá mañana y dará paso a un período durante el cual el tribunal redactará la sentencia, trámite que puede durar meses.

Hay otros siete políticos que participaron en el proceso independentista pero que se exiliaron a otros países europeos. Uno de ellos es el ex presidente catalán Carles Puigdemont, quien desde Berlín dijo ayer que el juicio puede ser una oportunidad para que el Estado español se “rectifique” y falle a favor de la absolución de los acusados.

La primera jornada del juicio se produjo en medio de un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de la sede judicial, con cientos de policías y agentes antiterroristas intentando contener a manifestantes a favor y en contra de los líderes independentistas. Además, el inicio del juicio fue acompañado por protestas en varias ciudades catalanas convocadas por los denominados Comités de Defensa de la República. También por motivo del juicio, Torrent decretó el cierre del Parlamento catalán, lo que causó que la líder del partido de derecha Ciudadanos en la región, Inés Arrimadas, pidiera su cese de funciones.

La pulseada de Sánchez

El inicio del juicio a los independentistas catalanes coincidió con el debate en el Congreso español en torno a la votación del presupuesto para 2019, que tendrá lugar hoy. El independentismo catalán juega un papel importante en esta discusión, ya que el gobierno del presidente Pedro Sánchez –del Partido Socialista Obrero Español– necesita el apoyo de los partidos separatistas Partido Demócrata Europeo de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para que su plan presupuestario sea aprobado. Pero estos antepusieron enmiendas a la propuesta después de que el gobierno rompiera las conversaciones que iniciaron a fines de diciembre, y pusieron como condición para revertir la medida que Sánchez reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo de Cataluña.

La poca esperanza que tenía el gobierno de que las formaciones independentistas cambiaran de postura se cayó definitivamente en el debate parlamentario de ayer, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el Ejecutivo “ni quiere ni puede debatir extramuros de la Constitución”, y reiteró que, por esa razón, no pondrá en su agenda el derecho de autodeterminación.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, insistió en que los independentistas no retirarán la condición pero se mostró todavía abierto a un nuevo diálogo con el gobierno. “Trabajaremos para que esta oportunidad perdida no sea definitiva. Vamos a asumir este reto. La izquierda española cuenta con el republicanismo catalán”, dijo Tardà en el Congreso. En la misma línea, el portavoz del Partido Demócrata Europeo de Cataluña, Ferrán Bel, agregó: “Si retornan las conversaciones, nosotros retiraremos la enmienda”.

En caso de que el presupuesto no sea aprobado, el gobierno de Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones generales anticipadas en los próximos meses.