El gobierno de México presentó el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, una estrategia que surge como respuesta a la crisis humanitaria que atraviesa el país, en el que se estima que hay 40.000 personas desaparecidas, 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar, según afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.
El mandatario aseguró que en su país hay más de un millón de víctimas “desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia”, en referencia a la denominada “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006.
Durante la presentación del plan, realizada la semana pasada, López Obrador sostuvo que este responde a “amplias consultas” con colectivos de víctimas y recomendaciones de organismos internacionales y que busca prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. Además, señaló que las acciones que acompañan a este plan darán atención a “un saldo doloroso, terrible, de la política económica neoliberal” del gobierno anterior, que es “consecuencia de una política fracasada, inhumana, corrupta, que ya no puede volver a imponerse” en el país. “La desaparición forzada, sea por agentes del Estado o por particulares, es uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad”, reflexionó quien asumió la presidencia mexicana el 1º de diciembre.
El tema de las desapariciones viene teniendo relevancia en la sociedad mexicana desde hace largo tiempo y es por ello que en 2017, durante el mandato del predecesor de López Obrador, Enrique Peña Nieto, se decretó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares, norma que entró en vigor en enero del año pasado, aunque con escasos resultados en la práctica. Es por esto que el nuevo gobierno mexicano decidió ir más allá e implementar este plan, que tendrá la finalidad de cumplir la ley adoptada en 2017. El encargado de la implementación de la norma es el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobierno mexicana, Alejandro Encinas Rodríguez, quien destacó que la cifra actual de personas desaparecidas, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar “da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país”. Encinas Rodríguez indicó también que el objetivo del plan es que las familias de las víctimas participen en el diseño de las bases generales, políticas públicas y procedimientos para la búsqueda. El plan presentado por el gobierno mexicano consta de 11 puntos (ver recuadro).
El subsecretario Encinas anunció también que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estará a cargo de la instalación de la Mesa de Reconciliación y Diálogo “que dará las bases para la pacificación del país”. López Obrador afirmó que el Estado mexicano “no escatimará en recursos para asistir a víctimas, atender la legítima demanda de justicia y emprender verdaderas acciones de búsqueda”. El viernes, cumpliendo los plazos legales y luego de entrevistas a 11 personas aspirantes al cargo, se designó a Karla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. De acuerdo con el plan establecido por el gobierno de López Obrador, la flamante directora de esta comisión tendrá que diseñar, proponer y ejecutar el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Dije una vez, y a algunos no les pareció, pero lo repito ahora: haremos todo lo que humanamente sea posible para saber de los desaparecidos y ayudar a los familiares. No van a faltar recursos, y además de la voluntad que tenemos a cargo de este asunto tan lamentable está uno de los mejores servidores públicos que tiene la nación, Alejandro Encinas. Eso es lo que podemos dar en garantía”, afirmó el presidente.
En noviembre del año pasado el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas lamentó “la situación de desapariciones generalizadas” que se vive “en gran parte del territorio del Estado mexicano”, donde imperan la “impunidad” y la “revictimización”. El organismo observó también con preocupación “patrones de falta de datos confiables sobre las desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye el alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio del Estado”, así como “variados obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”.
Los 11 puntos del plan
- Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda, que fue creado por esta ley en noviembre de 2017. Se espera que la consolidación definitiva de este sistema quede lista en marzo.
- Asignar un nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), también creada en la ley de 2017.
- Instalar comisiones locales de búsqueda en todas las entidades federativas: hasta ahora se han conformado comisiones locales sólo en ocho entidades. Con este plan se exhorta al resto de ellas a cumplir el ordenamiento legal en la materia.
- Presupuesto de 21 millones de dólares en 2019 para la CNB. También busca acceder a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados, que asciende a 393 millones de dólares en 2019, con el fin de realizar acciones de identificación forense, búsqueda, exhumación y tareas relativas al Sistema Único de Información.
- Crear un protocolo de investigación y búsqueda que abarque el protocolo homologado de investigación de los delitos vinculados con la desaparición forzada, así como protocolos homologados para búsqueda, exhumación e identificación. Los últimos ya fueron establecidos en la ley de 2017.
- Coordinación y células de búsqueda en vida que favorezcan las tareas de carácter preventivo y den prioridad a la búsqueda en vida.
- Atención especial para las víctimas de delitos vinculados con trata de personas y migrantes. Asimismo, serán replanteadas las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a los derechos humanos.
- Crear el Instituto Nacional de Identificación Forense con el fin de coordinar los servicios forenses de todo el país. Se espera que esté listo en marzo.
- Crear un Sistema Único de Información Tecnológica e Informática para sistematizar la información de hospitales, centros de atención psiquiátrica, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, centros de salud y de atención de adicciones, así como del sistema penitenciario del país, servicios médicos forenses, Registro Nacional de Personas Fallecidas, albergues públicos y privados, panteones o lugares donde se depositan restos mortales.
- Se realizarán convenios con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Compromiso para el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, estableciendo la “plena responsabilidad en delitos de desaparición forzada por parte de superiores jerárquicos de agencias del Estado”. Además, se brindarán beneficios de ley por colaboración eficaz, lo que incluye mecanismos de protección a testigos y personas que proporcionen información para el esclarecimiento de hechos de este tipo.