Haití vivió ayer la quinta jornada consecutiva de protestas contra el presidente Jovenel Moïse, acusado de agravar la situación económica del país. Las manifestaciones se desataron en la capital haitiana Puerto Príncipe y en otros puntos del país el jueves, dos días después de que el gobierno declarara una “urgencia económica” para paliar la crisis. Además de exigir la renuncia del mandatario, los manifestantes, convocados por la oposición política, rechazaron la escasez de combustibles, que en muchos barrios causó cortes de luz.

Los haitianos también reclamaron justicia por las irregularidades registradas en Petrocaribe, el programa por medio del cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios flexibles. A principios de este mes, el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades en ese programa entre 2008 y 2016, que involucraban a 15 ex ministros y actuales funcionarios. El caso también salpicó a una empresa que dirigía el propio presidente Moïse. La auditoría reveló además que muchos de los fondos fueron destinados a proyectos sin planificación y sin respetar los procesos legales, y que se realizaron transferencias de dinero sin control. Al mismo tiempo demostraba que decenas de compañías cobraron sin haber terminado las obras.

El gobernante llamó el viernes a la oposición a dialogar “abiertamente” para buscar soluciones a la crisis política, pero los dirigentes opositores renovaron la convocatoria a movilizarse.

El diario haitiano Le Nouvelliste informó que ayer la capital estaba “paralizada”: los negocios no abrieron, los centros educativos estaban cerrados, el transporte público paralizado y las principales calles de la ciudad estaban cortadas por barricadas y neumáticos incendiados que levantaron los manifestantes en los días previos. Las protestas ya dejaron siete muertos desde el jueves, según informó la Policía el domingo.

La violencia desatada en las calles fue condenada el domingo por el Core Group, integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, y los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. En un comunicado, todos ellos pidieron un “diálogo” entre los actores políticos para encontrar una solución a la crisis política y económica que vive el país.