El gobierno de Brasil iniciará una investigación para determinar si la empresa minera Vale engañó a las autoridades del país al afirmar que no conocía los riesgos de seguridad de la represa que colapsó el 23 de enero en el municipio de Brumadinho, estado de Minas Gerais. El encubrimiento sobre procedimientos de seguridad está contemplado en la ley de anticorrupción aprobada en 2013, y su violación podría enfrentar a la empresa a una multa de hasta 20% del total de sus ingresos de 2018.
La investigación fue anunciada el viernes por el titular de la Secretaría de Geología, Minería y Transformación Mineral de Brasil, Alexandre Vidigal de Oliveira. Ese mismo día, las autoridades entregaron al consejo administrativo de la minera un documento en el que sugirieron la remoción de su presidente, Fábio Schvartsman, ocho ejecutivos y cinco personas vinculadas con la gestión de riesgos de la empresa, para no entorpecer el proceso.
El sábado, Schvartsman anunció que se alejaba temporalmente de su cargo. “Estoy absolutamente convencido de que mi actuación y la de los demás miembros de la dirección a quienes se recomienda que se aparten de la empresa fue absolutamente adecuada, correcta y, principalmente, fiel a nuestros valores innegociables de protección a la seguridad de las operaciones de la compañía”, afirmó el ejecutivo en una carta dirigida al consejo administrativo. “Pero hay momentos en que es necesario sacrificar convicciones personales en beneficio de un bien mayor. Y este es uno de esos momentos, pues mi presencia en el comando de Vale pasó a ser percibida como inconveniente por las autoridades que seguirán interactuando todo el tiempo con la compañía”, agregó. Tres de los directivos que están siendo investigados tomaron la misma decisión.
Además de sugerir las dimisiones, el documento entregado al consejo administrativo de Vale –y firmado por la Fiscalía de Brasil, la Fiscalía de Minas Gerais y la Policía– señalaba distintos indicios que podrían probar que la minera estaba al tanto de los riesgos de colapso de la represa. Las autoridades se refieren a las modificaciones que se hicieron en febrero en algunas estructuras, que provocaron la evacuación de casi 1.000 personas en el estado, para afirmar que “hay inercia” por parte de la empresa para tomar medidas que garanticen la seguridad. “Tal inercia demuestra que los gerentes de Vale continúan actuando de forma perjudicial imponiendo riesgos inconmensurables a la sociedad”, agregan.
Un bombero rescata las pertenencias personales de las casas destruidas por el alud, un mes después de la ruptura de una represa de la minera Vale, el 22 de febrero, en el estado brasileño de Minas Gerais.
Foto: Douglas Magno
El documento también señala que la minera ignoró alertas sobre los riesgos de seguridad de la represa, incluida la advertencia de un gerente que habría calificado la situación de la estructura de “tenebrosa”. Además recuerda que, dos semanas antes del colapso, varios instrumentos instalados en la represa mostraban “variaciones importantes” en la presión del agua, pero que esa información fue ignorada por la empresa. Mencionan otros casos de negligencia detectados unos meses antes.
A estos indicios se sumaron las declaraciones de uno de los gerentes de Vale, Alexandre Campanha, quien aseguró el viernes que los directores de la firma sabían de los riesgos que corría la represa de Brumadinho. El asunto no termina ahí. Según informó el diario Folha de São Paulo, Campanha dio a entender que los dos hombres también estaban al tanto de la probabilidad de ruptura de otras represas del sur y el sureste del país.
El vertido de barro con residuos tóxicos que causó la ruptura de la represa en Brumadinho, y que dejó 186 muertos y más de 100 desaparecidos, obligó a la Agencia Nacional de Minería a emprender la tarea de verificar que otras represas, similares a esta, no corrieran el riesgo de un colapso. Desde entonces, la agencia prohibió el funcionamiento de algunas y les dio plazo hasta 2021 para retirarse.
El desastre de la minera también tuvo sus repercusiones en la esfera política. La semana pasada, el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que impondría una serie de medidas para reforzar la seguridad de las represas, además de requerir nueva tecnología de monitoreo y planes detallados de emergencia. La iniciativa pasó ahora a manos de la Cámara de Diputados.