Una comisión investigadora independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó ayer ante el Consejo de Seguridad del organismo sus conclusiones sobre la violencia registrada en 2018 en la frontera de Gaza con Israel, en el marco de la Gran Marcha del Retorno impulsada por los palestinos. Señaló, entre otros puntos, que encontró “pruebas razonables” de que las fuerzas de seguridad israelíes violaron el derecho internacional.
“Hay bases razonables para creer que durante la Gran Marcha del Retorno los soldados israelíes cometieron violaciones de los derechos humanos y la ley humanitaria, en algunos casos constitutivas de crímenes de guerra o contra la humanidad, y deben ser inmediatamente investigadas por Israel”, dijo en conferencia de prensa el abogado argentino Santiago Cantón, que preside la comisión. Este equipo estuvo integrado también por Sara Hossain, bangladesí, y Kaari Betty Murungi, keniana.
Los investigadores concluyeron que la mayoría de los manifestantes que murieron en territorio gazatí por disparos de fuerzas israelíes, 154 de 183 personas, estaban desarmados en el momento de su muerte. Entre los palestinos que murieron, se cuentan 35 niños, algunos de los cuales recibieron disparos directos de armas de fuego, concluyó la comisión. También destacó un caso que involucró a una persona en silla de ruedas y otros en que se disparó directamente contra periodistas que estaban claramente identificados como tales. Por otra parte, el informe de la comisión consignó las lesiones, tanto las que sufrieron los soldados israelíes en los enfrentamientos como las de más de 6.100 palestinos.
Los abogados recomendaron que la información recolectada se transfiera a la Corte Penal Internacional en La Haya y que los miembros de la ONU “consideren la posibilidad de imponer sanciones individuales, como la prohibición de viajar o la congelación de activos”, sobre aquellas personas identificadas como responsables de crímenes en Gaza. Durante la presentación de sus conclusiones, el argentino Cantón lamentó que el gobierno israelí no hubiera cooperado con la investigación.
El informe de la comisión generó críticas de varios funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien dijo que su país rechaza abiertamente las conclusiones presentadas. “El consejo [de Derechos Humanos de la ONU] ha establecido nuevos récords de hipocresía y se basa en un odio obsesivo hacia Israel”, dijo el jerarca, quien se encuentra en plena campaña electoral. En declaraciones públicas, Netanyahu agregó que Israel continuará “defendiendo ferozmente su soberanía y a sus ciudadanos contra los ataques de [el movimiento palestino] Hamas y las organizaciones terroristas respaldadas por Irán”.
En una línea similar se manifestó el ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, que en un comunicado calificó el informe de “hostil, mendaz y parcial”. El texto de la ONU se basa en “información falsa, en la que no se examinaron los hechos y cuyo único objetivo es desacreditar a la única democracia de Medio Oriente y dañar su derecho a la defensa propia ante el terrorismo de una organización asesina”, dijo Katz en referencia a Hamas, que controla la franja de Gaza y promovió las protestas de la Gran Marcha del Retorno.
Pero la respuesta al informe en Israel no fue monolítica. Según consignó el diario israelí Haaretz, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés), pidió al gobierno que establezca una comisión de investigación para examinar estos hechos. “Es imposible ignorar la muerte y las lesiones de decenas de civiles, entre ellos, mujeres y niños, invocando la legítima defensa”, manifestó la ACRI, que presentó una demanda ante el Tribunal Superior contra las órdenes de disparar que se dieron a las Fuerzas de Defensa de Israel. “Después de que el tribunal se negó a examinar, como debería haber hecho, las órdenes de fuego abierto del Ejército y el uso de la fuerza sobre el terreno, y ante los difíciles hallazgos de la ONU, el gobierno de Israel debe establecer una comisión de investigación”, dijo la ACRI en un comunicado.