El Congreso de Guatemala analiza por segunda vez el proyecto de reforma de la Ley de Reconciliación Nacional, que pretende establecer una amnistía para los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1960 y 1996. Si se aprueba, la enmienda podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos –entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura– sean puestas en libertad en 24 horas.

El proyecto fue presentado en noviembre de 2017 por el diputado Fernando Linares Beltranena, del derechista Partido de Avanzada Nacional, y discutido unos meses después. Los legisladores que apoyan la reforma esperan que se apruebe en un segundo tratamiento, una decisión que requerirá del respaldo de al menos dos tercios del Legislativo, integrado por 158 diputados.

El día que el Congreso volvió a incluir la amnistía en la agenda legislativa, a mediados de febrero, Linares Beltranena insistió en que la iniciativa “busca darle vida a la Ley de Reconciliación Nacional” para poner fin “al sesgo de la Justicia”. Sin embargo, legisladores de partidos de izquierda rechazaron la iniciativa por considerarla contraria a lo establecido por la Constitución de Guatemala.

La reforma es repudiada por familiares de las víctimas y por organizaciones sociales, que iniciaron una campaña en su contra. El 25 de febrero, Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado, familiares de las víctimas participaron en una marcha para exigir al Estado verdad, justicia y reparación. Advirtieron además que la enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional “viola el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia, y pone en riesgo la vida de testigos, fiscales y jueces que han conocido los casos”.

El mismo día, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija –que aglutina a 80 organizaciones de mujeres de todos los departamentos del país– expresó su rechazo a la discusión en el Congreso y denunció que la reforma “demuestra que el interés de los diputados es el de garantizar impunidad” para los “genocidas”.

En tanto, a fines de febrero la Comisión Internacional de Juristas entregó al Congreso un escrito en el que expresa su “más profunda preocupación” por la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional. Los especialistas alertaron que la aprobación de la enmienda, “además de contravenir el derecho interno”, podría llegar a “afectar seriamente las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala de no permitir la impunidad, juzgar y castigar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas de estos crímenes”.

La Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada en 1996 como mecanismo para exhortar al Estado guatemalteco a cumplir con los Acuerdos de Paz que terminaron con el conflicto armado, especialmente en cuanto a la reparación integral a las víctimas. Esa ley incluía una amnistía para los delitos políticos, pero no para los responsables de crímenes de lesa humanidad, por los que ya han sido condenados 42 militares y un ex guerrillero. Otras 4.000 personas vinculadas con las fuerzas de seguridad y 87 ex guerrilleros todavía enfrentan procesos judiciales.