El juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, ordenó ayer el arresto del ex presidente brasileño Michel Temer, después de que la Fiscalía lo acusara de ser el principal líder de una “organización criminal” que incurrió en los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos y lavado de dinero. La detención fue ordenada en el marco de una investigación abierta para verificar supuestas irregularidades en contratos firmados por empresas que ya fueron condenadas en el caso de corrupción de Petrobras y Eletronuclear, la empresa estatal que opera las plantas nucleares de Brasil.

Según la denuncia, las empresas que se adjudicaron los contratos con Eletronuclear pagaron sobornos para favorecer a dirigentes del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), liderado por Temer y cuyos dirigentes controlaron por muchos años todas las empresas estatales del sector eléctrico del país. Estos contratos sospechosos fueron firmados en 2016, cuando Temer era presidente de Brasil.

La denuncia fue hecha por José Antunes Sobrinho, el propietario de Engevix, una de esas empresas, que aceptó colaborar con la Justicia a cambio de la reducción de sus condenas. El empresario aseguró que pagó sobornos a petición del coronel de la reserva João Baptista Filma Filho –amigo personal de Temer cuya prisión también se ordenó– para adjudicarse uno de los contratos en la construcción de la central nuclear Angra 3. Asimismo, manifestó que Temer estaba al tanto del pago de las comisiones ilegales para favorecer al MDB. La Fiscalía reveló que ese pago fue realizado “a fines de 2014” y que la suma de dinero superaba los 280.000 dólares.

El juez Bretas ordenó la prisión preventiva para Temer y para otras siete personas, incluido el ex ministro de Minas y Energía Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex gobernante y también integrante del MDB. El magistrado emitió además órdenes de detención temporal –de una semana o más– contra dos personas y una orden de búsqueda y captura contra otras cuatro, informó el diario Folha de São Paulo. A la vez, solicitó el registro de las residencias y las empresas de todos los investigados, y de la casa de Maristela Temer, una de las hijas del ex gobernante.

La Fiscalía brasileña solicitó dos veces ante el Supremo Tribunal Federal la apertura de juicios por corrupción contra el ex presidente, pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos. El 1º de enero, Temer dejó el poder y perdió sus fueros, lo que dio pie a que avanzaran las diez causas en las que actualmente está involucrado. El político se convirtió ayer en el segundo presidente en ser detenido en Brasil por casos vinculados a Petrobras, después del arresto de Luiz Inácio Lula da Silva en abril del año pasado.

Minutos después de ser arrestado en su casa de San Pablo, y ante la consulta de un periodista de la radio CBN, Temer dijo que la prisión decretada era una “barbaridad”. Lo mismo manifestaron sus abogados. El MDB lamentó la decisión de la Justicia, y declaró en un comunicado que la investigación demostró que “no hay irregularidades” por parte de Temer y Moreira Franco. El partido de derecha confió en que la Justicia “restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia” y “el derecho de defensa” de los dos dirigentes.

Por su parte, el Partido de los Trabajadores (PT) dijo que espera que las prisiones de Temer y de Moreira Franco “hayan sido decretadas con base en hechos consistentes”, “respetando el proceso legal, y no apenas por especulaciones y delaciones sin pruebas, como ocurrió en el proceso contra Lula y en acciones contra dirigentes” de esa organización política. En un comunicado firmado por su presidenta, Gleisi Hoffmann, el PT también aprovechó para recordar que Temer “asumió la presidencia en un golpe [de Estado] deplorable”, y criticó que su gobierno “llevó a un aumento de la desigualdad y de la miseria”.

“Solamente dentro de la ley se podrá hacer verdadera justicia y castigar a quien cometió crímenes contra la población”, agrega el PT, antes de concluir: “En caso contrario, estaremos ante uno de los espectáculos pirotécnicos que la [operación] Lava Jato practica sistemáticamente, con objetivos políticos y selectivos”.