El fundador de la organización Wikileaks, Julian Assange, continúa en una prisión británica a la espera de que comience el proceso para extraditarlo a Estados Unidos, donde es acusado de “conspiración para infiltrarse en computadoras” del gobierno con el objetivo de obtener información clasificada. El Departamento de Justicia estadounidense aseguró el jueves que el activista se enfrenta a cargos que suponen una pena máxima de cinco años de cárcel, horas después de que el australiano fue detenido en la embajada de Ecuador en Londres.

Sin embargo, el director de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, dijo el viernes a la prensa que la acusación presentada es “sólo una parte de la historia” para facilitar que Reino Unido acepte la solicitud de extradición, y que en el futuro Washington “agregará más cargos”. Hrafnsson advirtió, incluso, que podrían acusarlo de delitos relacionados con el espionaje que supondrían décadas de prisión o incluso la pena de muerte.

El proceso judicial para analizar el caso de extradición comenzará el 2 de mayo, fecha en la que Assange declarará por videoconferencia desde la cárcel ante la Corte de Magistrados de Westminster. Estados Unidos cuenta con un plazo de 65 días para remitir a la Justicia británica toda la documentación relativa a su petición de entrega. En ese tiempo, el equipo legal del activista tendrá la oportunidad de presentar objeciones a los argumentos del Departamento de Justicia estadounidense.

La abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo ayer que su “prioridad” es evitar la extradición. Por eso, en declaraciones al canal británico Sky News, anunció que el fundador de Wikileaks está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si reabren el caso de agresiones sexuales por el que fue acusado en 2012. La investigación, por la que Suecia también pedía la extradición de Assange, se cerró en mayo de 2017, ante la imposibilidad de hacerla avanzar con el activista refugiado en la embajada de Ecuador. Pero en las últimas horas las autoridades suecas dijeron que la supuesta violación por la que estaba siendo investigado el australiano prescribe a mediados de agosto de 2020, por lo que el caso podría volver a activarse.

“Estamos absolutamente felices de responder a estas preguntas [de la Justicia sueca], en caso de que se presenten”, dijo ayer Robinson. Y agregó: “Julian nunca ha estado preocupado por hacer frente a la Justicia británica o la Justicia sueca. Este caso es y siempre ha sido sobre su preocupación de ser enviado frente a la injusticia estadounidense”.

En paralelo, más de 70 parlamentarios británicos enviaron una carta el sábado al gobierno para pedir que dé prioridad a una eventual solicitud de entrega de Assange por parte de Suecia, antes que a Estados Unidos. La carta –que fue firmada por una mayoría de legisladores del opositor Partido Laborista– está dirigida al ministro del Interior británico, Sajid Javid, que es el responsable de determinar qué pedido de extradición se debe priorizar en caso de que haya más de uno. En la carta, los diputados aclaran que no “presumen la culpabilidad” de Assange, pero piden a Javid que defienda a “las víctimas de la violencia sexual” y permita que las acusaciones sean debidamente investigadas.

Unas horas después de la detención del activista, el grupo de hackers que actúa bajo el nombre de Anonymous publicó un video en el que advierte a Reino Unido, Estados Unidos y “todos los que participaron en la captura del fundador de Wikileaks”, que “liberen a Julian Assange o lo pagarán”. En el video, que dura casi cuatro minutos, una persona con la característica máscara que utiliza el grupo asegura que “cada persona poderosa” que haya firmado la orden de retirarle el asilo político a Assange “debería estar temblando, porque la fuerza de internet está a punto de estallar sobre ellos”. Avisa además que “varios activistas del mundo” están “saqueando” al gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno.

Aunque Anonymous no dio más detalles, la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, comunicó el sábado en Twitter que una casilla de correo institucional y la página web de un municipio del país habían sido hackeados. Por otro lado, la Fiscalía General de Ecuador informó sobre el arresto de un ciudadano sueco de 36 años por su posible participación en un “delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos” del país. Según la ministra Romo, el hombre era “colaborador cercano” de Assange y fue detenido cuando pretendía viajar a Japón con valijas repletas de computadoras portátiles, cables USB, dispositivos de almacenamiento de datos USB, teléfonos celulares, adaptadores, conectores de diferentes puertos y tarjetas de crédito.

Mientras tanto, en Ecuador, la decisión de Moreno de retirar el asilo político a Assange enfrentó a quienes apoyan la medida y quienes consideran que fue un acto de “traición” a los principios del movimiento Alianza País, que Moreno llegó a integrar hasta hace menos de dos años y por el cual fue vicepresidente. En este último bando se encuentran el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa y sus simpatizantes.