Este viernes se cumplen dos meses del comienzo del juicio a 12 líderes catalanes por su papel en el proceso independentista de 2017. Los acusados son nueve miembros del antiguo gobierno catalán, la ex presidenta del Parlamento regional y dos líderes de organizaciones independentistas, quienes se enfrentan a penas de hasta 25 años de cárcel por los delitos de rebelión, malversación de fondos, sedición y desobediencia en el marco de la celebración del referéndum del 1º de octubre –que fue prohibido por la Justicia– y la declaración unilateral de la independencia de Cataluña unos días después.

Se cruzan al menos tres interpretaciones distintas de lo que pasó en esos días, y, llegado el momento, todo se reducirá a qué entiende el Tribunal Supremo español por violencia. Los hechos que se analizan son las manifestaciones que se celebraron el 20 y el 21 de setiembre de 2017 para impedir los registros y detenciones de la operación que el gobierno de España ordenó contra la organización del referéndum; y, por otro lado, los actos de resistencia pasiva que se multiplicaron en las afueras de los centros electorales durante la jornada de la consulta.

Lo que marca la diferencia es la motivación que le atribuye a esos hechos cada una de las partes involucradas en el juicio. Para la Fiscalía, tanto la resistencia pasiva como los ataques puntuales de los votantes a los policías son la consecuencia de los llamados a participar en la consulta que hicieron los 12 acusados, aun sabiendo que se produciría un choque violento. Los tres fiscales a cargo sostienen en la acusación que hubo “levantamiento generalizado salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia que se estaba desarrollando con el fin de conseguir la secesión”, y por eso se justifica que sean condenados por el delito de rebelión.

La otra parte acusatoria, la Abogacía del Estado, rebaja la calificación a sedición al entender que el plan consistía en un “enfrentamiento” de la Generalitat y el Parlamento catalán “contra la legalidad constitucional y estatutaria” que contó con el respaldo de organizaciones sociales con el objetivo de “presionar al Estado”. La Abogacía del Estado define además algunos de los episodios ocurridos en esos días con palabras menos fuertes, como “altercados”, “disturbios”, “tumultos” o “incidentes contra el orden público”. Las diferencias de argumentos entre una y otra explican por qué las dos partes acusatorias piden penas distintas.

Por su parte, los abogados defensores recuerdan que los políticos y activistas pidieron actuar siempre desde el “pacifismo”, y rechazan la “causa-efecto” que según los fiscales existió entre el llamado a votar ese día y los incidentes en los centros de votación. De hecho, consideran que los responsables de la violencia son los funcionarios de seguridad. En cualquier caso, aseguran que todo lo que sucedió estaba amparado por el derecho al voto y la libertad de reunión y manifestación.

El Código Penal español exige que para que se cometa un delito de rebelión debe haber un “alzamiento violento y público”. El Tribunal Supremo deberá determinar si los episodios que se desarrollaron en esos tres días –20 y 21 de setiembre, y 1º de octubre– constituyeron hechos de violencia o si, por el contrario, los acusados se estaban defendiendo de la represión policial. Incluso deberá definir si resistir es violencia. La Abogacía del Estado considera que los acusados hicieron un “llamamiento a la ciudadanía” para que se encerrara en los centros y ofreciera “resistencia” a la actuación policial. Para la Fiscalía, directamente, los policías y guardias civiles fueron recibidos con “actos de violencia”, y algunos terminaron “lesionados”.

El martes 2 fueron llamados a comparecer en el juicio varios integrantes de la Guardia Civil que actuaron en 17 pueblos catalanes el día del referéndum, enviados por el gobierno español para evitar que se llevara adelante la consulta. Sus testimonios serán cruciales para la definición del Tribunal Supremo sobre la violencia. Uno de ellos detalló que el 1º de octubre recibió “una patada brutal en la cabeza” y por eso detuvo a un votante. También testificaron un guardia civil que dijo que debió faltar a trabajar por una “inflamación testicular” después de que un votante le diera una patada, uno que fue agredido con un juego de llaves que le golpeó en la frente y otro que dijo que tuvo un “leve sangrado” cuando le lanzaron una moneda. El resto de las lesiones que se reportaron son hematomas o contusiones por patadas, golpes o forcejeos con los votantes para acceder a los centros de votación. En todos los centros, además, los guardias relataron “intimidación ambiental” en forma de insultos y amenazas. Para la Fiscalía, todo esto conforma el conjunto de elementos de la rebelión en cuanto implica un “alzamiento violento” de votantes contra policías en los centros electorales promovido por los políticos para lograr la declaración unilateral de la independencia.

Los abogados defensores consideran que las lesiones son superficiales y que la mayoría son compatibles con la acción policial, aunque para reforzar la postura esperan el informe forense que se analizará durante la prueba pericial del juicio.

Un informe británico sobre la violencia en Cataluña

En las últimas horas se dieron a conocer los detalles de un informe pericial propuesto en el juicio por la defensa de uno de los acusados –Jordi Cuixart, el presidente de la organización Òmnium Cultural–, que tira abajo la tesis de la Fiscalía y que fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia. En el documento, al que tuvieron acceso el periódico digital eldiario.es y el británico The Times, dos ex mandos de la Policía Metropolitana de Reino Unido aseguran que la movilización del 20 y el 21 de setiembre fue “pacífica” y que si hubo forcejeos fue porque faltó “comunicación” y “planificación” por parte de la Guardia Civil y los Mossos D’Esquadra (la Policía regional catalana).

El informe también analiza lo que sucedió el 1º de octubre de 2017 en los centros de votación. Los expertos califican la actitud de los votantes en términos de “resistencia pasiva” y “sin violencia”. Sólo resaltan que en un local de Tarragona los concentrados “lanzaron piedras” a los funcionarios de la Guardia Civil y “atacaron a los vehículos”. Sobre la actuación policial, afirman que la Policía y la Guardia Civil combinaron actuaciones “efectivas” y “exitosas” con el “uso indiscriminado, violento y desproporcionado” de la fuerza. Esta disparidad se debe, según los peritos, a la “ausencia de instrucciones claras” de sus superiores.

Por último, los expertos británicos hacen un cálculo: concluyen que para cumplir la orden de impedir el referéndum independentista habrían sido necesarios 90.000 funcionarios de seguridad. El 1º de octubre actuaron 13.800, entre mossos, policías y guardias civiles.