Con el voto a favor de cuatro de sus cinco integrantes, la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil determinó la reducción de la pena que cumple el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva por el caso del tríplex de Guarujá. La redujo de 12 años y un mes de prisión a ocho años, diez meses y 20 días. El fallo judicial de ayer podría permitirle además al líder del Partido de los Trabajadores cambiar sus condiciones de reclusión.

El dirigente político está preso en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, la capital del estado de Paraná, desde el 7 de abril de 2018, y sobre él pesa además otra condena a 12 años de cárcel –acusado de ser el dueño de una propiedad situada en la localidad paulista de Atibaia–. Sin embargo, esta última condena fue dictada sólo en primera instancia, todavía no ha sido confirmada en una segunda o tercera. Con la reducción de la pena dispuesta ayer, la defensa del ex presidente podrá pedir un régimen de prisión semiabierto o de prisión domiciliaria en setiembre o en octubre, cuando Lula haya cumplido aproximadamente un sexto de la pena, informó O Globo.

El ministro Félix Fischer fue el encargado de presentar ante el tribunal el recurso de los defensores del ex presidente brasileño, que solicitaron la nulidad completa de la condena y consideran que el proceso judicial tiene vicios de origen. Señalan que la condena se sustentó en delaciones de arrepentidos en lugar de pruebas fehacientes.

La posición de Fisher a favor de reducir la condena contó con el apoyo de los integrantes del TSJ, los ministros Reynaldo Soares, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas y Jorge Mussi, quienes además estuvieron de acuerdo en reducir la multa de reparación de 29 millones de reales –algo así como siete millones de dólares– a unos dos millones y medio –612.000 dólares–, que es aproximadamente el valor en el que está tasado el apartamento de Guarujá.

En 2017 el entonces juez Sérgio Moro, impulsor de la operación Lava Jato y actual ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Jair Bolsonaro, condenó en primera instancia a Lula por corrupción y lavado de dinero. Consideró que el ex presidente brasileño era propietario de un apartamento en el balneario paulista Guarujá y que lo había recibido como soborno, incluso a pesar de que reconoció que no pasó ni una noche en el inmueble, del que nunca tuvo título de propiedad.

En 2018 nuevos documentos confirmaron que el ya condenado Lula no era dueño del inmueble, el cual fue entregado como garantía por la empresa constructora OAS a cambio de beneficios en contratos con la empresa petrolera Petrobras.

En la sentencia de primera instancia Lula fue condenado por Moro a nueve años y seis meses de prisión, pero la pena fue aumentada por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), segunda instancia de la Justicia Federal, a 12 años y un mes. Luego de analizar los recursos presentados por la defensa de Lula, los integrantes del TSJ consideraron ayer que la pena fue elevada en forma desproporcionada por el TRF4.

Ayer, durante la argumentación de su voto, el ministro Mussi dijo que Lula, como presidente de Brasil, “controló todas las actitudes de las acciones delictivas cometidas”, aunque se manifestó de todas maneras a favor de reducir la pena.

Si bien este fallo abre la posibilidad de que Lula pueda dejar la prisión en la que se encuentra, esto no está garantizado. Así lo manifestó el abogado penal Fernando Hideo, profesor de Derecho Procesal Penal de la Escuela Paulista de Derecho. Consultado por la revista Fórum, Hideo dijo que la reducción de la pena del ex presidente por el caso del apartamento de Guarujá constituye “simplemente una farsa más contra Lula, porque el calendario de progresión para acceder al régimen de prisión semiabierto es paralelo al enjuiciamiento por el caso de la casa de Atibaia por parte del TRF4, lo que dará origen a otra condena a prisión”.

“Sólo existe un escenario posible: Lula seguirá preso. Porque todo el caso no se basó en la justicia, sino que se trató de una persecución política. La libertad de Lula no depende del derecho sino de las fuerzas políticas y económicas que se burlan de la soberanía popular. Este proceso penal excepcional es la reedición contemporánea de la represión tradicionalmente dirigida hacia las clases populares, que hoy se vuelca contra su mayor líder político”, dijo Hideo.

En las primeras horas de la noche se conocieron reacciones de Lula, quien siguió la decisión del TSJ desde su prisión acompañado por Emidio de Souza, diputado estadual petista de San Pablo. Según contó De Souza, luego de conocer la decisión de los ministros del tribunal, el ex presidente no celebró y dijo que “redujeron una pena que no tendría que existir”. Lula reafirmó su inocencia y dijo que “será liberado políticamente por la lucha del pueblo brasileño”. El diputado De Souza manifestó que Lula considera el dictamen de ayer “un capítulo más de la farsa que fue diseñada desde la investigación y que siguió en las acusaciones, tanto en la primera como en la segunda instancia”.