La jornada de este martes –previa al 1º de mayo– estará signada en Argentina por el paro de actividades impulsado por los principales sindicatos del país y por decenas de organizaciones sociales bajo la consigna “No nos queda otro camino. Plan de lucha. Paro General. La política económica debe cambiar”.

Las columnas de los diversos colectivos convocantes a la movilización confluirán mayoritariamente sobre las 13.00 en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, un claro mensaje hacia el gobierno que encabeza Mauricio Macri, que está pasando horas díficiles, particularmente por la compleja situación económica y financiera en la que se encuentra el país, lo cual parece estar comprometiendo las posibilidades de reelección en los comicios de octubre del actual mandatario, líder de la coalición Cambiemos. Pero este martes desde el gobierno se lanzaron frases desafiantes hacia los impulsores del paro. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló luego de la reunión de gabinete que presidió Macri y denunció la quema de cuatro ómnibus y el ataque a otro, episodios a los que tildó de “cuasi terroristas” y dijo que constituyen “el verdadero riesgo país”.

“Esto es contra lo que nosotros luchamos”, afirmó la jerarca, quien agregó que el gobierno “no va a aceptar ningún tipo de actitud de corte de calle o ruta” y que habrá “un gran operativo en la calle” para garantizar “la seguridad de todas las personas que mañana quieran trabajar”. Durante la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Producción, Dante Sica, Bullrich mostró fotos de los ómnibus incendiados y dijo que “estamos viendo actitudes mafiosas. No se puede encarar un paro incendiando colectivos para generar caos y miedo. Las mafias ya están actuando”.

Las declaraciones de Bullrich fueron rápidamente respondidas por el ex secretario general de la Confederación General del Trabajo Hugo Moyano, quien en declaraciones a Radio 10 dijo que desde la administración Macri “tratan de impulsar sanciones y multas a los gremios. La lucha es siempre para los que no están dispuestos a retroceder por amenazas”. El líder gremial de los camioneros dijo además que “el gobierno, a través de la ministra Bullrich, va a intentar alguna provocación para justificar una represión”, y aseguró, desafiante, que “en ese caso actuaremos en consecuencia”.

Pero mientras Macri espera y analiza los posibles alcances que puede tener el paro, que se presume que será uno de los más grandes en muchos años, el Banco Central argentino anunció ayer un cambio de condiciones en su política para combatir la suba del dólar, que la semana pasada llegó a valer 47 pesos. Con la anuencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) –entidad que le otorgó al vecino país un enorme préstamo que en total asciende a 56.000 millones de dólares para paliar su situación financiera–, las autoridades del Banco Central eliminaron la zona de intervención cambiaria convenida inicialmente. Ahora la entidad podrá vender dólares de las reservas a quienes se lo demanden antes de que la divisa llegue a valer 51 pesos, según informó el portal Tiempo Argentino.

La decisión fue respaldada por el FMI: “El Banco Central de Argentina introdujo hoy importantes medidas para abordar la reciente volatilidad del mercado financiero y del tipo de cambio. Apoyamos estas medidas, que están adecuadamente calibradas para los desafíos que enfrenta la Argentina”, sostuvo Gerry Rice, vocero del FMI, a través de su cuenta de Twitter.

Paralelamente a las movilizaciones sociales y a las medidas del gobierno, ayer se dieron a conocer datos alarmantes respecto de la pobreza infantil que se registra en el país vecino.

Un estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el porcentaje de niños y adolescentes de hasta 17 años doblemente pobres –por pertenecer a hogares con ingresos insuficientes y por estar privados de al menos un derecho básico– aumentó de 37,1% en 2017 a 41,2% en 2018.

De acuerdo a los datos que emergieron de la investigación, actualmente 63,4 de cada 100 niños y adolescentes están privados del ejercicio de un derecho, 51,7% vive en hogares pobres en términos monetarios y de cada 100, 41,2 suman la doble condición de carecer de ingresos y al menos de un derecho.

Los investigadores de la entidad universitaria indicaron como principal motivo de este proceso “el significativo incremento de la pobreza económica entre quienes ya tenían carencias en dimensiones de derechos”.