La Cámara de Senadores aprobó este martes, por unanimidad, el proyecto de ley contra el terrorismo. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo a fines de 2016, fue modificada por la Comisión de Asuntos Internacionales, a pedido de la bancada del Frente Amplio (FA), para darle mayor agilidad a su tratamiento. Los legisladores del oficialismo plantearon que se tenía que aprobar con urgencia, ya que una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se encargará de evaluar a Uruguay en materia de cooperación en la lucha contra el terrorismo, arribará al país en los próximos días.

El miembro informante fue Rubén Martínez Huelmo (FA), quien expresó que Uruguay tiene un “fuerte compromiso” en la lucha contra el terrorismo. Señaló que existen ciertas “carencias legislativas” que fueron advertidas tanto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como por el GAFI, y que la iniciativa se propone subsanarlas. Si bien el proyecto de ley fue simplificado en relación con el original, Martínez Huelmo evaluó que con esta iniciativa se estará dando un paso importante para ponerse a tiro con la materia.

Pablo Mieres, del Partido Independiente, recalcó que se hizo un trabajo “muy positivo” para dar una respuesta a tiempo, pero cuestionó la velocidad con la que se tuvo que analizar la iniciativa. “Arribamos a una solución que esperamos sea suficiente y nos evite que el país quede en una posición internacional que nos afecte. De todas formas, nos deja esa sensación negativa de que no deberíamos haber votado apurados”, comentó.

El senador Marcos Otheguy (FA) explicó a la diaria que el proyecto incluye una “delimitación” del delito de terrorismo y de la pena correspondiente, y expresó que es optimista acerca de que eso sea suficiente para el examen del organismo internacional. Día atrás, el titular de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, Daniel Espinosa, consideró que esta iniciativa no será suficiente.

Otheguy acotó que en muchos países se tipifican con más detalle una serie de acciones como terroristas y se establecen sus penas, pero que “para implementar un proyecto de ley de esas características hay que modificar el Código Penal”, y esto implicaría una “discusión más compleja”. “El texto recoge las recomendaciones que nos hicieron los organismos internacionales y esperamos que nos permita no entrar en una lista gris de países que no cooperan con la lucha antiterrorista, pero no podemos anticiparnos”, concluyó.