La ex presidenta argentina Cristina Fernández y otras 12 personas, ex funcionarios y empresarios, comenzarán a ser juzgadas al mediodía de este martes por el Tribunal Federal Número 2 en una causa que investiga la supuesta adjudicación irregular de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La semana pasada la Corte Suprema de Justicia había solicitado el expediente para examinar detalles de la causa –lo cual eventualmente podría haber demorado el inicio del juicio–. Sin embargo, la airada reacción por parte de varios altos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri llevó a los integrantes de la Corte a devolver el expediente con celeridad, aclarando que su pedido no tenía efectos suspensorios sobre “el juicio oral en trámite”.
Las críticas del gobierno
El propio Macri dijo en un acto: “Queremos trabajo, no impunidad”. Horas antes, su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, manifestó: “Parece que no quieren que se realice el juicio a Cristina”. También dirigentes de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica, aliados del macrismo, cuestionaron a la Corte Suprema.
En el juicio, el papel de querellantes lo ocuparán dos organismos que dependen del gobierno argentino: la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Según informó el diario Tiempo Argentino, la defensa de los imputados planteará, aun antes de la lectura de las acusaciones, una serie de pedidos de nulidad. Un asunto que se ha debatido mucho en los últimos días es que el peritaje de cinco de las 51 obras públicas en cuestión ni siquiera está concluido, ni lo estará hasta agosto o setiembre.
Los fueros y el futuro político
En esta causa, una de las varias que enfrenta, Cristina Fernández está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, y podría recibir una condena de hasta diez años de cárcel.
El juicio durará no menos de nueve meses y, probablemente, más de un año y contará con la presencia de 160 testigos, entre ellos Alberto Fernández, el precandidato a la presidencia que tendrá a la ex mandataria como compañera de fórmula. Una eventual condena sería solo el punto inicial de un largo proceso judicial que le permitiría continuar haciendo política y ocupando cargos públicos.
Un fallo de primera instancia no impediría que Fernández sea candidata en las elecciones de octubre de este año, así fuera emitido antes de su realización. Si no es la fórmula de la ex presidenta la que gane las elecciones, ella igual estaría cubierta por fueros, ya que es senadora desde 2017 y tiene mandato hasta 2023, año en el que puede presentarse a la reelección.