El ex presidente peruano Ollanta Humala, que gobernó de 2011 a 2016, y su esposa, la dirigente política Nadine Heredia, son los principales acusados por el fiscal Germán Juárez, que investiga una red de corrupción en Perú. Esta semana, Juárez formalizó su acusación contra ambos por sospechas de que cometieron el delito de lavado de activos al recibir fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y de la minería ilegal para las campañas electorales de 2006 y 2011.
Según informó el diario La República, el fiscal solicitó 26 años y seis meses de cárcel para Heredia y 20 años de prisión para Humala. La acusación también alcanza a otros diez integrantes del Partido Nacionalista Peruano, del que los dos fueron líderes.
Luego de cuatro años de investigación, Juárez presentó la acusación en contra de ambos dirigentes y de un grupo de personas sospechosas de intervenir en el ocultamiento de más de tres millones de dólares entregados por Odebrecht, así como de otros ingresos que según esta hipótesis podrían provenir del gobierno venezolano.
Parte de esos fondos, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ingresaron a las cuentas del Partido Nacionalista Peruano, y otra parte se sumó al patrimonio de la pareja de Humala y Heredia. Juárez considera que el dinero que recibieron los dos políticos de Odebrecht y otras fuentes tiene una procedencia ilícita, y que ellos no podrían haber desconocido esto.
Además, la Fiscalía solicitó la disolución del Partido Nacionalista Peruano –que actualmente no cuenta con representación parlamentaria–, pero las bancadas de Fuerza Popular, Cambio 21, Concertación Parlamentaria, Peruanos por el Kambio y Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) suscribieron ayer un pronunciamiento en el que rechazan el pedido: “Las organizaciones políticas, representadas en las bancadas firmantes, expresamos nuestra preocupación y rechazo contundente por el pedido fiscal de disolución del Partido Nacionalista”.