El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acusó ayer a siete diputados de delitos vinculados con su participación en la denominada Operación Libertad, intento de tomar el poder por la fuerza que impulsó el 30 de abril el dirigente opositor Juan Guaidó para desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro. La resolución judicial, que fue dictada en respuesta a una solicitud del fiscal general venezolano, Tarek Saab, estableció que los diputados tienen responsabilidad “en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones” e “instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”. Aclara que “por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes”, el enjuiciamiento de los acusados “corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal”.
Para esto último, el TSJ pidió a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que les quite a los legisladores la inmunidad parlamentaria, algo a lo que esa institución accedió pocas horas después. Los acusados son Henry Ramos Allup –el ex titular de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano–, Luis Florido, Mariela Magallanes, Américo de Grazia, Richard Blanco, Simón Calzadilla y Andrés Delgado.
La decisión llega unos días después de que, con los mismos argumentos, la Justicia ordenó el procesamiento del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, y la detención del líder opositor Leopoldo López, que se encuentra refugiado en la residencia del embajador español en Caracas.
La Asamblea Nacional, el parlamento de mayoría opositora, rechazó de inmediato la decisión del TSJ. “Ante amenazas en contra de la Asamblea Nacional y sus diputados, alertamos a Venezuela y al mundo a estar activos y atentos a próximas acciones que tomaremos en defensa de nuestra libertad. ¡Seguimos unidos y movilizados!”, proclamó, en un comunicado.
Mientras tanto, en Costa Rica, el Grupo Internacional de Contacto, conformado por países de la Unión Europea (UE) y América Latina, anunció que enviará a Venezuela una “misión de alto nivel” en busca de “una solución pacífica y democrática a la crisis política”. El canciller costarricense, Manuel Ventura, dijo después de la reunión del grupo que el objetivo principal de la misión será “reunirse con las partes involucradas en el conflicto con el propósito de seguir avanzando para que se puedan realizar lo antes posible unas elecciones creíbles”.