Tras la polémica generada por la divulgación de un spot publicitario de Presidencia en el que se asegura que Uruguay es “el país de América Latina que reparte más equitativamente los ingresos”, el prosecretario de esa institución, Juan Andrés Roballo, aseguró que el gobierno hizo esto en cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
“En uruguayo: somos el país que mejor reparte la torta”, decía el video, que fue publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación de Presidencia el 26 de mayo.
El mismo día, el precandidato frenteamplista Daniel Martínez replicó el discurso y dijo durante un acto que el Frente Amplio había sido “el mejor a la hora de repartir la torta”.
El spot generó críticas del grueso de los precandidatos de la oposición, que cuestionaron a Presidencia por intervenir abiertamente en la campaña con dineros públicos en favor del Frente Amplio. El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que “notoriamente el gobierno tiene que salir a decir lo que la gente no percibe”, mientras que su par colorado Julio María Sanguinetti sostuvo en declaraciones recogidas por El País que existe “un aluvión de propaganda que bajo el rótulo de información está constantemente intentando un adoctrinamiento en pleno período electoral”.
Según Roballo, la difusión del spot no se trata sólo de una “obligación ética, sino también legal”. “La Ley de Acceso a la Información Pública obliga al Estado a proporcionar información no sólo cuando se solicita, sino a través de este tipo de organismos, que se llama transparencia activa”, expresó. El jerarca aseguró que el objetivo del spot no es otro que “visitar los sitios web del Estado para que la gente conozca cuáles son sus derechos y los pueda ejercer”. Al final del video se puede ver un link al sitio web del Gobierno de Cercanía.
En cuanto a las referencias al reparto de la torta, Roballo dijo que si bien en la década de los años 90 el país creció, también lo hizo la concentración de la riqueza. “Ahí gobernaron los partidos a los que pertenecen las personas que reaccionaron de esta manera”, dijo respecto de las críticas. En cambio, destacó que en los últimos tres gobiernos [del FA] “se creció ininterrumpidamente” a la vez que “se redistribuyó de una manera mucho más eficiente”. “Tiene que ver con la aplicación de políticas públicas, y esas cosas no pasan espontáneamente”.
¿Por qué la ley?
El presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Daniel Lema, dijo que el gobierno tiene “derecho a difundir lo que hace”, pero no está especialmente obligado a este tipo de comunicaciones por la Ley de Acceso a la Información Pública, y recordó que formalmente son dos instancias que existen para que el Ejecutivo haga una devolución de su actuación ante la ciudadanía: la Memoria Anual y la Rendición de Cuentas.
“Me llama la atención que [Roballo] apelara a eso. No digo que esté mal, pero no es necesario usarla como argumento, y más cuando falta rendir en otros aspectos”, dijo Lema. El presidente de Cainfo recordó que en materia de transparencia activa el cumplimiento de los organismos públicos apenas ronda el 50%. “Al Estado le sigue faltando” en esta área, aseguró. Según dijo, en algunas dependencias estatales aún cuesta mucho hacer cumplir con la ley, y sería bueno trabajar en una “reforma” de su redacción “para hacerla mucho más efectiva”.