En medio de la crisis política y jurídica que lo tiene como protagonista central, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, comunicó su disposición de ir al Senado a dar explicaciones luego de la revelación de las filtraciones que mantuvo cuando era juez del caso Lava Jato con los fiscales, particularmente con quien encabezaba la unidad de investigación, Deltan Dallagnol. Con esta iniciativa Moro pretende enfriar el clima en el Congreso, donde se está tramitando la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el caso, para esclarecer posibles irregularidades en su desempeño como juez.

También ayer Moro se reunió por primera vez con el presidente Jair Bolsonaro luego de la divulgación de las conversaciones, publicadas por el sitio The Intercept.

Según consignó Folha de São Paulo, ambos hablaron durante 20 minutos en el Palacio de la Alvorada –la residencia de los mandatarios brasileños– y posteriormente participaron en una actividad pública en una base de la Marina, en la que se conmemoró el 154º aniversario de la batalla de Riachuelo, ocurrida en el marco de la Guerra de la Triple Alianza.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que salió en defensa de su titular. “El ministro realizó todas las ponderaciones al presidente, que comprendió las cuestiones que envuelven el caso”, dice el comunicado, en el que también se agrega que el ministro Moro “rechazó la divulgación de posibles conversaciones privadas obtenidas en forma ilegal y explicó que la Policía Federal está investigando la acción criminal”.

Por su parte, el presidente Bolsonaro evitó referirse públicamente al tema. Incluso, durante una conferencia de prensa que brindó de tarde, contestó cuatro preguntas sobre la reforma de la previsión social, pero cuando fue interrogado por la filtración de las conversaciones de Moro con Dallagnol, finalizó abruptamente el contacto con los periodistas. Según informaron medios brasileños, el entorno más próximo del presidente le pidió que sea extremadamente prudente con este tema, teniendo en cuenta que es muy probable que en los próximos días se den a conocer nuevas filtraciones.

El que sí se expresó, desde su presidio en la superintendencia de la Policía Federal, en la ciudad de Curitiba, fue el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estuvo reunido durante dos horas con José Roberto Batochio, uno de sus abogados. Según expresó el jurista luego del encuentro, Lula sabía de la colaboración entre Moro y los fiscales del Lava Jato, pero se mostró “sorprendido” por el grado de complicidad en la relación entre ambas partes que quedó expuesta en los audios filtrados.

“La verdad puede enfermarse, pero nunca muere”, afirmó Lula, según dijo su abogado. Otro jurista que estuvo ayer con Lula fue Cristiano Zanin, que dijo que el contenido de las conversaciones hechas públicas confirman lo que él y otros abogados del ex mandatario vienen afirmando desde hace mucho tiempo. “Lula no tuvo derecho a un juzgamiento imparcial. Hubo una absoluta falta de imparcialidad y equidistancia de las partes”, afirmó Zanin, cuyas declaraciones recogió la revista Fórum.

También se expresaron sobre el caso altas autoridades de la Justicia brasileña. El ministro Gilmar Mendes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), afirmó este martes que el hecho de que las filtraciones divulgados por The Intercept hayan sido obtenidos de manera ilegal “no necesariamente” anulan las pruebas que derivan de ellas.

“No necesariamente se anula, porque si mañana una persona que fue condenada, por ejemplo, de un asesinato, y se descubre mediante una prueba obtenida de manera ilegal que él no es el autor del crimen, se considera en general que esa prueba es válida”, aseguró el magistrado, citado por Folha.

Paralelamente al escándalo generado por la divulgación de las conversaciones entre Moro y los fiscales, la Justicia brasileña sigue tratando la eventual puesta en libertad de Lula, y en ese sentido este martes la Segunda Cámara del STF decidió enviar para análisis del plenario de toda la corte el pedido de libertad para aquellos que fueron condenados a prisión por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, uno de los cuales es el ex presidente Lula.

Los ministros Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y Edson Fachin consideraron que el tema es de índole constitucional y que por ello debe ser decidido por los 11 integrantes del STF y no sólo por esta cámara conformada por cinco ministros.