Filtraciones de conversaciones entre Moro y fiscales del Lava Jato siguen generando repercusiones

Aún es pronto para saber el alcance que tendrá la onda expansiva del caso que actualmente capta la mayor atención dentro de la agenda política brasileña: la revelación de una serie de conversaciones e intercambios de mensajes entre el entonces juez Sérgio Moro –actual ministro de Justicia y Seguridad Pública del gobierno de Jair Bolsonaro– y varios fiscales de la operación Lava Jato, con la finalidad de interferir políticamente para encarcelar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero el hecho ya comenzó a generar movimientos de todo tipo, tanto en el ámbito político como en el judicial.

En la mañana del lunes, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), José Antonio Dias Toffoli, se reunió en Brasilia con los presidentes da la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, para tratar el tema de las filtraciones de las conversaciones entre Moro y los fiscales, que fueron divulgadas en la noche del domingo por el sitio The Intercept.

Según las escuchas realizadas durante varios años a las que accedieron los profesionales de este portal informativo, Moro orientó, brindó directivas y promovió operaciones dentro de la causa del Lava Jato en conversaciones que tuvo con los fiscales utilizando la aplicación Telegram. El fiscal más nombrado en las filtraciones es Deltan Dallagnol, quien fue el coordinador de la unidad de investigación que terminó con el encarcelamiento de Lula, quien permanece en prisión desde abril del año pasado en una dependencia policial en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná. De acuerdo a lo que informó O Globo, durante el encuentro entre Dias Toffoli, Maia y Alcolumbre quedó claro que se está ante una “crisis”. Además, los tres jerarcas coincidieron en que ven como altamente probable la conformación de una comisión parlamentaria de investigación para estudiar el caso.

Según trascendió, una de las principales preocupaciones de los legisladores que defienden la agenda económica del gobierno es que no se detenga la actividad en el Congreso, particularmente la reforma de la previsión social, principal estandarte de la política económica de la administración Bolsonaro que lidera el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Por otro lado, los legisladores opositores al actual gobierno quieren usar el caso para desgastar la figura de Moro, quien llegó al cargo de ministro con un aura de adalid anticorrupción al dejar al descubierto los ilícitos económicos del enorme entramado delictivo que es, más allá de las opiniones, el Lava Jato. De acuerdo a lo que informó Folha de São Paulo, citando a un legislador al que no identificó: “Moro ya no es juez, es ministro, y los ministros deben dar explicaciones al Parlamento por sus hechos”.

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Otra consecuencia directa que tendría el caso es que Moro difícilmente pueda acceder, tal como están las cosas actualmente, a un puesto en el STF, al que podría haber llegado por indicación del gobierno de Bolsonaro.

Por su parte, ni bien se enteraron de las filtraciones y de la operación supuestamente orquestada por Moro y los fiscales, los abogados que representan legalmente a Lula salieron a defender al ex mandatario y pidieron su inmediata liberación.

De acuerdo a lo que informó la revista Fórum, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira Martins, abogados del líder del Partido de los Trabajadores, afirmaron mediante un comunicado que las conversaciones divulgadas demostraron una actuación conjunta entre Moro y los fiscales con el objetivo preestablecido y con la clara motivación política de procesar, condenar y quitarle la libertad a su defendido.

“Nadie puede tener duda de que los procesos contra el ex presidente Lula están corrompidos en término de las violaciones a las garantías fundamentales y la negativa de derechos”, afirmaron en el comunicado los juristas, quienes además solicitaron de forma “urgente” la libertad del ex mandatario. En el texto se establece también que Lula “no cometió ningún crimen y es víctima de un lawfare, que consiste en la manipulación de las leyes y de los procedimientos jurídicos con el fin de una persecución política”.

Preguntas, certezas y silencios

Una de las interrogantes que surgieron ni bien se conoció la noticia acerca de las filtraciones de las conversaciones fue cómo accedieron a ellas los periodistas de The Intercept. Una de las posibles respuestas es que uno de los autores de la investigación es el periodista estadounidense Glenn Greenwald, quien trabajó en el diario inglés The Guardian y fue uno de los periodistas que ganó el premio Pullitzer en 2014, luego de dejar al descubierto información reservada de la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos, gracias a datos filtrados por el agente informático Edward Snowden.

Pocos años después de este hecho, Greenwald fundó el sitio The Intercept, que tiene una versión internacional y una brasileña, y comenzó a funcionar durante el proceso de impeachment que terminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Greenwald vive parte del año en Brasil, ya que está casado con el diputado federal David Miranda, integrante del Partido Socialismo y Libertad.

En medio del escándalo que se generó, sorprendió que no se expresara sobre el tema el presidente Bolsonaro, un asiduo usuario de Twitter. Habituado a utilizar esta red social para enviar mensajes y para publicitar acciones de su gobierno, el mandatario en este caso prefirió llamarse a silencio. El portavoz presidencial, el general Otávio Rêgo Barros, informó ayer que Bolsonaro no va a pronunciarse sobre el tema por el momento. Según dijo Barros, el presidente esperará el retorno de Moro a Brasilia para hablar del tema, algo que en principio sucederá hoy.

Ayer Moro estuvo en Manaos, capital del estado de Amazonas, participando en un evento con secretarios de seguridad pública de todo el país. Interrogado sobre el tema, el ex juez quitó importancia a las informaciones reveladas el domingo. “Yo no puedo decir que esas conversaciones son auténticas porque son cosas que ocurrieron años atrás. No tengo más esos mensajes. No los guardé ni tengo registro de ellos”, afirmó Moro, quien dijo que lo que sí existe “es una invasión criminal a los celulares. Para mí eso es un hecho bastante grave, que haya existido esa invasión y su posterior divulgación. En cuanto al contenido, en lo que respecta a mi persona, no encuentro nada extraño”, afirmó el ministro. Refiriéndose al caso, Moro afirmó que los vínculos entre los jueces, fiscales, abogados y policías son comunes. “Los jueces hablan con los fiscales, con los abogados, con los policías. Eso es algo normal”, afirmó el ex juez.

El mismo domingo, horas después de que se conociera el informe de The Intercept, Moro emitió un comunicado en el que calificó las conversaciones que se le atribuían a él y a Dallagnol de “supuestos mensajes” y afirmó que estos fueron “sacados de contexto”. Además, a su entender, “no se vislumbra ninguna anormalidad o direccionamiento de mi actuación como juez”.

Ayer también se expresó sobre el tema el vicepresidente Hamilton Mourão, quien dijo que “una conversación privada es una conversación privada”. El general dijo también: “El ministro Moro es una persona de confianza del presidente y una persona que tiene en Brasil un respeto enorme por parte de la población, si nos guiamos por las encuestas acerca de su popularidad”. Mourão dijo durante su breve contacto con los medios en Brasilia que estuvo con Bolsonaro, pero negó que haya hablado con él sobre este tema.