Chan Tong-kai, de 19 años, viajó a Taiwán con su novia, Poon Hiu-wing, de 20. Durante el viaje ella le confesó que el bebé que estaba esperando era de su ex novio. Chan se indignó y la asesinó, para luego volver a su país, Hong Kong, según confesó ante la Policía. El delito se cometió en Taiwán, pero la falta de un acuerdo de extradición entre ese país y Hong Kong impidió que Chan fuera entregado para ser juzgado. En Hong Kong sólo se lo pudo condenar por robo y receptación, porque tenía la tarjeta de crédito de quien era su novia, pero en octubre será liberado por haber cumplido la pena. Este caso emblemático es utilizado por el gobierno de Hong Kong para defender un proyecto de ley para habilitar las extradiciones a Taiwán, pero también a Macao y a China. Fue este último punto el que encendió todas las luces de alarma: en 1997 Reino Unido devolvió a China el territorio de Hong Kong, pero con la condición de que se respetara su autonomía, que ahora se ve amenazada.
La nueva ley, aseguran quienes se oponen a su aprobación, permitirá eventualmente a China aplicar indirectamente sus reglas, en particular la represión a los disidentes, solicitando la extradición de aquellas personas a las que considere críticas. Sin embargo, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, asegura que es necesario aprobar este proyecto para que no lleguen a este territorio delincuentes que huyen de la Justicia de otros países. Desde el domingo miles de personas han salido a las calles para protestar contra el proyecto de ley y para hoy están convocados un paro general, una huelga de hambre y una sentada frente a la sede del Poder Legislativo.