Dejando muy atrás a dos connotados colegas usuarios de Twitter como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, el presidente salvadoreño Nayib Bukele –quien asumió su mandato el sábado– en muy pocos días comunicó por esta vía una enorme cantidad de medidas, incluyendo decenas de destituciones de funcionarios públicos, además de otras decisiones con un claro carácter simbólico.
Bukele –de 37 años de edad, el presidente más joven de América Latina, quien maneja un alto perfil mediático– es el primer mandatario de la nación centroamericana desde el final de la guerra civil que asoló al país entre 1979 y 1982 que no pertenece a la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ni al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sector este último en el que militó hasta 2017.
Situándose en el centro del espectro político, el mandatario captó el voto popular –ganó las elecciones de febrero en primera vuelta al obtener 53% de los sufragios– y, enarbolando la bandera de la renovación, comenzó su gobierno fiel a esa idea, intentando resolver los principales problemas del país: la retracción de la economía, la educación, el pauperizado sistema de salud y los altos índices de criminalidad.
“Un logro de nuestro Gobierno es que encontramos la ‘Fábrica de Empleos’. Lastima que la vamos a desmantelar”, afirmó en un tuit Bukele el martes, pero ya antes y también después el mandatario de origen palestino comunicó por medio de la red social muchas medidas, la mayor parte de ella destituciones de funcionarios públicos vinculados al anterior partido de gobierno, el FMLN, y particularmente de parientes directos del presidente saliente, Salvador Sánchez Cerén.
“Se le ordena a la Ministra de Relaciones Exteriores remover de su cargo en la Dirección General de Desarrollo Social, a Dolores Iveth Sánchez, hija del ex Presidente Sánchez Cerén. No contrate reemplazo, pase su salario de $2.645.64 dólares a ahorro institucional”, tuiteó este miércoles Bukele, apegado a esta nueva modalidad inédita de gobierno digital, que suma tanto adeptos como detractores.
Pero una de las primeras medidas emblemáticas que ordenó Bukele –a la que no en vano dejó en su cuenta como tuit fijo– fue la destitución de Jorge Meléndez, quien hasta el lunes se desempeñaba como titular de la Dirección General de Protección Civil. Según el presidente, Meléndez es el autor material del homicidio del poeta y revolucionario Roque Dalton, ocurrido en 1975 en el marco de un conflicto interno del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los sectores que terminarían conformando el FMLN en 1980.
En su defensa, Meléndez afirmó el martes, durante una conferencia de prensa, que ya hubo un proceso judicial abierto en su contra por este caso, en el cual se decretó su inocencia. El ex guerrillero sostuvo, por tanto, que el señalamiento de Bukele hecho en Twitter se convierte en una “condena”, sin antes haber sido esclarecido el asesinato de Dalton. Pero contrastando esta visión, uno de los hijos de Dalton, Juan José, afirmó en una entrevista con Radio Francia Internacional este miércoles que “para la familia fue un motivo de satisfacción saber de la orden dada por el presidente Nayib Bukele”, y agregó que cuando Meléndez fue contratado por el gobierno anterior, “para nosotros fue un motivo de mucha contradicción, tomando en cuenta el cargo que ese hombre tenía, conociendo sus antecedentes, de que es asesino confeso, junto a Joaquín Villalobos, de Roque Dalton”.
En la entrevista con el medio francés, Juan José Dalton también se congratuló de otra de las medidas tomadas por Bukele en sus primeros días como presidente, que fue mandar borrar el nombre de un cuartel militar del teniente Domingo Monterrosa, a quien la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas –entidad creada para investigar la violencia durante la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 75.000 muertos– señaló como responsable de la llamada Masacre de El Mozote, el hecho más sangriento de este conflicto bélico y de toda la historia del país.
La acción, ocurrida entre el 10 y 12 de diciembre de 1981, fue perpetrada por soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño, quienes bajo el mando de Monterrosa llegaron hasta tres aldeas ubicadas en el departamento de Moraz, en el este del país, y asesinaron a casi 1.000 personas, entre ellas a 552 niños y 434 adultos, todos ellos campesinos, en una operación que tenía como finalidad terminar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar.
Durante los años sucesivos los familiares de las víctimas de la matanza exigieron el esclarecimiento de esta acción, pero todos los gobiernos salvadoreños, tanto los de los derechistas de Arena como los de los ex guerrilleros del FMLN, no tuvieron la voluntad política de investigarla en profundidad y enjuiciar a los culpables.
Es por esta razón que la orden de Bukele de borrar el nombre de Monterrosa –que fue cumplida de inmediato por efectivos del Ejército salvadoreño– tuvo un carácter simbólico muy poderoso.