Tras cuatro meses y 52 sesiones, terminó ayer el proceso judicial en el que 12 referentes sociales y políticos catalanes fueron juzgados por rebelión por haber impulsado y ejecutado un referéndum inconstitucional para declarar la independencia de Cataluña del Estado español.

La votación en territorio catalán se produjo el 1º de octubre de 2017 y estuvo signada, antes y después de su realización, por una serie de crisis políticas. Antes, las autoridades catalanas, lideradas por el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, reclamaron al gobierno español la posibilidad de convocar un referéndum que permitiera a Cataluña declarar su independencia. El Palacio de la Moncloa, encabezado en ese entonces por el Partido Popular, se negó y, cuando el Parlamento catalán aprobó una ley para llevarlo a cabo de todas maneras, recurrió a la Justicia. En un cuestionado dictamen, el Tribunal Constitucional consideró que el proceso era inconstitucional y lo prohibió, pese a lo cual los catalanes siguieron adelante. La Fiscalía española considera que, al hacerlo, cometieron el delito de rebelión, definido como una actuación con violencia contra el Estado, castigado con penas de diez a 30 años de prisión.

Después de la votación, y ante la invalidez de su resultado por la declaración de inconstitucionalidad, el gobierno catalán convocó nuevas elecciones. Las formaciones independentistas lograron la mayoría, pero la actuación judicial impulsada por la fiscalía evitó que los acusados, líderes del proceso y de esas formaciones, pudieran asumir sus bancas.

El proceso judicial que condicionó la política catalana desde ese 1º de octubre cerró ayer una etapa: terminó el juicio y ahora falta la sentencia, que se conocerá en unos meses. Los acusados hicieron uso del derecho a decir sus últimas palabras, que coincidieron en lo básico: todos defendieron su actuación, aseguraron que no pretendían cometer delitos contra el Estado y llamaron al diálogo. Sí hubo grados y tonos: “No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer. Acepto mis actos y también las consecuencias”, dijo Jordi Cuixart, líder de la organización independentista Òmnium Cultural. “Puedo haber cometido errores, pero en ningún caso he comprometido la seguridad de las personas”, fueron algunas de las palabras del ex ministro del Interior de Cataluña, Joaquim Forn.

Los llamados al diálogo con las autoridades españolas se reiteraron. Uno de ellos fue el de Junqueras: “Creo sinceramente que lo mejor para todos [...] sería devolver la cuestión al terreno de la buena política, de donde nunca debería haber salido”, dijo. “Quienes debieron entender esto no lo hicieron y se lo traspasaron a ustedes, los jueces”, agregó. Así, Junqueras se convertía en uno de los varios que utilizaban el argumento de que este era un juicio político ya que, en los hechos, no hubo violencia el 1º de octubre, excepto en casos muy puntuales. Por su parte, la Fiscalía argumentó que, aunque no haya habido violencia física, se intentó violentar la parte de la carta magna que dice: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.