“Quiero decirle al presidente Vizcarra que tiene 72 horas para declarar la nulidad de esa resolución. Me he reunido con los presidentes de base de Arequipa. Mañana voy a convocar a los alcaldes y pasado a los gobernadores regionales del sur. Este tema es serio”, advirtió el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, al presidente peruano, Martín Vizcarra. “Nadie negocia con una pistola en la cabeza”, le respondió la vicepresidenta, Mercedes Aráoz.
La razón detrás de este cruce de declaraciones tiene nombre propio: Tía María. Tal es el nombre de un proyecto minero que busca instalarse en el departamento de Arequipa, en el sur de Perú, más precisamente en la provincia de Islay, en la localidad valle del Tambo, en donde se ubica el yacimiento de cobre más grande de América del Sur. Las autoridades de cada una de esas divisiones territoriales se han pronunciado en contra de esta construcción, e incluso han ganado elecciones prometiendo que la evitarían a toda costa. Sin embargo, el gobierno de Vizcarra aprobó la última licencia necesaria para la construcción de la mina, lo que generó protestas y acciones por parte de autoridades locales, organizaciones sociales, activistas y ciudadanos de a pie.
Un conflicto con historia
Tía María y La Tapada son dos proyectos de minas de la empresa mexicana Southern Perú Copper Corporation que han sido centro de protestas cada vez que, desde 2011, reciben algún tipo de habilitación para avanzar hacia su objetivo. “Agro sí, mina no” ha sido la frase estandarte en todas las movilizaciones. Básicamente, en una zona en la que hasta los alcaldes son campesinos y donde la producción agrícola familiar es el principal motor económico para la mayoría de la población local, se teme por el impacto que el desarrollo de la minería a gran escala pueda tener en el suelo y el agua.
El primer estudio de impacto ambiental sobre Tía María fue presentado en 2009, y su realización estuvo monitoreada por la Organización de las Naciones Unidas. Fueron tantas las objeciones, que se consideró que en esos términos el proyecto no podía llevarse a cabo. En 2014 un segundo informe, en este caso supervisado por el Ministerio de Energía y Minas y con algunas mejoras por parte de la empresa, concluyó que podía avanzar.
Quienes se oponen al proyecto aseguran que ese segundo informe no tiene validez. Una de las objeciones que mencionan es la de las distancias: según la empresa, las instalaciones de Tía María estarán a 11 kilómetros del flujo de agua que nutre a toda la zona; sin embargo, los videos filmados por medios de comunicación y las imágenes satelitales que muestran el área delimitada por la empresa para sus operaciones dejan claro que esa no es la distancia real. Desde 2014 varios expertos se han pronunciado en contra del proyecto, asegurando que los términos prometidos por la empresa son inviables o no se están cumpliendo.
Minería y agricultura en el PIB peruano
El aporte de la minería es fundamental para la economía peruana. Se estima que equivale a 10% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y Arequipa es el departamento de mayor productividad en este rubro. El año pasado alcanzó un récord de 5.197 millones de dólares con la producción, entre otros, de 497.000 toneladas de cobre. En los últimos años los aportes de la minería a la economía peruana vienen cayendo, y Arequipa es casi el único departamento en donde su producción está aumentando. El gobierno asegura que con la instalación de Tía María esa producción se incrementaría en 120.000 toneladas anuales.
Se estima que en 2020 la agricultura significará 6% del PIB peruano. En 2018 en Arequipa las exportaciones de este tipo de productos ascendieron a 135 millones de dólares. La agricultura es la principal actividad económica de varios distritos de ese departamento, y en muchos casos el único sustento de familias enteras.
Tormenta en camino
Así las cosas, el gobierno aprobó la última licencia que necesitaba Tía María. El lunes algunos medios de comunicación lo anunciaron en base a fuentes que pidieron no ser identificadas, mientras que el gobierno evitó pronunciarse sobre el tema. El martes, la empresa emitió un comunicado que lo confirmaba.
Sin embargo, Vizcarra asegura que esto no significa que empiece la construcción, porque antes habrá un “diálogo social”, a la vez que sostiene que la licencia otorgada no es revocable. “Aquí lo más importante es qué dice el gobierno respecto de este proyecto: no están dadas las condiciones para comenzar”, afirmó el martes en una conferencia de prensa en la que más adelante subrayó que la licencia de construcción “no se puede anular”.
Esa aclaración llegó después de las preguntas de los periodistas sobre si estaba dispuesto a ceder ante la amenaza del gobernador de Arequipa de mantener cerrado el diálogo mientras la empresa esté habilitada para empezar la construcción.
Las negativas del gobierno a rever su decisión sólo han llevado a intensificar las protestas. En Arequipa, los alcaldes y Cáceres anunciaron la paralización de todas las actividades productivas hasta que se resuelva la situación. El último paro de este tipo en esa zona se hizo, por el mismo motivo, en 2015 y duró 54 días. 15 dirigentes de esa movilización fueron procesados por la Justicia, acusados de extorsión, asociación ilícita para delinquir y disturbios, entre otros delitos. El juicio empezaría ayer, pero las autoridades judiciales optaron por suspenderlo.
Pero las protestas no se limitan a Arequipa: varios diputados opositores presentaron la semana pasada una moción para interpelar al ministro de Energía y Minería, Francisco Ísmodes, por este tema. Esa instancia, que todavía no se fijó, puede derivar en una votación sobre la continuidad del ministro, y el gobierno no tiene mayoría en el Parlamento.