Reportaje originalmente publicado por el sitio Agência Pública. Traducido por Diajanida Hernández. Colaboraron Anna Beatriz Anjos, Ethel Rudnitzki y Julia Dolce.

“Con todo respeto al Supremo Tribunal Federal, yo pregunto: ¿hay algún evangélico entre los 11 ministros del Supremo? ¿Cristiano asumido? No me venga la prensa a decir que yo quiero mezclar la justicia con la religión. Todos nosotros tenemos una religión o no la tenemos. Y respetamos, uno tiene que respetar al otro. ¿Será que no es hora de que tengamos un ministro en el Supremo Tribunal Federal evangélico?”, dijo el presidente Jair Bolsonaro el día 31 de mayo durante un evento realizado en la congregación Madureira de la iglesia Asamblea de Dios.

La declaración, motivada por el juicio, todavía en trámite a la fecha, de la criminalización de la homofobia, fue recibida con aplausos por los presentes. En el mismo día, la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) emitió una nota pública comentando, en concordancia con la intervención de Bolsonaro: “[...] la Anajure entiende, en consonancia con el Presidente Bolsonaro, que hay un creciente y preocupante activismo judicial por parte del Supremo Tribunal Federal (STF) en los últimos años, en especial, acerca de cuestiones morales de impacto social”, dice la nota. En el documento, la asociación declara que no pretende necesariamente que un protestante venga a tornarse como uno de los miembros del órgano de cúpula del sistema judicial “a fin de influenciarlo por su condición de religioso”. Sin embargo, afirma que ansía que el STF y demás órganos de la cúpula del poder judicial “tengan jueces que respeten y se rijan por la Constitución Federal de nuestro país, profesen ellos una religión o no, eximiéndose de adherirse, sin la debida reflexión”, a lo que llama como una onda “poco democrática del activismo judicial”.

El apoyo evangélico fue decisivo para la elección de Bolsonaro. A diferencia de las elecciones anteriores, desde 1989 hubo una adhesión histórica de la base evangélica en torno de una única candidatura. Como ocurrió en países como Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Perú y México, diferentes denominaciones dejaron de lado sus diferencias para reunir fuerza política en torno al candidato, tras objetivos comunes: combatir el avance de derechos como el matrimonio entre personas del mismo sexo, impedir leyes a favor del aborto, ampliar la presencia de la enseñanza religiosa y combatir la enseñanza de la “ideología de género” en las escuelas.

En una doble vía, la inclinación de Bolsonaro –que se hizo bautizar en las aguas del río Jordán por un pastor de la Asamblea de Dios en 2016– a los grupos evangélicos, con discurso centralizado en temas morales, como la familia y Dios, se refleja también en el nuevo gobierno desde antes de las elecciones. Los liderazgos evangélicos influenciaron la escogencia del ministro de Educación, un profesor, filósofo y teólogo favorable al proyecto Escuela sin Partido, que impediría la educación sexual y discusiones políticas en las escuelas. Para encabezar el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos fue escogida Damares Alves, una pastora contraria al aborto. En su ministerio, la mayoría de los secretarios que asumieron en la cartera son evangélicos o católicos militantes, habiendo actuado en la promoción de las pautas “cristianas” o en el combate a los derechos LGBT y del aborto.

El involucramiento político de líderes evangélicos, sin embargo, no es un fenómeno único del gobierno de Bolsonaro –a pesar de ser más abiertamente actuante y central en el discurso oficial del actual gobierno–. El Frente Parlamentario Evangélico, compuesto por políticos de múltiples partidos que actúan de forma organizada en la Cámara de Diputados y en el Senado, fue creado en 2003. El número de miembros y su influencia aumentaron progresivamente desde entonces. En los últimos comicios, exceptuando la elección de 2006, esta bancada presentó un crecimiento promedio de 20%. Después de un crecimiento no muy expresivo en 2014, se registró un aumento de un poco más de 10% en los comicios de 2018. La actuación del grupo también varió a lo largo de los años, pasando de base de apoyo de los gobiernos de Lula y Dilma al voto compacto favorable en la votación del impeachment a la ex presidenta.

La Anajure, que hoy cuenta con cerca de 700 miembros, fue fundada en 2012, en la Cámara de Diputados en Brasilia, por un grupo de juristas evangélicos. Entre ellos estaba la ministra Damares Alves, que fue homenajeada en la ocasión por los “más de 20 años de actuación en favor de causas cristianas y del derecho a la vida y de la familia”. Entre los objetivos de la Anajure está el de “defender las libertades civiles fundamentales”, o de “constituirse como una entidad de auxilio y defensa administrativa y jurisdiccional de las iglesias y denominaciones evangélicas, en especial, en los casos de violación de los derechos fundamentales de libertad religiosa y de expresión”, y el de “constituirse como un foro nacional de discusión sobre el ordenamiento jurídico brasileño, sobre los proyectos de ley en trámite, sobre las propuestas de políticas públicas gubernamentales, especialmente en lo que dice respecto a los deberes y derechos humanos fundamentales”. En ese sentido, la organización ha actuado de forma incisiva en las cámaras legislativas, colaborando en proyectos de ley, ayudando a impedir votaciones, participando en audiencias en el STF –principalmente en pautas como la despenalización del aborto y la criminalización de la homofobia– y sumando aliados poderosos en el gobierno de Bolsonaro.

Aliados en el Congreso y en el Ejecutivo

En la Cámara de Diputados, la Anajure es miembro fundador especial del Frente Parlamentario Mixto de Libertad Religiosa, Refugiados y Ayuda Humanitaria (FPMLRRAH), una reformulación del Frente Parlamentario Mixto para Refugiados y Ayuda Humanitaria, fundado en 2015 por requerimiento del entonces diputado federal Leonardo Quintão. En ese momento, Quintão y el diputado Roberto de Lucena invirtieron 500.000 reales de sus asignaciones individuales en el Presupuesto de la Unión para que el frente fuera creado. Hoy el FPMLRRAH está presidido por Lucena y tiene como director ejecutivo a Uziel Santana, presidente de la Anajure. De acuerdo con su texto de presentación, el frente tiene como uno de sus objetivos “insertar a Brasil en el contexto internacional de libertad religiosa”.

En 2015, los juristas de la Anajure participaron en la creación, nuevamente con el diputado Leonardo Quintão, del Proyecto de Ley (PL) 1.219/15, que instituía el Estatuto Jurídico de la Libertad Religiosa en Brasil. El PL discurre sobre las diferentes formas de libertad religiosa que deben ser respetadas por el Estado; en el parágrafo único del artículo 7°, la propuesta dice que “la colaboración de interés público con organizaciones religiosas, realizada en la forma de la ley, no configura discriminación o privilegio”. En el artículo 27°, queda “limitado al Estado y sus poderes públicos imponer limitaciones en cuanto al ejercicio de la libertad religiosa de las comunidades indígenas, incluso bajo la justificación de mantenimiento de las tradiciones locales”. En audiencia pública al respecto del proyecto y otros anexos, representantes de la Anajure expresaron preocupación sobre la supuesta inhibición de la Fundación Nacional del Indio de la presencia misionera cristiana en comunidades indígenas.

El PL 1.219/15 terminó siendo retirado por el propio autor, pero otros tres proyectos, antes anexados, continúan en trámite. Ellos son los 6.314/05, 1.089/15 y 2.909/15. El primero pretende excluir de los crímenes de difamación e injuria “la opinión de profesor o ministro religioso en ejercicio del magisterio o de su ministerio”. El segundo dispone sobre la libertad religiosa, garantizando que “la divulgación, en la esfera pública o privada, de ideas contrarias a un determinado comportamiento social o a una creencia profesada por determinado grupo, religioso o no, hechas sin incitación a la violencia, no constituye ilícito civil ni penal”. El tercero pretende “prohibir la intervención estatal en la organización religiosa”. Los tres proyectos de ley fueron desarchivados en febrero de este año.

En junio de 2015, la Anajure emitió una nota técnica en la cual presentó fundamentos jurídicos directivos para que la Procuraduría General de la República juzgara un Alegato de Transgresión de Precepto Fundamental contra el Ministerio de Educación. De acuerdo con el documento, el abordaje de orientación sexual e identidad de género presentado en planes municipales y estaduales no corresponde a las directrices que constan en el Plan Nacional de Educación entonces aprobado por el Congreso. El parecer de la Anajure buscaba también servir como base jurídica para que diputados estaduales y concejales presentaran proyectos de ley sobre el tema.

El documento afirma también que “el propósito de insertar en los planes de educación una ideología de género es el de promover un distanciamiento de los padres en relación con los hijos”, y concluye afirmando que la inserción de la ideología de género en la educación brasileña representa “una clara violación de la dignidad humana del niño y del adolescente”.

La Anajure ha actuado también en el Senado Federal. El miércoles 5 de junio, los juristas evangélicos se articularon con la senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) y consiguieron suspender la votación del PL 672/2019, del senador Weverton (PDT-MA), que versaba sobre la criminalización de la homofobia. En una nota publicada en su página web, la asociación dice estar trabajando “junto a los parlamentarios para demostrar la importancia de resguardar la libertad religiosa y de credo”. El presidente de la asociación, Uziel Santana, ha viajado a Brasilia para coordinar con parlamentarios y sumar apoyos como el del senador Marcos Rogério (DEM/RO), actual presidente de la Comisión de Infraestructura en el Senado, y el de la senadora Simone Nassar Tebet (MDB/MS).

De cara a la reforma de la seguridad social, la asociación creó la Comisión de Derecho de Previsión de las Iglesias y sus Entidades y de los Ministros de Confesión Religiosa, “considerando los derechos e intereses de las iglesias y sus entidades y de los Ministros de Confesión Religiosa pertenecientes al segmento evangélico y que son apoyados por la Anajure”. El objetivo del grupo es la “elaboración de un estudio y una nota técnica sobre la Reforma de la Seguridad Social y sus consecuencias para las iglesias, sus entidades y sus ministros, considerando la necesidad de actualización de las normas para que se adecúen a las necesidades del fenómeno religioso”. Los documentos formulados por la comisión deberán ser entregados al Congreso “a fin de subsidiar las discusiones, por medio de parlamentarios sensibles a los temas propuestos”, dijo la asociación en una nota.

En el Ejecutivo, la asociación también ha aumentado sus lazos. En mayo, los ministros Sérgio Moro y Damares Alves participaron juntos en el 6° Congreso Internacional sobre Libertades Civiles Fundamentales de la Anajure, que hasta entonces nunca había contado con la presencia de un ministro de Estado. En la ocasión, el paquete anticrimen del ministro de Justicia –cuya propuesta de excluir de ilícitos a policías en servicio es uno de sus ítems más polémicos– recibió apoyo de la Anajure. El presidente de la asociación, Uziel Santana, le entregó una nota oficial firmada por más de 700 juristas, entre los que están los directores, coordinadores y asociados. Ya Damares Alves, una de las fundadoras de la Anajure, afirmó que su gestión “va a trabajar mucho en la defensa de todos los templos” y que “todos tienen derecho al culto y a la libertad religiosa en esa nación”. La Anajure aprovechó la ocasión para entregarle a ella el texto base del cuarto Plan Nacional de Derechos Humanos, desarrollado por una comisión escogida por la asociación a solicitud de la propia ministra. El texto, ahora, está bajo el análisis del ministerio.

En el STF, las pautas morales

En el Poder Judicial, la Anajure participa con frecuencia en audiencias públicas del STF, especialmente en aquellas que tocan temas de las llamadas “pautas morales”. En el caso del Alegato de Transgresión de Precepto Fundamental 442, propuesta por el Partido Socialismo y Libertad, que versaba sobre la despenalización del aborto, la asociación publicó una nota contraria al proyecto y direccionó su consejo, como amicus curiae [amigo de la corte], a la ministra Rosa Weber, relatora responsable. La asociación defendió que, además del crimen contra la vida, “la despenalización del aborto también afecta directamente la libertad religiosa y la laicidad brasileña”. La Anajure tiene como aliada a la organización no gubernamental Brasil sin Aborto.

Durante el juicio de la Acción Directa de Inconstitucionalidad por Omisión (ADO) 26, que discutía si había o no omisión legislativa para la criminalización de la homofobia, la Anajure hizo una sustentación oral. También en la condición de amicus curiae, la asociación hizo la defensa contraria a la acción, elevando, entre otros argumentos, “la falta de definición de las formas de homofobia y transfobia y el conflicto con la libertad religiosa”.

Academia Anajure y la formación de la cosmovisión cristiana

La cosmovisión “son los lentes a través de los cuales nuestra mente percibe toda la realidad”, definió Mauro Meister durante la entrevista concedida a Agência Pública a mediados de marzo. Meister es pastor de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, en San Pablo, y profesor de Antiguo Testamento en el Centro de Postgrado Andrew Jumper, de la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Desde hace dos años, Meister participa en la Academia Anajure, un programa de entrenamiento creado en 2017 que tiene como objetivo enseñar, a estudiantes recién graduados de Derecho, la relación entre la ley bíblica y la contemporánea.

El evento se realiza en formato de internado. En este año, 50 seleccionados participarán en el entrenamiento durante una semana del mes de julio en un campamento en el interior de San Pablo. Para la inscripción, además del currículo, una carta de motivación y la recomendación de un profesor, los interesados deben enviar una carta de recomendación escrita por un pastor, un ministro u otro líder espiritual.

Meister es miembro del consejo consultivo de la Anajure y ayuda a los juristas evangélicos a “pensar y reflexionar” sobre el trabajo jurídico con una “visión cristiana”. Los conferencistas de la academia son, en su mayoría, miembros de la Anajure. Por ahí ya pasaron pastores, profesores universitarios, teólogos y hasta incluso procuradores y jueces de los tribunales de apelación.

Valmir Nascimento, abogado y uno de los creadores de la academia, justifica la aplicación de su cosmovisión con el argumento de que, como cristiano, se es cristiano en todos los lugares y esferas. “Es muy común que una persona religiosa, hasta incluso dentro del cristianismo, crea que hay una separación entre la vida religiosa de ella y la vida pública como profesional o como estudiante. Desde una perspectiva de la cosmovisión del cristianismo, nosotros no hacemos esa separación. Nosotros vemos a la persona de manera integral, completa. En ese sentido, la persona necesita extraer de la fe que profesa en la iglesia principios para aplicar también en la esfera pública”, dice a Agência Pública.

Nascimento es autor del libro El cristiano y la universidad - Una guía para la defensa y el anuncio de la cosmovisión cristiana en el ambiente universitario. En su primer capítulo, la obra compara la universidad con un campo de batalla, pero destaca que ella no debe ser evitada por los cristianos. “Debemos prepararnos para entrar en el combate y, así como el apóstol Pablo, decimos, al término de la graduación, que combatimos el buen combate y guardamos la fe”.

Contactada varias veces por correo y por teléfono, la Anajure no respondió a los reporteros.