El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aceptó en los últimos días la renuncia de su canciller, Luis Castiglioni, y otros tres jerarcas, que dejaron sus cargos como consecuencia de la firma de un acuerdo con Brasil por la hidroeléctrica binacional Itaipú.

Las estatales brasileñas de energía de Paraguay y Brasil, la Administración Nacional de Energía (Ande) y Eletrobras, respectivamente, firman un contrato anual de potencia energética de la hidroeléctrica, que usualmente no genera polémica. Sin embargo, este año el acuerdo fue suscrito el 24 de mayo y se conoció recién la semana pasada, cuando el titular de la Ande, Pedro Ferreira, se negó a firmarlo y renunció a su cargo. Ferreira dijo que el acuerdo generaría un sobrecosto para Paraguay de unos 250 millones de dólares.

Esto se habría generado, según informaron medios paraguayos, porque Brasil exigió a Paraguay que también se estableciera en el acuerdo un cronograma para la compra de energía de la hidroeléctrica, así como una proyección del incremento de la potencia de la binacional hasta 2022. El asunto es que sólo 10% de la energía generada allí va a Paraguay; el resto se dirige a Brasil, que paga al otro país un fijo de 350 millones de dólares anuales. El incremento de la potencia media anual de 1.370 megavatios en 2019 a 1.924 en 2022 implica que ese pago fijo será a cambio de una cantidad de energía cada vez mayor, lo que generará un sobrecosto para Paraguay, que tampoco puede negociar con terceros para vender a un mejor precio, criticó Ferreira.

Una vez surgida la polémica, se supo que los técnicos se opusieron al acuerdo y Abdo optó por sustituirlos en las negociaciones con representantes de la cancillería, medida con la que dejó en claro que se trataba de un pacto político.

Todos estos aspectos generaron molestias tanto en el Senado como en Diputados, donde incluso se amenazó con iniciarle un juicio político a Benítez. La oposición lo acusó de llevar adelante las negociaciones con “secretismo” y de entregar la soberanía energética a Brasil, algo que fue negado por las autoridades, que aseguran que se tergiversó el contenido del acuerdo.