Avanza en Brasil la investigación sobre el hackeo del teléfono del ministro de Justicia, Sérgio Moro, y otras autoridades, que habría ocurrido antes de que el sitio The Intercept Brasil empezara a publicar conversaciones polémicas mantenidas por el ex juez en la red social Telegram.
Esta semana fueron detenidas varias personas y una de ellas, identificada como Walter Delgatti Neto, de 30 años, dijo a la Policía Federal que fue el responsable del ingreso ilegal al teléfono de Moro y que entregó el contenido obtenido a The Intercept. Los diálogos filtrados muestran, entre otras cosas, que Moro habría orientado la investigación de los fiscales de la operación Lava Jato, algo que como juez no debería haber hecho, y que había motivaciones políticas tanto del ahora ministro como de los fiscales.
Varios medios que accedieron a la declaración informaron que Delgatti dijo que le pidió a Manuela D'Avila, quien fue candidata a la vicepresidencia de la coalición entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista, el contacto de Glenn Greenwald, director de The Intercept Brasil. Posteriormente, entregó el material de forma anónima, sin alterarlo y sin pedir nada a cambio, tal como había declarado Greenwald anteriormente ante medios de comunicación y comisiones del Congreso. D'Avila confirmó en un comunicado que ella le pasó el contacto de Greenwald a una persona que le dijo que había “obtenido pruebas de graves actos ilícitos por parte de autoridades brasileñas”.
El de D'Avila no es el único contacto del caso con la política partidaria: el propio Delgatti está afiliado al partido Demócratas, que si bien es opositor al gobierno de Jair Bolsonaro, le ha dado apoyo parlamentario a algunos de sus proyectos. La formación definió su expulsión este jueves y aseguró que “nunca tuvo participación activa” en el partido.
La respuesta de Moro
Moro es centro de las conversaciones filtradas, pero también es ministro de Justicia y, por tanto, comandante de la Policía Federal, que es la responsable de llevar adelante la investigación sobre el hackeo a su celular. Su actuación desde ese lugar ha sido centro de críticas.
Antes de que la Policía informara sobre las detenciones y de que las vinculara a las publicaciones de The Intercept, Moro ya lo había anunciado y vinculado públicamente, cuando se suponía que la investigación estaba bajo secreto de sumario y él no podía acceder a esa información. Además, el ministro se comunicó con otras autoridades para informarles que sus teléfonos también podían haber sido hackeados, sin que mediara información oficial al respecto. Por último, prometió que todo el material obtenido mediante hackeos será eliminado, lo que obligó a la Policía a salir a desmentir a su comandante: sólo el juez de la causa puede tomar esa decisión, no el ministro, advirtió en un comunicado.
Estas actuaciones no son habituales en Brasil, donde los ministros de Justicia históricamente no han adelantado información sobre investigaciones en curso, ni siquiera durante la Lava Jato, ni intentado interferir en la actuación de la Policía y los jueces. Asimismo, contradicen las propias declaraciones de Moro, quien al ser cuestionado sobre si la Policía investigaría a Greenwald aseguró que la institución es autónoma y que él no intervendría en ese sentido.
Las declaraciones y la filtración de información no son las únicas herramientas a las que ha recurrido el ministro. La cartera que lidera comunicó ayer una nueva regla para la deportación inmediata de extranjeros: las “personas peligrosas”, entre ellas, las que “hayan participado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución. Greenwald es extranjero y no faltaron las interpretaciones de que esta medida está dirigida en su contra. Si bien el periodista no ha sido acusado de ningún delito, se desconoce si está siendo investigado y hay algunas lecturas de juristas que indican que la publicación de contenido de origen ilegal en medios de comunicación podría ser considerada una violación a la Ley de Seguridad Nacional y considerada un acto terrorista. Desde el Ministerio de Justicia se ha asegurado que esta regla es resultado de un trabajo previo a las filtraciones y que no incluye casos como el de Greenwald, que está casado con un brasileño.
Injerencia indebida
Profesores de derecho y analistas fueron los primeros en criticar la actuación de Moro, pero en los últimos días se han sumado voces más potentes. Por ejemplo, la del juez del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, quien afirmó ayer que sólo el Poder Judicial puede disponer la eliminación de los contenidos obtenidos ilegalmente de Telegram. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, manifestó su disconformidad con que Moro haya hecho públicos los nombres de las supuestas víctimas de los hackeos.
El presidente de la Orden de Abogados de Brasil (órgano colegiado de estos profesionales), Felipe Santa Cruz, aseguró a Folha de São Paulo que Moro “usa su cargo” y “aniquila la independencia de la Policía Federal”. También se pronunció el presidente del sindicato Asociación Nacional de los Delegados de la Policía Federal, Edvandir Felix de Paiva, quien dijo a BBC Brasil que las declaraciones y actuaciones de Moro son “impropias” y generan “incomodidad y extrañamiento” en quienes llevan adelante la investigación.