A pesar de la condena que generó tanto dentro de su país como a nivel internacional, generando incluso críticas dentro de su sector político, el Partido Republicano, el presidente estadounidense, Donald Trump, no sólo no se disculpó por los tuis publicados el domingo en los que invitaba a algunas legisladores demócratas “a volver a sus países” –más allá de que tres de las cuatro aludidas nacieron en Estados Unidos–, sino que redobló la apuesta con nuevos mensajes desafiantes dirigidos a las congresistas.

Durante una conferencia de prensa que brindó ayer en la Casa Blanca, Trump dijo: “Si no estás contento aquí, puedes irte”. Además, acusó a las legisladoras de “odio racista”, justamente el punto que ha generado una lluvia de críticas contra el líder republicano. En su cuenta de Twitter, el presidente escribió: “¿Cuándo se disculparán las congresistas de izquierda radical con nuestro país, el pueblo de Israel, e incluso con la oficina del presidente, por el lenguaje grosero que han usado y por las cosas terribles que han dicho? ¡Mucha gente está enojada con ellas [y] sus acciones horribles [y] asquerosas!”. Trump agregó: “Si los demócratas quieren unirse en torno al lenguaje grosero [y] el odio racista que se desprende de la boca y las acciones de estas congresistas muy impopulares [y] no representativas, será interesante ver cómo siguen las cosas”.

Los objetivos de la ira de Trump fueron Alexandria Ocasio-Cortez, estadounidense de origen puertorriqueño representante por el estado de Nueva York; Rashida Tlaib, descendiente de palestinos y nativa de Michigan; Ayanna Pressley, de Massachusetts; e Ilhan Omar, oriunda del estado de Minnesota, aunque nacida en Somalia y la primera mujer musulmana, junto a Tlaib, en ser elegida legisladora en la historia del país.

“Cuando digo que el presidente es un racista, es de esto de lo que estoy hablando”, recalcó el senador y aspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders, uno de los tantos que criticaron sin concesiones a Trump, cuyo gobierno dio ayer un paso más contra la inmigración al anunciar que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo hayan solicitado antes en un “tercer país seguro”. Esta medida es un nuevo intento de reducir el flujo de migrantes en la frontera con México, a donde llegan personas que en su enorme mayoría provienen de países de América Central, aunque dentro de esta población también hay ciudadanos de varios países africanos.

“No es apto para asilo un extranjero que entre o intente entrar a Estados Unidos por la frontera sur, si antes de eso no solicitó protección en un tercer país, fuera de sus países de ciudadanía, nacionalidad o de última residencia legal habitual que haya transitado en su camino a Estados Unidos”, señala la nueva orden publicada en el Registro Federal y que entrará en vigor hoy. La normativa fue presentada por los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que la iniciativa “ayudará a reducir un importante factor de atracción que impulsa la migración irregular a Estados Unidos”. Por su parte, el procurador general estadounidense, William Barr, dijo en una declaración pública que si bien “Estados Unidos es un país generoso”, se encuentra “completamente abrumado” por los cientos de miles de “extranjeros a lo largo de la frontera sur”. Muchos de ellos, dijo, están buscando “solicitudes de asilo sin derecho a hacerlo”.

Esta medida se dio a conocer el mismo día en que estaba previsto que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, se reuniera con su colega estadounidense en la Casa Blanca entre rumores acerca de la posibilidad de que firmara un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro para los migrantes que buscan asilo en territorio estadounidense. Sin embargo, según informaron agencias internacionales, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó la noche del domingo un amparo provisional para que Guatemala no se convierta en un tercer país seguro para migrantes.

Actualmente, Estados Unidos sólo cuenta con un acuerdo específico al respecto en el que reconoce como “tercer país seguro” a Canadá. De todas maneras, para algunos la medida impulsada por la administración republicana es inconstitucional; de hecho, la Unión Americana de Libertades Civiles ya anunció en su cuenta de Twitter que interpondrá una demanda.