El calvario de Belén Whittingslow empezó a fines de 2014 cuando decidió denunciar por acoso sexual a Cristian Kriskovich, quien era su docente de Derecho en la Universidad Católica de Asunción (UCA) y es, además, un influyente abogado con estrechos vínculos con el Poder Judicial y la Iglesia Católica en Paraguay. La denuncia de la mujer -que hoy tiene 29 años- puso punto final a meses de hostigamiento, comentarios inapropiados y propuestas indecentes por parte del profesor.

Sin embargo, abrió la puerta a una persecución judicial que todavía enfrenta y que la obligó la semana pasada a solicitar refugio político en Uruguay. El mes pasado, Whittingslow no se presentó a declarar por un caso de supuesta compra de notas por el que fue imputada y que ella vincula a la persecución que desencadenó la denuncia contra el profesor. Por no ir a declarar, la Fiscalía de Paraguay ordenó la captura de la joven y le retiró la personería jurídica del caso a sus abogados. La joven asegura que nunca le enviaron una notificación para asistir a esa audiencia.

“Yo no huí del proceso, estuve un mes en Paraguay luego de que ordenaron mi captura presentando todo tipo de denuncias: a la jueza ante el Consejo de Superintendencia y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, ante la Fiscalía General de la República, y nadie se expidió”, contó Whittingslow a la diaria. “Sumado a eso la jueza me quitó mis abogados, entonces me di cuenta de que estaba en un total estado de indefensión y que tenía que salir de Paraguay”, agregó la joven, que viajó sola a Uruguay y está a la espera de que la Comisión Nacional de Refugiados decida si le otorgará o no el estatus de refugiada política. El lunes pasado, cuando se hizo pública la noticia de que se encontraba en nuestro país, la Fiscalía emitió una orden de captura internacional.

Consultada sobre por qué eligió venir a Uruguay, Whittingslow dijo que es un país al que le tiene “mucho cariño” y que siente como “una patria hermana”, pero además porque “el Estado no está muy compenetrado con la Iglesia, cosa que sí sucede en Paraguay” y que le “jugó mucho en contra”.

El acoso que enfrentó durante meses la joven paraguaya ocurría entre las cuatro paredes de la universidad, aunque los comentarios más violentos quedaron registrados en su celular junto a otros 1.600 mensajes de Whatsapp que Whittingslow recibió por parte de su profesor hasta octubre de 2014. En la mayoría, el docente insistía en la concreción de un encuentro privado. La estudiante le pedía que sólo fueran amigos. Pero el docente tenía otras intenciones: “Ofrecerle amistad a quien pide amor es como sólo darle un beso en la mejilla a quien quiere cogerte salvajemente contra la pared”, le respondió en una ocasión, según informó el medio paraguayo El Surtidor en base a la fotocopia de los mensajes que la joven presentó como prueba ante la Fiscalía en el momento de presentar la denuncia.

La situación de acoso empeoró cuando el docente le contó a Whittingslow que su nombre aparecía en una lista de estudiantes acusados de haber pagado a sus profesores para obtener buenas calificaciones. En declaraciones a medios paraguayos, la joven afirmó que fue Kriskovich quien alteró sus notas y “pagó” su título de licenciada en Derecho sin que ella lo supiera.

Un total de 41 estudiantes fueron expulsados de la UCA por comprar calificaciones, incluida Whittingslow, quien fue la única del grupo en rechazar rotundamente la acusación. Un año después, la Fiscalía desestimó la denuncia de acoso sexual contra Kriskovich por considerar que el factor de jerarquía profesor-alumna que requiere una situación para ser definida como acoso sexual no existía porque ella ya no era su estudiante en ese momento. “La defensa de este señor es que supuestamente en el momento de la expulsión yo ya no era más su alumna, pero esa no es una razón valedera. No puede un profesor casado de la Universidad Católica hacerle a una alumna lo que me hizo a mí”, cuestionó Whittingslow.

Lejos de considerar que el docente cometió un delito, el fiscal a cargo del caso, Fabián Centurión, argumentó que los hechos denunciados eran apenas gestos de “cortejo” y “galanteo inocente”. Como dato significativo aparece que Centurión decidió no hacer un peritaje del celular del profesor, pese a que el hombre admitió haberle escrito a la joven y que la prueba principal del acoso eran justamente los mensajes de Whatsapp. El día después de que esta denuncia quedó anulada, Whittingslow fue imputada por el caso de la compra de notas. Los demás acusados habían sido imputados un año antes. Más adelante, Kriskovich denunció a Whittingslow por “daños a la imagen” y le exigió una indemnización de 450.000 dólares.

La joven paraguaya asegura que esa denuncia “intentó cagarle la vida”. En primer lugar, afectó su carrera profesional ya que después de la expulsión y de la denuncia de acoso -que se volvió mediática- todas las solicitudes para ingresar en universidades de Asunción fueron rechazadas. Tuvo que dar los últimos exámenes que le quedaban en una universidad del interior, donde finalmente se recibió de abogada. “Tuve que salir de mi país, tengo que estar enfrentando un proceso judicial, me demandó por 450.000 dólares. Está claro que el tipo y el Poder Judicial lo que quieren hacer es amedrentarme como para que ninguna otra chica pase por lo mismo. Porque a mí me trancó el futuro por un tiempo, pero ahora ya están jugando con mis derechos humanos”, resumió Whittingslow. Y agregó: “Yo tengo que estar defendiéndome sólo por haberme atrevido a denunciar a este señor, porque está claro que por un cambio de notas una persona no tiene una orden de captura internacional en su contra”.

Juegos de poder

Mientras Whittinsglow sigue enfrentando las consecuencias de la denuncia de acoso sexual, Kriskovich conserva su posición de prestigio y poder. Para la joven abogada, esto se debe al lugar que ocupa en la UCA, que lo convierte en “intocable”. El profesor representa a la Universidad Católica en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados -órgano encargado de enjuiciar y remover a los jueces y fiscales paraguayos- y en el Consejo de la Magistratura -que tiene como principal tarea la elección de los candidatos a la Corte Suprema-. “La verdad es que es intocable porque ¿qué juez va a ir en contra de lo que resolvió el fiscal [Centurión] si su cargo depende de él?”, cuestionó la mujer. “Si hubiera sido un profesor ‘normal’, la Universidad Católica lo hubiera sacado hace tiempo pero no les conviene porque la iglesia pierde ese cupo de poder que tiene ahí hace 50 años”, agregó.

La relación con la Iglesia es tan fuerte que el propio arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, intentó silenciar a Whittinsglow para proteger al docente. “Valenzuela me preguntó directamente, en una reunión privada, qué quería para frenar el tema”, explicó la mujer.

Cinco años después de que presentó la denuncia, Wittinsglow cree que la situación de acoso sexual a estudiantes en la UCA sigue siendo la misma. De hecho, contó que varias estudiantes de la universidad se le acercaron en los últimos años para contarle que también habían sido acosadas por Kriskovich pero que ninguna se anima a denunciar. “¿Y yo, con todo lo que pasé, qué les puedo decir?”, reconoció la joven. “Nadie puede creer la impunidad de este señor. Hubo manifestaciones callejeras de grupos feministas en su contra, el Senado le pidió la renuncia y también la Secretaría de la Mujer, pero el tipo sigue ahí. Ahí te das cuenta el poder que tiene”, criticó.

¿Cuál es el plan a futuro? “Lo ideal es que yo pueda volver a mi país recién cuando tenga las garantías constitucionales, es decir, cuando pueda contar con mis abogados y anulen esa orden de captura que no tiene sentido ya que yo no fui notificada de nada”.

Wittinsglow asegura que va “a seguir luchando hasta el final con tal de sanear un poco el Poder Judicial y que no nos sigan tomando a las mujeres como estúpidas”. Porque, a su entender, el objetivo de la persecución que hoy enfrenta es “hacer mierda a Belén para que ninguna otra se anime a denunciar”.

Esta nota fue realizada en colaboración con El Surtidor