El agricultor paraguayo Rubén Portillo murió el 6 de enero de 2011, luego de sufrir una enfermedad causada por el uso masivo de agroquímicos en la zona que habitaba. Su caso, y el de familiares suyos, oriundos del departamento de Canindeyú, fue tratado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que emitió un dictamen al respecto. En ese pronunciamiento, el comité insta al Estado paraguayo a sancionar a todos los responsables, reparar integralmente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.

La organización Base IS fue la querellante en este caso, junto con la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, según informó el diario asunceño Última Hora.

El abogado Abel Areco explicó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU también llamó al Estado paraguayo a hacer una investigación efectiva y exhaustiva sobre las fumigaciones con agroquímicos que causaron la intoxicación de esas personas, entre ellas niños, así como la contaminación del agua, del suelo y de cultivos. Los afectados hicieron la denuncia contra el Estado por la inacción y la falta de vigilancia en el uso de los agroquímicos en grandes plantaciones, sobre todo sojales. El caso fue presentado al Comité en 2013.

El organismo internacional consideró que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región han tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de subsistencia”.

Además, según informó El País de Madrid, el dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales”, y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”.

Según trascendió, esta entidad de la ONU le dio a Paraguay un plazo de 180 días para cumplir la sentencia. En ese sentido, el abogado Areco indicó que no hay una fuerza coercitiva que obligue al Estado a hacer su parte, pero como en 1995 Paraguay firmó pactos internacionales al respecto, debería obrar según lo establecido.

El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados, particularmente la soja, tiene consecuencias mortales en América del Sur, específicamente en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, donde se cultivan millones de hectáreas de tierra con soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, las poblaciones rurales usualmente viven en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios públicos y asediadas por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.