La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó este viernes su visita a Chile y presentó sus primeras conclusiones y recomendaciones, que se verán reflejadas en un informe que se publicará en los próximos meses.
La presidenta de la comitiva, la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, comenzó la exposición pidiendo un minuto de silencio para las víctimas, después de consignar que “Chile vive una grave crisis en derechos humanos”.
“El uso excesivo de la fuerza no es una forma para atender” los “reclamos, protestas y clamor ciudadano por una vida digna y por la igualdad de todos”, agregó. Además, señaló que “no es aceptable la criminalizacion” de las protestas ni “la reducción de los espacios cívicos para la manifestación”, tal como sucedió en Santiago. El intendente de la capital, Felipe Guevara, fue suspendido por el Parlamento a comienzos de diciembre por su responsabilidad en la represión policial y, en particular, por intentar limitar los espacios en los que estaban permitidas las movilizaciones.
El relator para Chile de la CIDH, Joel Hernández, enumeró en la conferencia de este viernes las denuncias que recibió la comisión sobre los excesos cometidos durante la represión de las protestas desde el estallido social de octubre: “Las protestas registraron en varios casos abusos, detenciones y uso desproporcionado de la fuerza” cometidos en el marco de una “falta de alineamiento con los estándares internacionales en la gestión de las protestas”. En este sentido, “la CIDH recuerda al Estado que las intervenciones para disolver estas concentraciones deben ser en casos excepcionales, mediante una orden expresas de los mandos jerárquicos y fundamentada en un riesgo grave para la vida o integridad de las personas y agentes de seguridad”. La protesta “es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica” y solo puede ser reprimida cuando se den esas condiciones y “no sean posibles otras medidas”.
Además de la represión policial, la CIDH rechazó la creación de nuevas leyes que “podrían criminalizar el derecho de reunión” y convertir “en actos criminales conductas que en sí mismas no afectan la libertad y la seguridad de las personas” (ver recuadro).
Por último, los comisionados destacaron la institucionalidad de Chile y su apertura a recibir la visita del organismo, y llamaron a fortalecer a aquellos organismos que están sobrepasados por la atención de los abusos desde el estallido social. Aseguraron que la investigación de las denuncias y la justicia cuando corresponda serán la única forma de revertir la situación actual, y la atención a los reclamos sociales “el único camino legítimo para que Chile salga de la crisis”.
Las primeras recomendaciones de la CIDH para el Estado de Chile son el “cese a la violencia y el apego a los estándares internacionales”, la “reforma de Carabineros con apego a los derechos humanos” y el “asegurar que las fuerzas de seguridad tengan como prioridad la defensa de la vida en las protestas y se abstengan de vulneraciones” a los derechos humanos.
Ya rige la ley antisaqueos, criticada por la ONU
Una de las actividades popularizadas en las manifestaciones de Chile fue la denominada "el que baila, pasa": cortan la calle y le piden a los conductores de los vehículos que bailen unos segundos con ellos para poder atravesar el piquete.
Esta es una de las modalidades de protesta que son, a partir del jueves, penalizadas por la norma conocida como "ley antisaqueos".
Fue en noviembre que el presidente Sebastián Piñera envió al Congreso un paquete de medidas para aumentar el control del orden público, entre ellas esta norma, que criminaliza el uso de capuchas, las barricadas en las calles, el lanzamiento de objetos contundentes, la destrucción de propiedad pública o privada y los saqueos. La ley establece penas de entre 61 y 541 días de prisión para quienes corten el tránsito "mediante violencia o intimidación" y de tres años para quienes lancen objetos contundentes. Si estos delitos se cometen "con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público", las penas aumentan.
El relator especial de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Clement Nyaletsossi Voule, rechazó la norma a través de una carta enviada al gobierno a la que tuvo acceso la radio Bio Bio. Manifiesta que la norma "parece estar fallando en distinguir entre interrumpir la libre circulación mediante violencia, y la simple interrupción (...) durante las manifestaciones". "Instalar obstáculos o interponer vehículos en la vía pública en el contexto de las manifestaciones es un fenómeno común que no debe ser criminalizado", agrega el documento. Normas de este tipo, concluye, dejan un amplio margen de interpretación legal y atentan contra "la expresión legítima del derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica", en particular "tomando en cuenta el contexto local que ha caracterizado el país desde el octubre pasado (...) por el uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes".