Un drástico retroceso de la supervisión ambiental fue propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump. Su gobierno planteó la adopción de una serie de medidas tendientes a acelerar el desarrollo de una amplia gama de proyectos comerciales al reducir la vigilancia federal acerca de su impacto medioambiental.
“Queremos construir nuevos puentes, túneles, carreteras más grandes, mejores, más rápidas, y queremos construirlos a un costo menor”, tuiteó el mandatario horas después de anunciar su propuesta, que en caso de ser finalmente aprobada, limitará en buena medida el alcance de la Ley de Política Nacional Ambiental, firmada por el presidente republicano Richard Nixon en 1970. Aquella, según recordó la agencia Asociated Press, fue una de las primeras leyes ambientales fundamentales desde esa época, junto con la Ley de Aire Limpio y la Ley del Agua.
Esa Ley de Política Nacional Ambiental requería que las agencias federales consideraran antes de la realización de un proyecto si este podría ser nocivo para la calidad del aire, la tierra, el agua, o si afectaría la vida silvestre. Esta normativa también le daba a la población, particularmente a la que habitaba en el lugar donde se iba a realizar la obra, el derecho a revisar y hacer aportes sobre el proyecto.
Pero Trump no está de acuerdo con estas reglas, y así fue que el jueves, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca y en el medio de la escalada de violencia que su país está teniendo con Irán, dijo rodeado de secretarios de su gabinete y empresarios industriales que “Estados Unidos no puede competir y prosperar si un sistema burocrático nos impide construir lo que necesitamos”. El gobernante agregó que “los proyectos de infraestructura más importantes de Estados Unidos quedaron estancados por un proceso de aprobación federal escandalosamente lento y oneroso”, y dijo que ante esa situación “los constructores no están contentos y nadie está feliz”. Entre los planes que Trump tiene en mente se encuentran gasoductos, oleoductos y plantas de energía.
El gobierno no tiene el poder de cambiar la ley ambiental aprobada en el Congreso, pero, como lo hizo anteriormente para la denominada Ley de Especies en Peligro, puede cambiar las reglas de cómo se aplica, y fueron estos cambios propuestos los que se anunciaron. Las iniciativas de Trump, que están sujetas a un período de revisión de 60 días para comentarios públicos antes de entrar en vigor en una fecha posterior, elevarían el umbral para definir qué tipos de proyectos requieren una evaluación de impacto ambiental.