Auditorías: el gobierno avanzará con investigaciones administrativas y enviará a la Justicia “lo que corresponda”

En el marco del tercer Consejo de Ministros que realizó el gobierno de Luis Lacalle Pou, se difundieron los primeros informes de auditorías realizadas sobre el uso de los recursos públicos en 2018 y 2019. Los documentos corresponden a los informes elaborados por la Auditoría Interna de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y otros serán revelados en los próximos días.

De acuerdo con el comunicado, “los documentos demuestran que hubo desidia, falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos”. En el texto se señala que entre los principales hallazgos está “el uso de recursos públicos en contravención a la normativa vigente” o de forma “ineficiente e ineficaz”, así como “negligencia”. “También quedaron al descubierto sistemas de controles débiles e inmaduros, que determinaron ineficiencias administrativas y de gestión en general”, se añade.

Estos informes “son el comienzo de un proceso de investigación” en cada organismo, se agrega en el comunicado, y se señala que otros organismos del Estado “ya están trabajando en auditorías independientes”, como es el caso de Antel y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Terminada la reunión del gabinete, la titular del MEF, Azucena Arbeleche, informó que están en curso auditorías en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Antel, la Administración Nacional de Educación Púbica y el Mides, y que se van a hacer también en Gas Sayago y la Corporación Vial del Uruguay.

Arbeleche se limitó a repetir los adjetivos expresados en el comunicado y agregó que el presidente pidió a los ministros que avancen en investigaciones administrativas para “dar un paso más en este proceso”. “El Poder Ejecutivo a partir de hoy avanza con investigaciones administrativas en cada una de estas actuaciones. De acuerdo a los elementos que surjan, se enviará a la Justicia lo que corresponda”, señaló la ministra. También dijo que “una cosa es el canal de la Justicia [...] y otra cosa es el canal administrativo”, porque puede haber “faltas administrativas graves” que no impliquen delito.

Consultada sobre si el gobierno tiene una estimación de qué dinero se habría perdido por el “mal manejo de los fondos”, Arbeleche no dio una cifra. En cambio, dijo que “muchas veces es difícil cuantificar” y que “no se trata únicamente de sumar los costos de estos descuidos”, sino “de [señalar] un abordaje irresponsable e ineficiente”. Por último, la prensa le pidió que diera ejemplos concretos del mal uso de los fondos, pero se limitó a invitar a “que cada ciudadano que quiera revisar las auditorías mire los ejemplos concretos”.

Extremo y más extremo

Uno de los informes pone el foco en la Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado, que funciona en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud el Estado, y abarca el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 31 de enero de 2020.

Los diversos hallazgos de cada auditoría son marcados con cuatro colores según lo ameriten, en función de la comparación de la situación actual con la de hace dos años, mediante el análisis del efecto de los cambios en distintas normativas. Con el rojo más fuerte, que implica un nivel de criticidad “extremo” (“el efecto de las debilidades detectadas es muy significativo”) se consigna que “se otorgan apoyos científicos y técnicos (especialmente auditivos y oftalmológicos) a personas que no son víctimas directas del terrorismo y la actuación ilegítima del Estado”. Además, “no se encontraron evidencias” de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) “haya intervenido, limitando el alcance de dichas prestaciones a los sujetos amparados en la normativa”.

Por este tema, este lunes la asociación de ex presos y presas políticas (Crysol) cuestionó las declaraciones que hizo la semana pasada la diputada colorada Nibia Reisch cuando anunció que emitió un pedido de informes sobre las prestaciones que reciben las víctimas de la dictadura, en el marco de la Ley 18.033. Mediante un comunicado difundido este lunes, la asociación señala que sus dichos “dejan entrever” un “desconocimiento total” acerca de la pensión especial reparatoria, que fue aprobada por mayoría, incluso con los votos “de su propio partido”. “No es una recompensa ni un premio que se otorga a un grupo de ciudadanos por afinidad política. Obedece a la existencia de leyes internacionales, vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que consagran la existencia de normas destinadas a proteger a todas las personas frente a los abusos de los funcionarios del Estado”, se apunta.

Otro informe que tiene hallazgos catalogados como “extremos” es el de la Dirección Nacional de Migración, que depende del Ministerio del Interior, y tuvo como foco los controles realizados en las Áreas de Control Integrado (ACI). Por ejemplo, se señala que en la ACI Quaraí-Artigas “no es posible realizar un control migratorio íntegro y eficiente”, en virtud de varias “debilidades”. Por ejemplo: “Dadas las características del cruce de frontera, solamente realizan el control migratorio a aquellas personas que voluntariamente se presentan a efectuarlo”.

Según el informe, esto puede traer como posible efecto que “ingresen al país personas con documentación falsa, alterada o indocumentada”, permitir “el egreso a personas que tienen prohibido la misma”, y también “tráfico de personas” e “ingreso/egreso de personas sin control”. El informe de esa oficina está fechado el 6 de febrero de este año, cuando todavía no había asumido el actual gobierno.

Una de las primeras reacciones fue la del senador del Frente Amplio Mario Bergara. En su cuenta de Twitter, escribió: “Una vez más, gran cortina de humo”, consideró.

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