El PIT-CNT se hizo de dos aliados fundamentales en su cruzada para intentar derogar mediante un referéndum la ley de urgente consideración (LUC) o algunos de sus artículos, luego de que la Intersocial y el Frente Amplio (FA) resolvieran este sábado, en sus respectivos plenarios, apoyar la iniciativa propuesta por la central sindical. Sin embargo, la resolución del partido de la oposición no consiguió la unanimidad de los sectores y dejó pendientes algunas cuestiones de forma, como, por ejemplo, si pretende impugnar toda la ley o algunos artículos, y qué modalidad propone adoptar para la recolección de firmas, un tema que divide las aguas en la interna frenteamplista y que se resolverá en una reunión de la Mesa Política el viernes 23.

La Ley 17.244, que habilita el recurso de referéndum contra las leyes, establece dos caminos o vías para implementar este instrumento. El “camino largo” requiere la recolección de 25% de adhesiones del total de habilitados para votar durante el año siguiente a la promulgación de la ley: es decir, unas 700.000 firmas antes del 9 de julio de 2021, mientras que el “camino corto” consiste en juntar las adhesiones de 2% del padrón electoral en los 150 días posteriores a la promulgación de la ley. Si se alcanza ese número, la Corte Electoral debe convocar a la ciudadanía a expresar su adhesión al referéndum durante una jornada, en circuitos de votación dispuestos en todo el país. Si en esa instancia se obtiene 25% de las adhesiones, se convocará a un referéndum sobre la ley impugnada.

En su resolución divulgada el sábado, la Intersocial anunció que eligió tomar la vía larga, al igual que ya lo manifestó la central de trabajadores, pero esta modalidad no convence en algunos sectores del FA, como la Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay y Marea Frenteamplista, e incluso en el Movimiento de Participación Popular (MPP), en el que hay distintas posiciones. Alguno de estos sectores son también los que en el Plenario expresaron sus reparos sobre la conveniencia de iniciar el proceso de referéndum contra la Ley 19.889 en estas circunstancias.

En diálogo con la diaria, el vicepresidente del FA y diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía explicó que “la diferencia” existente entre los sectores está en que “algunos pensamos que la agenda de la derecha le tiene a la sociedad uruguaya novedades más complicadas aún, que pueden ser, por ejemplo, la ley de medios, la desmonopolización de ANCAP o la pérdida de más derechos de los sectores sociales o el movimiento obrero”. “Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en la elección de las herramientas para enfrentar el modelo conservador”, consideró el legislador. En ese sentido, sostuvo que “de optarse, como se preveía, [por] el camino hacia el referéndum, parece muy importante determinar el camino más efectivo”, que, en la opinión de su sector, “pasa por la llamada vía corta, porque permite rápidamente alcanzar los objetivos”.

En la misma línea, el diputado Gustavo Olmos (Marea Frenteamplista) manifestó que su sector “tenía la opinión de que no era lo mejor” apoyar el referéndum, “pero una vez que el FA decide” no tiene “la menor vocación de independencia”. “Hemos defendido ir por el camino corto, pero nos limitaremos a lo que el Frente resuelva el viernes y a lo que se coordine con las organizaciones sociales. Será el FA el que decida por qué opción opta y el que negocie como tal, no va a ser una cosa de sectores”, explicó Olmos a la diaria, y consideró que “no tendría sentido que unos sectores del FA vayan a discutir con la Intersocial” qué procedimiento seguir.

Si bien la Vertiente Artiguista también es partidaria de ir por la vía corta, el senador José Bayardi dijo a la diaria que no hay una postura del sector contraria al referéndum propiamente dicho. “En el Plenario se discutió sobre los contenidos, la oportunidad y las vías para llevar adelante el referéndum. No se terminó votando el apoyo al referéndum”, indicó. El tercer punto de la moción aprobada fue el que generó diferencias, afirmó Bayardi, porque es el que “define integrarse a la movilización desde ya”. La moción propuesta por los sectores discordantes planteaba “tomar contacto con la Intersocial para intercambiar, porque había cosas que faltaba definir: cuáles iban a ser los contenidos que se iban a impugnar de la LUC y las vías”, explicó Bayardi.

“En el caso de la Vertiente entendíamos que había que definir los contenidos primero y que había que ir por la vía corta, porque partimos de la base de que va a haber otros proyectos u ofensivas llevadas adelante por el gobierno”, continuó el ex ministro de Defensa. De esa forma, la fuerza política quedaría “con las manos libres para emprender otras batallas que podrían plantearse en el correr del año que viene”. El senador insistió en que “en ningún momento hubo una moción de rechazo al referéndum”, sino que “hubo observaciones respecto a oportunidad, contenidos y vías”.

El diputado del MPP, Alejandro Sánchez, había dicho a la diaria que el llamado “camino corto” permite “tener tres mojones claros que van incrementando la capacidad militante y organizativa, que permite hacer que la hoja de ruta sea más clara”. Sin embargo, el sector todavía no tiene una posición definitiva sobre qué camino seguir. La senadora Sandra Lazo sostuvo que “la decisión final” se va a tomar en la instancia del viernes y que si bien, “en principio”, comparte la observación de Sánchez, también considera “muy válidas las fundamentaciones que están exponiendo las organizaciones” para ir por el camino largo. “Por suerte, la política es algo dinámico y nos da esa posibilidad”, reflexionó.

Otros sectores como el Partido Comunista del Uruguay o el Partido Socialista (PS) son más afines a la recolección a largo plazo de 25% de las firmas. “Nos parece un camino interesante, que permite informar a la sociedad sobre el tema, tener más tiempo y llegar con más discusión. Esto implica una tarea importante de información y difusión”, dijo a la diaria el secretario general del PS, el diputado Gonzalo Civila.

Afinar la puntería

Las organizaciones que componen la Intersocial realizarán un Plenario Nacional el 7 de noviembre “convocando a todas las organizaciones sociales que estén a favor de iniciar el camino de interposición” en el que se decidirá si se irá contra toda la ley o contra algunos de los artículos. Al respecto, los legisladores consultados coincidieron en que es preferible apuntar a derogar artículos y no la ley íntegra: para Olmos, es “inviable” ir contra toda la ley “entre otras cosas, porque la mitad de los artículos el FA los votó, por lo cual es muy difícil defender que hay que derogarlos, y porque hay otros que no tienen trascendencia como para ser objeto de referéndum”. En su opinión, “un punto que puede generar consenso” tiene que ver “con las limitaciones al derecho de huelga, combinados con el tema de los piquetes”. “Eso genera una ‘tenaza’ a la protesta social fuerte, y ahí hay un punto donde puede haber sensibilidad social y opinión pública a favor”, consideró.

Por su parte, Bayardi señaló que aunque su sector todavía no definió cuáles considera los artículos “pasibles de impugnarse”, mencionó algunos ejes como “las modificaciones en la enseñanza respecto de la no participación docente en los consejos de la educación; temas que tienen que ver con la afectación de la inclusión financiera; las transacciones habilitadas por montos mayores a los que estaban autorizados y sin que pasen por el sistema financiero; la extensión de la cárcel para menores o la legítima defensa”. “De los temas que se plantearon en la votación en forma negativa, es donde hay que buscar los puntos de encuentro con las otras organizaciones sociales”, expresó.