La delegación del Ministerio del Interior que el martes compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes planteó su preocupación por la cantidad de funcionarios que se amparan en el Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial.

Al explicar las razones por las que se dispuso en el artículo 134 de la ley de Presupuesto, que limita este subsidio a un año, Larrañaga señaló que a cifras cerradas en agosto, la cartera pierde el 15% de su fuerza laboral, por las bajas de los policías con certificación médica y aquellos amparados en dicho subsidio.

El ministro calificó el uso que se da al subsidio como “un desquicio absoluto”, que genera situaciones “inadmisibles” a la interna de la Policía. “Hay gente que desde hace siete, ocho o nueve años ha estado navegando en este subsidio, realizando tareas sustitutivas, ganando changas afuera, y paseándose al lado de efectivos que trabajan y arriesgan el cuero”, afirmó el ministro.

Larrañaga planteó la necesidad que tiene el Ministerio de avanzar en efectivos dedicados a la prevención y represión del delito y señaló que, además del 15% certificado o con subsidio, hay un 14% de los funcionarios que realizan tareas de apoyo.

La modificación planteada en el presupuesto dispone que los funcionarios impedidos de ejercer una tarea ejecutiva, realicen tareas de apoyo compatibles con su estado de salud y, en el caso de que venza el plazo del subsidio y no puedan realizar tareas, accedan a una pasividad.

Según informaron las autoridades del Ministerio, hay 600 policías amparados en el subsidio, que cobran un 65% del salario durante tres años. Al financiarse con el mismo rubro destinado a remuneraciones, no se genera el espacio suficiente para cubrir las vacantes.

Por otra parte, el ministro marcó la necesidad de nuevos móviles policiales, principalmente considerando la necesidad de estar presente en el territorio. Larrañaga detalló que aproximadamente un 40% de la flota policial tiene inconvenientes y que en algunos departamentos la cifra alcanza el 50%, que son difíciles de reparar.

Uno de los puntos cuestionados por la oposición durante la comparecencia del ministro fue la implementación del ingreso de unos 1.000 policías retirados para realizar funciones en seccionales y el retiro de los becarios universitarios que ejercían esa tarea.

Sobre ese punto, el Ministerio presentó un sustitutivo para simplificar las franjas de remuneración, basados en una iniciativa similar planteada en la Ley de Policía Ciudadana (N° 16.814) y su decreto reglamentario N°120/97, que impide que los funcionarios retirados que se incorporen a las tareas puedan hacer servicio 222.

En esa línea, Larrañaga sostuvo que la cartera busca que las seccionales policiales sean “unidades operacionales con componente policial de prevención, disuasión y represión del delito, y no solamente de toma de denuncias”. Según dijo, en ese marco es “riesgoso” mantener a los becarios.

“En las unidades pequeñas de reacción policial, como una seccional, la presencia del becario puede terminar siendo un peligro; su presencia puede ser absolutamente peligrosa debido al riesgo que significa y por todo lo que representa un enclave territorial con pocos efectivos”, expresó el ministro.

Larrañaga dijo que se recurre a la figura del retirado policial porque “son funcionarios que cuentan con experiencia, que retoman su estado policial”, y detalló que serán distribuidos en tres turnos de trabajo. En total serán unos 17 por turno para cada Jefatura. Los policías retirados que trabajarán en seccionales cobrarán un 60% del salario, que será de unos 24.000 pesos nominales para agentes y 34.000 nominales para oficiales.

De todas formas, el ministro aseguró que se respetará el término de los 200 contratos firmados con los becarios que aún trabajan en las seccionales, y advirtió que aún no hay una posición definitiva sobre su retiro. “Necesitamos policías en el marco del combate contra el delito. Esa es una definición que nos parece sumamente importante”, agregó.

La Contaduría General de la Nación y la venta de inmuebles

Entre los mecanismos para conseguir recursos para la cartera, que entre otras cosas serán destinados a la construcción de cuatro nuevas cárceles, el Ministerio planteó ser exceptuado del artículo 64 de la Ley de Presupuesto. Ese artículo crea un programa centralizado de enajenación de bienes inmuebles públicos prescindibles, cuya recaudación será destinada hasta 75% para el programa Mejoramiento de Barrios y el 25% queda para el inciso que tenía el inmueble. Con la excepción acordada con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio del Interior podrá disponer del total de lo recaudado en la venta de sus inmuebles.

También se presentó una redacción sustitutiva del artículo 190, que plantea que los recursos liberados en la reestructura organizativa del Ministerio del Interior podrán utilizarse para la contratación de hasta 2.000 funcionarios, 750 efectivos de la Guardia Republicana, 750 policías ejecutivos y 500 agentes para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Al artículo original se le agregó un numeral que plantea que en el caso que los recursos generados por la reestructura no alcancen, la Contaduría General de la Nación asignará los créditos presupuestales necesarios.