Chile celebrará en una semana, el domingo 25, un plebiscito que puede abrir el camino hacia una nueva constitución que reemplace a la que dejó la dictadura de Augusto Pinochet. Esta consulta popular fue una de las consecuencias de las movilizaciones que comenzaron el 18 de octubre de 2019. El estallido comenzó con un aumento del precio del boleto de metro de 800 a 830 pesos, pero pronto la consigna más emblemática aclaraba que el cambio que exigían los manifestantes era más profundo: “No son 30 pesos, son 30 años”.

Mañana, para recordar el inicio de aquellas protestas, que con interrupciones y altibajos han continuado hasta ahora, los chilenos volverán a manifestarse. Se prevé que mañana una multitud se reúna en la plaza Italia de Santiago.

El aniversario llega en un momento en que también está prevista una reforma del cuerpo de Carabineros, la policía militarizada que acumula denuncias de abusos contra la población que participó en las movilizaciones, en las que murieron 30 personas y hubo miles de heridos. En setiembre Carabineros fue noticia una vez más, en este caso por empujar desde un puente a un adolescente que participaba en una protesta. Los demás policías que estaban allí no se apuraron a ayudarlo.

Desde el 18 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020 se presentaron ante la Justicia 2.520 denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas estatales durante las movilizaciones que mañana cumplen un año, 2.340 de ellas contra Carabineros. Pero hasta ahora sólo 72 personas fueron imputadas. Estos datos surgen de un informe que presentó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, y que publicó el medio digital El Mostrador. “En Chile ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos desde el regreso a la democracia”, dijo Micco, y “el Estado chileno ha hecho cosas [al respecto] pero son dolorosamente insuficientes”, agregó.

Según su informe, de esas denuncias judiciales 986 corresponden a Santiago y su área metropolitana. La mayoría, 1.730, refiere a apremios ilegítimos, 450 a tortura y 101 a violencia innecesaria. Las víctimas son en total 3.023. Aunque no están disponibles los datos de todas ellas, 1.810 son hombres, 621 mujeres y casi 470 son niños, niñas y adolescentes.

El ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Enrique Paris, pidió ayer a los manifestantes que el domingo mantengan los cuidados para evitar el contagio de coronavirus y que se expresen “en calma, sin violencia, sin destruir”.

Debido a la pandemia, el avance de las investigaciones judiciales se ha enlentecido todavía más, denunció días atrás Amnistía Internacional, que llamó a investigar a los altos mandos de Carabineros por “permitir”. La directora para América de esa organización, Erika Guevara, dijo que “históricamente las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros se investigan poco” y que la “impunidad imperante” así como el apoyo del gobierno a esa Policía militarizada, “alentó la repetición de violaciones” a los derechos de la población.